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    El Gobierno de México finalizará 2020 con un total de 16,8 millones de hectáreas concesionadas a la industria minera. Esto representa 20,8% menos territorio en comparación con los permisos otorgados en 2018, cuando finalizó el Gobierno de Peña Nieto, así como 45,3% por debajo de las tierras otorgadas por el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa.

    La revisión de licencias en el sector minero iniciada por la Secretaría de Economía (SE) desde finales de 2018, aunado a la política del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para no otorgar nuevos permisos, con excepción de los que ya estaban pactados, han ayudado a esa caída, valoró El Financiero.

    Sin embargo, la falta de esas concesiones ha significado que actualmente no se realicen exploraciones para hallar nuevas fuentes de gas, cobre, plata o litio, afirmó el presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), Fernando Alanís.

    "El hecho de que nos den una concesión no nos está dando una mina, nos dan la posibilidad de explorarla para tener la probabilidad de encontrar algo, pero no es garantía de tener una mina […]. En el periodo de Calderón hay un aumento importante porque el Servicio Geológico Mexicano declaró una serie de designaciones importantes, incluyendo zonas del mar para encontrar gas, pero actualmente no hay nuevas concesiones", mencionó recientemente.

    Según Dossier Político, a partir de febrero del 2021 la SE ejercerá sus facultades para emprender procedimientos de nulidad de títulos de concesión y suspensión de derechos de explotación minera contra 19.199 concesionarios y asignatarios en México, debido a que existen sospechas sobre su usufructo de los bienes nacionales mediante prácticas de evasión fiscal y omisiones al marco regulatorio.

    Esto tendría un fuerte impacto en estados como Sonora donde se estima que, del total de los 4.438 títulos de concesión de la industria minera local, 3.003 no han cumplido con el pago de impuestos o con la entrega de informes técnicos a la Secretaría de Hacienda.

    Asimismo, la Camimex afirma que, si bien en México hay 16,8 millones de hectáreas concesionadas, apenas 4 millones de ellas son productivas, además de que las áreas productivas de esas minas ocupan sólo 0,1% del territorio nacional, equivalentes a 201.000 hectáreas.

    Pese a todo, empresas mineras del extranjero afirman que México aún representa un mercado atractivo para invertir sus recursos. El presidente y CEO del México Mining Center, Douglas Coleman, explicó a El Financiero que la demanda de plata y litio por parte de las industrias es clave, pues el país latinoamericano tiene importantes yacimientos de ambos metales.

    Esto explica, por ejemplo, que la compañía china Ganfeng Lithium aprobara el 13 de noviembre aumentar su participación del 22,5 al 50% en el proyecto de litio en Sonora de la firma Bacanora Lithium. Este proyecto implica una inversión de 420 millones de dólares en su primera etapa de construcción. Las primeras proyecciones aseveran que esta mina representaría hasta 5% de la producción de litio a nivel mundial.

    Pero recientemente se han anunciado planes para nacionalizar la emergente industria mexicana del litio. El senador del partido Morena, Alejandro Armenta Mier, planteó el 10 de noviembre que este metal sea considerado propiedad exclusiva de la nación, así como el control estatal de su producción.

    Al respecto, Alberto Salas, presidente de la Sociedad Química y Minera de Chile, advirtió que las expectativas en torno al potencial económico del litio son desproporcionadas, debido a que la demanda de otros metales en la industria energética como el cobre es mucho mayor.

    En todo caso, las propuestas en México han generado que los inversionistas extranjeros expresen a sus respectivos Gobiernos la preocupación sobre las medidas que ha adoptado la administración de López Obrador en materia minera. El embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, por ejemplo, aseguró a La Jornada que su Gobierno mantendrá el diálogo para evitar afectaciones en las inversiones de sus empresarios en el país latinoamericano.

    "La minería es un tema complicado, incluso en Canadá, en ciertas comunidades, seamos francos. No son bien vistos, pero creo que hay maneras de conciliar, de equilibrar por una parte las preocupaciones de comunidades afectadas y por otra tener compañías mineras socialmente responsables que es el caso de la minería canadiense que, puedo asegurar, obedecen la ley, el marco jurídico que tienen aquí en México", indicó.

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    mineros, México
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