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    La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de México, Rosario Robles Berlanga, ha decidido cooperar con la Fiscalía General de la República para recuperar su libertad o acceder a una sentencia menor.

    Una vez que la FGR la señaló como responsable de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, los cuales podrían dejarla en prisión de por vida, Robles solicitará acogerse a un criterio de oportunidad, con el objeto de probar que Emilio Zebadúa, oficial mayor de Sedesol y Sedatu, operó el desvío de recursos que se le atribuye.

    "Rosario Robles está en condiciones de proporcionar información directa de lo que participó el presidente, secretarios de estado y otros compañeros con lo que colaboró. Ella sí está en esa condición por el nivel que tenía y puede proporcionar información que le sea útil a la Fiscalía", aseveró el abogado de la exfuncionaria, Epigmenio Mendieta, en entrevista con W Radio.

    Actualmente, Robles Berlanga se encuentra detenida en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla por el delito de uso indebido del servicio público, así como por su omisión para reportar el presunto desvío de más de 5.000 millones de pesos (281,6 millones de dólares) durante su gestión en Sedesol y Sedatu.

    Sin embargo, el 6 de noviembre se reveló que un juez federal con sede en el penal de El Altiplano, Estado de México, giró una nueva orden de aprehensión contra Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en relación con el caso la 'Estafa Maestra', un sistema de empresas fantasma a través de las cuales el Gobierno de Enrique Peña Nieto desvió recursos a través de dependencias del Estado, universidades públicas, diversas empresas privadas y servidores públicos de distintos niveles.

    Mendieta consideró que Rosario Robles decidió ser testigo colaborador por desesperación, debido a que lleva más de un año en prisión.

    "Ella ponderó la decisión porque enfrentar un proceso de estas características requiere entereza emocional, económica, el apoyo de su familia y de las personas que se supondría fueron sus compañeros de gabinete, situación con la que no ha contado, ni siquiera desde el primer día. Esa solidaridad que ha demostrado para con otros no la ha obtenido", sostuvo.

    Antes de que se ordenara su aprehensión por crimen organizado, la exfuncionaria había conseguido un amparo contra su prisión preventiva, la cual actualmente se encuentra en revisión. Sin embargo, la amenaza de un nuevo proceso por crimen organizado y lavado de dinero significaría una reclusión preventiva automática y una sentencia que podría llegar hasta los 40 años de prisión sin derecho a fianza.

    Según su abogado, la colaboración de Robles con la FGR busca diversos beneficios. Por lo pronto, su equipo legal evalúa dos opciones: que la exsecretaria se declare culpable en el proceso de omisiones iniciado en su contra, o bien, volverse testigo colaborador en el caso de crimen organizado para que no se le imputen formalmente esos cargos.

    En cuanto al proceso penal del primer caso, Rosario Robles tiene prevista una audiencia intermedia el 8 de diciembre en donde se presentarán las pruebas para ir al juicio. En esa audiencia se buscaría un procedimiento abreviado, es decir, que la acusada se declare culpable sin ir a juicio a cambio de que se le imponga en esa misma audiencia la pena mínima.

    Debido a que ese delito no es considerado grave, Robles podría recobrar su libertad, aunque para que esto ocurra se requiere del aval de la FGR, indicó su abogado a Animal Político.

    Respecto al caso de crimen organizado y lavado de dinero en su contra, cabe destacar que la FGR no ha cumplimentado la orden de aprehensión. Por ello, Robles tendría la posibilidad de solicitar el criterio de oportunidad y volverse testigo colaborador a cambio de que se desista de esa acusación.

    Los abogados de la exfuncionaria federal pedirán a la Fiscalía que Robles declare sobre los desvíos relacionados con el caso la 'Estafa Maestra', a fin de explicar cómo se organizó este esquema, nombrar a los superiores que instruyeron estas acciones, así como a sus beneficiarios.

    Esta misma ruta ya fue utilizada por Emilio Zebadúa, quien en su declaración acusó al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de avalar el esquema de desvíos para obtener recursos que se utilizaron en promocionar la imagen de Enrique Peña Nieto y de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como para la supuesta compra de votos en elecciones como la del Estado de México en 2017.

    Por lo pronto, la decisión de conceder formalmente un criterio de oportunidad compete exclusivamente al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y a su subprocurador Juan Ramos, tras valorar la evidencia que los presuntos responsables puedan aportar a sus investigaciones.

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