Derechos Humanos en acción: 4 casos que muestran por qué hay que defenderlos

¿Dónde están los Derechos Humanos? ¿Qué significan? ¿Quién los tiene y dónde empiezan? Para aterrizar un concepto a veces difícil de comprender, hacemos un repaso por las recomendaciones y sentencias históricas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: casos que reflejan las terribles consecuencias de su violación, y el valor de su ejercicio.

Desde su fundación en 1959, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado recomendaciones y generado grandes cambios históricos en los países. También así lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en sus 42 años de vida ha dictado muchas sentencias importantes que los Estados deben cumplir. 

En todos estos países, han realizado recomendaciones y fallado en casos que han marcado hitos en la conquista de derechos, han reducido la desigualdad, la discriminación y la violencia, y que han fortalecido las democracias y el combate contra la impunidad en la región. 

Sentencias y recomendaciones emblemáticas 

El caso que marcó un antes y un después en el acceso a la educación para adolescentes embarazadas en Chile fue el de Mónica Carabantes Galleguillos. En 1997, tras informar al colegio privado de Coquimbo (al norte de Santiago de Chile) de su estado de embarazo, recibió la notificación de que por disposiciones reglamentarias internas no se le renovaría su matrícula escolar para el periodo 1998-1999. 

La familia presentó una denuncia ante la oficina de la Secretaría Regional del Ministerio de Educación y solicitó que se adoptaran las medidas administrativas o judiciales correspondientes, alegando que la estudiante había sido privada arbitraria e ilegalmente de sus derechos. Los tribunales rechazaron la denuncia y confirmaron la legalidad de las acciones del colegio.

En 1998, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentó la denuncia ante la CIDH contra la República de Chile por la negativa de los tribunales chilenos de sancionar las medidas tomadas hacia la adolescente por parte del colegio, y expulsarla por haber quedado embarazada.

En 2002 se firmó un acuerdo de solución amistosa en el cual el Gobierno chileno aceptó dar cumplimiento a una serie de medidas de reparación simbólica acordadas con las víctimas.  

El Estado reconoció públicamente su responsabilidad y el caso desencadenó modificaciones que transformaron las obligaciones del Estado, de promover y proteger activamente el derecho al acceso a la educación para mujeres y niñas embarazadas en Chile. 

Las mujeres embarazadas hoy no sólo no pueden ser expulsadas de los centros educativos, sino que las instituciones estatales y educativas también deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar su acceso y permanencia en cualquier establecimiento educativo sin importar el nivel. Según el Cejil, el número de mujeres embarazadas que asisten a la escuela ha aumentado radicalmente después de las recomendaciones que adoptó el Estado. 

El Sistema Interamericano también ha condenado a los Estados por no investigar y castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. La primera sentencia en la cual se expidió la Corte IDH fue en el caso Barrios Altos vs. Perú, el 14 de marzo de 2001, que contribuyó a revertir las leyes de amnistía y la condena del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). 

Los hechos ocurrieron en el vecindario Barrios Altos, de la ciudad de Lima, el 3 de noviembre de 1991. Ese día a las 22.30 seis oficiales integrantes del "escuadrón de eliminación" denominado Grupo Colina, cuerpo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, irrumpieron en una casa con la cara cubierta por pasamontañas y mataron a 15 de las 19 personas que estaban allí. Las cuatro personas que sobrevivieron terminaron con heridas graves y uno de ellos, permanentemente incapacitado.

La investigación judicial comenzó el 19 de abril de 1995, casi cuatro años después de los hechos. Sin embargo, mientras se desarrollaba la investigación, el Congreso peruano  —apoyado por los tribunales militares— promulgó dos leyes para amnistiar a militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad en el marco de la lucha contra los guerrilleros, principalmente Sendero Luminoso; así que la investigación volvió a foja cero.   

Estas leyes terminaron siendo rechazadas por la jueza Saquicuray, quien lleva el caso, y eventualmente, también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según Cejil, el caso de Barrios Altos contribuyó a la eventual formulación de cargos contra el expresidente del Perú Alberto Fujimori, por su involucramiento en varios casos de violación de derechos humanos durante su régimen.

En 2001 la CIDH responsabilizó a Brasil por la violación de los derechos humanos de la farmacéutica brasileña Maria da Penha Fernandes; en un caso que se transformó en un emblema de la lucha para terminar con la impunidad en los casos de violencia doméstica. 

