"Debe tenerse en cuenta (...) que la suspensión temporal de actividades de una organización política no sólo afecta a los posibles candidatos del partido político en el proceso electoral en curso, sino también a todos sus militantes y a la población que podría considerarse representada por esta agrupación, ya que el ejercicio de sus derechos fundamentales políticos se verían frustrados en la práctica", indicó el organismo en un comunicado.
Este 30 de noviembre, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente celebró una audiencia en la que analizó el pedido de la Fiscalía de suspender por 2 años y medio de toda actividad política a la agrupación liderada por Keiko Fujimori.
19 de noviembre 2020, 16:52 GMT
La Fiscalía está realizando este pedido por considerar a Fuerza Popular como una organización que habría incurrido en lavado de activos al recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht, como financiamiento para la campaña a la presidencia de Fujimori en 2011.
Al respecto, la Defensoría afirmó que los pedido realizados por la Fiscalía deben estar acorde con los "estándares constitucionales y convencionales de lucha contra la corrupción estatal, el principio de presunción de inocencia y el derecho fundamental a la participación política".
Luego de celebrada la audiencia judicial de este lunes, el Cuarto Juzgado determinó que dará su fallo sobre el pedido de la Fiscalía en el plazo establecido por la ley.
