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    Después de tres intentos fallidos y más de dos décadas de resistencia al extractivismo, los colectivos de defensores ambientales lograron que la Corte Constitucional de Ecuador aprobara una consulta popular que permitirá a los habitantes de Cuenca (sur) decidir sobre la minería en su territorio. ¿Por qué la consulta podría cambiar la historia?

    La Corte Constitucional de Ecuador autorizó una consulta popular que busca prohibir actividades mineras a gran y mediana escala en las fuentes de recarga hídrica de la ciudad interandina de Cuenca, provincia de Azuay (sur), la tercera más grande de Ecuador. Se trata de un fallo histórico: pues sienta un precedente para decenas de comunidades que defienden el agua de las empresas mineras en todo el país. 

    "Las compañías mineras y el propio Gobierno [que ha alentado la minería], se ponen a temblar por este ejercicio de democracia directa por el peso que tiene Cuenca, y porque abre las puertas a que otras poblaciones soliciten consultas populares sobre el mismo tema", dijo a Sputnik el ambientalista ecuatoriano Kléver Calle.

    Azuay es una de las provincias con mayor historia minera del país. En la zona de Cuenca hay varios proyectos mineros que están en diferentes fases; los tres más avanzados son:

    • Río Blanco (Ecuagoldmining), que está en fase de explotación pero está suspendido por orden judicial desde 2018 por haber vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada, a las comunidades indígenas de la zona.
    • Loma Larga (INV Metals), que antes de que termine 2020 espera obtener la licencia ambiental para la fase de explotación.
    • Ruta del Cobre (Compañía Minera Ruta de Cobre S.A.), que está en la fase de exploración avanzada.

    "Desde hace más de 20 años los territorios donde están los páramos y bosques nublados, ecosistemas vitales y esenciales tanto para la provisión de agua como la conservación de la biodiversidad, han sido concesionados a compañías transnacionales. Hoy, estamos hablando de unas 60.000 hectáreas concesionadas", señaló Calle.

    Pese a que la consulta popular no tendrá efecto retroactivo, en la práctica implica que se suspendan todos los proyectos mineros, excepto sobre Río Blanco, explicó Calle, miembro de la organización YASunidos, una de las promotoras de la consulta junto al Cabildo por el Agua, la red Caminante y el Concejo Municipal de Cuenca. 

    © Foto : Cortesía de Kléver Calle
    Miembros del Cabildo por el Agua de Cuenca (Ecuador), el día que presentaron el proyecto de consulta popular antiminería

    La consulta se celebrará el 7 de febrero de 2021, a la par que las elecciones nacionales. Se espera que voten 435.963 electores de las 36 parroquias de Cuenca. La papeleta contiene cinco preguntas, cada una se relaciona con uno de los cinco ríos afectados de Cuenca: Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay. "¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río…?", se lee. 

    Etiquetas:
    Cuenca, consulta popular, minería, Ecuador
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