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    Detenciones arbitrarias, torturas que buscan la firma de confesiones falsas y procesos judiciales con magras defensas causan tanto daño en México como las dilaciones del poder judicial para atender estos asuntos complejos. Sputnik presenta el caso de un joven quien, a pesar de haber probado ser víctima de todo lo antedicho, sigue en la cárcel.

    El 2 de marzo de 2018, hace casi tres años, Rafael Méndez Valenzuela cumplió en prisión una pena de diez años por un delito que no cometió. Sin embargo, debido al entrampado proceso legal que rodea su caso, continúa preso.

    Este 10 de diciembre de 2020, al conmemorarse el Día Internacional de los derechos humanos, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero refirió a su caso en la conferencia mañanera que cada día ofrece el titular del Ejecutivo mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

    "Hacemos un llamado al Poder Judicial a resolver no sólo este caso, sino todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de Justicia esté trayendo como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad personal", dijo Sánchez Cordero.

    Sin embargo, la familia del joven comentó a Sputnik que "esperaba otra cosa, que hubiera una respuesta más favorable si las pruebas para liberarlo están sobre la mesa".

    El caso Valenzuela

    Rafael fue detenido en 2008 cuando tenía 20 años en Valle de Bravo, una localidad en el Estado de México, posteriormente acusado de delincuencia organizada y tenencia de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y condenado en el año 2013 a cumplir una pena de cárcel de 17 años. Tras diversos recursos legales interpuestos, la condena quedó fijada en diez años a partir del día de su detención. Esa sentencia se cumplió en 2018.

    "Hay estudios practicados en dónde se ratifica que hubo tortura durante su detención para incriminarlo. Mi hijo lo denunció desde el año 2008 pero pasaron ocho años para que su caso llegara a la Suprema Corte de Justicia, que ordenó la investigación de la tortura", dijo a Sputnik Judith Valenzuela, madre de Rafael.

    Al hacer eso, la Suprema Corte mandató la reposición del procedimiento judicial por el que había sido condenado, haciendo que Rafael quedara en un "limbo" judicial porque la sentencia que ya había cumplido fue anulada, aunque siguió detenido en carácter de "procesado" porque en uno de los procesos se decide que se debe reponer el procedimiento. Con eso como argumento, se le ha negado su liberación: que formalmente su sentencia fue anulada.

    "La posición formalista del derecho contrasta con una visión garantista que ponga por delante argumentos más dúctiles para favorecer los derechos de las personas, como lo establece el artículo 1 constitucional, que otorga al derecho la oportunidad de practicar la Justicia y no meros formalismos", apuntó la Secretaria Sánchez Cordero para expresar una crítica a la situación que mantiene al joven injustamente recluido.

    Sánchez refrendó el hecho que Rafael ya ha pasado más tiempo en prisión del que había mandatado su sentencia, y que sólo debido a la anulación de la misma al reponerse el procedimiento, se lo mantiene encarcelado.

    Incluso, de reiterarse la condena, no podría dársele una pena mayor a la ya sentenciada, por lo que no hay más resolución de este caso que su liberación.

    Arbitrariedad y tortura antinarco

    Hasta el momento, se le han practicado a Rafael cuatro análisis según el Protocolo de Estambul —un manual para investigar la comisión de tortura contra una persona, establecido por las Naciones Unidas— dos realizados de manera independiente y otros dos realizados por instituciones oficiales: uno por el Consejo de la Judicatura Federal y el otro, por la Fiscalía especial para la investigación del delito de tortura en el Estado de México.

    Los cuatro estudios han concluido que existen "evidencias físicas y secuelas mentales descritas en el Protocolo de Estambul por haber recibido acciones e tortura", según la información aportada por la familia a este medio. Este proceso comenzó recién en 2016, ocho años después de los hechos y las primeras denuncias.

    "Tardaron demasiado en hacerse los protocolos porque no había peritos, se entorpeció el proceso, pasó el tiempo y llegó el día en que su cumplió su sentencia y no lo liberaron, porque aún no le había realizado el dictamen oficial. Tampoco tuvo una defensa adecuada, ya que el defensor de oficio no nos asesoró correctamente y en un caso así, uno no sabe qué hacer", explicó su madre en entrevista.

    A su vez, las Naciones Unidas emitieron una recomendación por su caso, en la que observó la profunda implicancia entre la tortura y la detención arbitraria.

    "Rafael Méndez habría sido obligado mediante actos de tortura a firmar unos papeles por los cuales de declaraba culpable de la comisión de delitos. Esta supuesta confesión fue utilizada por las autoridades para procesarlo y mantenerlo privado de su libertad. Por esta razón, la alegación de actos de tortura perpetrados contra Méndez tiene una relación directa con su detención arbitraria basada en la violación a las normas que establecen los componentes elementales a un debido proceso", reza la recomendación.

    Las Naciones Unidas han recomendado al Gobierno mexicano la inmediata liberación de Méndez Valenzuela, así como el resarcimiento del daño ocasionado por haberse comido más de 13 años de su juventud en reclusión sin motivo.

    Para Judith Valenzuela, su madre quien ha protagonizado la lucha por la Justicia desde hace más de una década, es importante recordar el contexto en que se dio esta situación de arbitrariedad: los albores de la estrategia de seguridad, promovida por Estados Unidos y adoptada por el expresidente mexicano Felipe Calderón de combate frontal al narcotráfico por medio de las Fuerzas Armadas.

    "Cuando esa política federal, que fue una especie de guerra contra el narcotráfico, estaba en su apogeo en 2008, hubo muchas detenciones arbitrarias y torturas por querer justificarla, cuando no era así. Muchos jóvenes siguen encarcelados por eso, y nadie los voltea a ver", sostuvo Valenzuela.

    La misma franja etaria de los presos arbitrarias es la que contiene a la mayoría de las víctimas de homicidio y desaparición de los últimos años en el país. Incluso en los casos de feminicidio y desaparición de mujeres, siempre son jóvenes.

    Para la madre de este joven detenido arbitrariamente, esta es la primera vez que las autoridades gubernamentales atienden públicamente su caso.

    En la mañanera de este 10 de diciembre, el presidente López Obrador anunció incluso que si está en su potestad otorgarle un indulto, lo va a hacer.

    "Nunca obtuve respuesta hasta que decidí venir con el presidente, porque sé que es una persona que escucha. Espero que al ventilarse públicamente este caso, se pueda crear algún precedente para el resto de los que también necesitan ser revisados", concluyó Valenzuela.

     

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