La noche del 29 de mayo de 1983 Da Penha fue baleada por la espalda por su esposo mientras dormía. Quedó parapléjica y demasiado asustada como para pedirle el divorcio, por lo que regresó a su casa enseguida después de recuperarse en el hospital, donde sufrió un segundo intento de asesinato por parte de su marido. Esta vez trató de electrocutarla. Según relata el Cejil, Da Penha buscó asistencia jurídica pero, a pesar de la vasta evidencia en contra de su marido, la Justicia brasileña se demoró 19 años en detenerlo y encarcelarlo. 

En 1998, dado el patrón de impunidad provocado por la falta de respuesta del sistema judicial de Brasil, Cejil y el Comité Latino Americano para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) presentaron el caso ante la CIDH. 

En 2001 la CIDH responsabilizó a Brasil de lo sucedido. Asimismo, se aplicó por primera vez desde su entrada en vigor, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer —conocida como Convención Belém do Pará— ratificada por Brasil en 1995.

"El caso María da Penha es un ejemplo del contexto de la cultura machista existente entonces en Brasil: se privilegiaba al hombre en la relación conyugal y se percibían situaciones de violencia doméstica como hechos reservados al ámbito privado y no como una cuestión pública o una violación de los derechos humanos", se lee en el informe de Cejil.

Otro de los casos paradigmáticos en la lucha por la condena de los delitos de lesa humanidad es el de Macarena Gelman vs. Uruguay, del 24 de febrero de 2011. Fue la primera vez en que la Corte IDH trató la situación de impunidad respecto de las graves violaciones de derechos humanos en Uruguay que ocurrieron durante la dictadura (1973-1985).

El caso ha contribuido a romper el silencio y catalizar discusiones sobre verdad y justicia, a promover e implementar mecanismos que ayudaron a superar la impunidad consolidada ante el amparo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Según el Cejil, también ha sido un refuerzo a la democracia en Uruguay, contribuyendo de manera decisiva a que se inicien acciones legales en varios casos de tortura, desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos, cometidas durante la dictadura.

El caso: el 24 de agosto de 1976, Maria Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman, fue secuestrada en Buenos Aires por un grupo de hombres armados y desaparecida. María Claudia estaba embarazada —según pudo reconstruirse posteriormente— y fue trasladada a Uruguay donde dio a luz a una niña. María Macarena sólo supo de su verdadera identidad más de 20 años después, gracias a las incansables gestiones de su abuelo Juan Gelman. María Macarena tenía 23 años cuando tuvo contacto con su abuelo por primera vez, el 31 de marzo del 2000.

Los hechos ocurrieron en el marco de la Operación Cóndor, un acuerdo de cooperación entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay pactado a mediados de los años setenta para eliminar a disidentes políticos. En el fallo, la Corte IDH así lo reconoce: "El presente caso reviste una particular trascendencia histórica, pues los hechos comenzaron a perpetrarse en colaboración con autoridades argentinas en un contexto de práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura uruguaya"

¿Qué son los Derechos Humanos?

Naciones Undias define a los derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.

Día de los Derechos Humanos 2020

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde entonces ese día se celebra el Día de los Derechos Humanos. 

La pandemia nos ha dejado vulnerables y debilitados. También ha proporcionado una clara visión de cómo convertir el desastre en una oportunidad para un futuro mejor.

--@mbachelet, jefa de @UNHumanRights, en víspera del #DíaDeLosDerechosHumanos. https://t.co/PUSmBYObV0 pic.twitter.com/9ygPCGSg7I

— Naciones Unidas (@ONU_es) December 9, 2020

Este año, el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de COVID-19 y se centra en la necesidad de "reconstruir para mejorar", asegurándose de que los derechos humanos sean la base para los esfuerzos de recuperación, dice la ONU. ​La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.

¿Cuál es la diferencia entre la Corte IDH y la CIDH?

La función principal de la CIDH es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos en esta materia. Según se explica en la publicación ABC Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH tiene competencias con dimensiones políticas, entre las que destacan la realización de visitas in loco y la preparación de informes acerca de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. 

A su vez, realiza funciones con una dimensión cuasi-judicial: recibe las denuncias de particulares u organizaciones relativas a violaciones a derechos humanos, examina esas peticiones y las presenta a la Corte IDH, que será la que juzgue los casos.

Esto quiere decir que no hay un acceso directo de las víctimas al proceso ante la Corte IDH, sino que primero se debe presentar una petición ante la CIDH y ésta debe emitir un informe de fondo con recomendaciones. En caso de que estas recomendaciones no sean cumplidas por parte del Estado, el caso puede ser sometido a la Corte IDH. La Corte IDH también tiene un mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales.