"Presentamos el compromiso del Gobierno de que los archivos de las Fuerzas Armadas y la Policía (...) sean accesibles para su trabajo", dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, a los seis miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que inició su trabajo en La Paz.Destacó, en el acto de instalación del GIEI, que la desclasificación de archivos de las operaciones de represión del año pasado fue ordenada directamente por el presidente Luis Arce, quien asumió el pasado 8 de noviembre tras un año de transición dirigido por la presidenta Jeanine Áñez.
Cooperación
"Los expertos del GIEI van a tener toda la cooperación que necesiten, por el compromiso firme de nuestro Presidente por su independencia y porque tengan todas las condiciones de trabajo para desarrollar sus labores", dijo Lima.
Las operaciones militares, en apoyo a la policía, para reprimir manifestaciones tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales dejaron al menos 20 muertos de un total de 27 decesos definidos como masacres por varias investigaciones previas al trabajo que hará el GIEI.
Entre esos documentos previos está un informe de la CIDH que denunció como factor agravante al decreto 4078 firmado por Áñez el 14 de octubre de 2019, dos días después de su autoproclamación, que ordenó la militarización de la represión liberando a los militares de eventuales responsabilidades penales.
"Vamos a garantizar la independencia del trabajo de la comisión de la CIDH y su acceso a toda la información que sea requerida", insistió el ministro Lima.La participación militar en la represión de las protestas por el derrocamiento de Morales fue especialmente notoria en el pueblo de Sacaba, departamento de Cochabamba (centro), y en el barrio Senkata de El Alto (oeste), el 15 y 19 de noviembre respectivamente, donde se registró la mayor número de muertes.
Los mandos nacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía de entonces fueron relevados tras el reciente cambio de Gobierno.
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