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    BUENOS AIRES (Sputnik) — Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI): entre junio de 2018 y julio de 2019 recibió 44.867 millones de dólares, el crédito más grande otorgado por la entidad multilateral en toda su historia.

    El entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) había acordado una cuantía aún mayor, de 57.000 millones de dólares, pero las elecciones primarias de agosto de 2019, que anticiparon el fracaso del gobernante en su afán de ser reelecto, hicieron dar marcha atrás al FMI, que suspendió los giros pendientes.

    El nuevo mandatario argentino, Alberto Fernández, dejó en claro desde un comienzo que otro sería el enfoque de su Gobierno con la entidad.

    Esa nueva orientación pretende encauzarse en un programa más afín para la devolución del crédito. El ministro de Economía, Martín Guzmán, quiere sustituir el de stand-by (de contingencia) vigente en la actualidad por un Acuerdo de Facilidades Extendidas o Servicio Ampliado (EFF, por sus siglas en inglés).

    La misión del Fondo que estuvo en Buenos Aires entre el 10 y el 20 de noviembre mostró su conformidad con esa pretensión. El nuevo programa implica una extensión de las cuotas y de los plazos para empezar a pagar. Y no menos importante: cambian los condicionamientos.

    "Este tipo de acuerdo lo solicitan países que tienen dificultades de balance de pagos que obedecen a causas estructurales y no solo de coyuntura", aclara a Sputnik la doctora en Economía Noemí Brenta, que estudió las relaciones del país y la institución financiera en su libro "Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el FMI 1956-2006".

    El Gobierno no ha definido todavía qué compromisos adoptará para honrar sus deudas, pero Guzmán entiende que la restricción externa que presenta el país obedece a una serie de dificultades arraigadas en su matriz económica.

    Reforma estructural

    Sería plausible, por lo tanto, que el ministro aliente una reforma del aparato productivo que en el sector externo contribuya a generar una situación más sostenible, apunta Brenta, docente e investigadora del Centro de Investigaciones de Historia Económica Social y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

    "Esto requiere un plan por el que las exportaciones tengan un mayor valor agregado, para que el país se industrialice más y tenga una estructura productiva con bienes más diferenciados", detalla la especialista.

    Guzmán también se ha expresado a favor de fortalecer el mercado interno para complementar el desarrollo tecnológico e industrial en el que se embarcaría Argentina.

    Bajo estas directrices, se precisa una redistribución del ingreso, lo que requiere un alza mayor que la inflación en las jubilaciones, pensiones y salarios.

    Una reforma tributaria, por lo tanto, es inaplazable. "Pero tendría que ser de un corte más equitativo, de manera que los sectores con menos capacidad contribuyan menos al fisco que los sectores adinerados con más capacidad de pagar más impuestos", dijo Brenta.

    Esto cambiaría la lógica impositiva de un país "cuyo sistema tributario está basado en la recaudación de un tributo tan regresivo como el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y no en impuestos directos, como ganancias, patrimonio y bienes personales", contextualiza la especialista.

    Sería toda una novedad para una nación en la que hay una tendencia a la concentración de ingresos por un sistema fiscal regresivo.

    "Guzmán también habla de converger hacia el equilibrio fiscal y hacia una expansión monetaria de acuerdo al crecimiento de la economía que le permita financiarse menos con el Banco Central, propósito que se acerca a las exigencias del Fondo", explica Brenta.

    Fiel a su visión neokeynesiana, el ministro de Economía apostaría a que la emisión monetaria crezca al menos a la par que la economía, que de por sí está desmonetizada.

    Soberanía económica

    Pero para aplicar estas políticas, Argentina debería ser autora y dueña del diseño y de la ejecución de su programa, una premisa que no tiene antecedentes en su relación con el FMI.

    "Para eso debe haber un consenso político y social que nunca han tenido los programas del Fondo, porque siempre han mostrado un sesgo ortodoxo que obedece a los intereses estratégicos y económicos de los principales miembros de la entidad, entre ellos EEUU", advierte la doctora.

    Esa desconfianza no es baladí. Los Acuerdos de Facilidades Extendidas firmados por otros países, como Ecuador y Pakistán, revelan condicionamientos lesivos que hacen dudar de la autonomía de decisión de esas naciones.

    Por otro lado, la entidad multilateral ha pasado a priorizar dos ideas con las que comulga el Ejecutivo argentino. Una es la lucha contra el cambio climático, "un tema de primera categoría que exige un cambio en la matriz económica, con una reducción de subsidios a los hidrocarburos y el fomento de energías renovables", matiza Brenta.

    La segunda es la paridad de género, un área sobre el que el Ejecutivo ha avanzado con varias iniciativas, entre ellas la decisión de constituir un Ministerio de la Mujer.

    El rumbo de las negociaciones no tardará en revelarse. El interés de ambas partes así lo demanda.

    Etiquetas:
    deuda pública, Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina
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