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    Perú, tras la destitución de Martín Vizcarra (105)
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    La crisis abierta en Perú no parece tener una resolución inmediata. Si bien el nuevo gobierno encabezado por Francisco Sagasti cuenta con mayor legitimidad, la impugnación al sistema político-económico, expresada en las calles, es profunda. ¿Qué puede suceder? Es la pregunta sobre la que aún no existe respuesta segura.

    En Perú estalló una crisis de la que nadie sabe cuál será la salida. Se la nota al prender la televisión: programas tras programas de debates a toda hora acerca de si hubo un golpe de Estado contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) el pasado 9 de noviembre, si se debe reformar la policía, si es necesaria una nueva Constitución, reuniones y nombramientos de gabinete del recién asumido presidente, Francisco Sagasti.

    El país es un río revuelto y acelerado de noticias. La crisis está en las conversaciones en los taxis, las pintadas en las calles, en la posibilidad de que algo suceda en cualquier momento, en el memorial construido en la esquina donde fueron asesinados por la represión policial los jóvenes Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado el pasado 14 de noviembre.

    "Es uno de los quiebres políticos más importantes de los últimos veinte años, no teníamos algo así a nivel de movilización en las calles desde la caída de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000", explica a Sputnik Lucía Alvites, docente universitaria, militante de Nuevo Perú.

    El quiebre no estaba previsto por quienes, desde el Congreso, llevaron adelante la destitución de Vizcarra, y nombraron a Manuel Merino, que tuvo que renunciar al cabo de seis días, el 15 de noviembre, al día siguiente del asesinato de los dos jóvenes. Con su caída quedó en evidencia la magnitud de la crisis abierta, una crisis que no solamente puso en cuestión a Merino, a la maniobra destituyente de Vizcarra, sino a un modelo.

    ​"Es un momento impugnatorio ante un sistema político", afirma Alvites. El sistema tiene décadas en el poder político: desde la Constitución aprobada en 1993, bajo el Gobierno de Fujimori.

    Fue un golpe

    • Memorial en honor a Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, asesinados el 14 de noviembre durante la represión policial
      Memorial en honor a Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, asesinados el 14 de noviembre durante la represión policial
      © Sputnik / Marco Teruggi
    • Memorial en honor a Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, asesinados el 14 de noviembre durante la represión policial.
      Memorial en honor a Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, asesinados el 14 de noviembre durante la represión policial.
      © Sputnik / Marco Teruggi
    • Memorial en honor a Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, asesinados el 14 de noviembre durante la represión policial
      Memorial en honor a Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, asesinados el 14 de noviembre durante la represión policial
      © Sputnik / Marco Teruggi
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    © Sputnik / Marco Teruggi
    Memorial en honor a Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, asesinados el 14 de noviembre durante la represión policial

    La plaza San Martín es uno de los epicentros de las protestas en Lima. Allí está Mirtha Vino, con una bandera roja y blanca de Perú y una frase contra la corrupción. Una de las dimensiones más evidentes de la crisis es la dimensión de la corrupción en la política: más de la mitad de los congresistas actuales, y todos los presidentes desde el año 2000 tienen casos por corrupción, salvo el actual, Sagasti.

    Vino es profesora de cívica y, para ella, como para miles, no hay duda acerca de lo que sucedió: "El Poder Legislativo ha dado golpe de Estado, ha asaltado al poder ejecutivo, ha metido al presidente que él ha querido, el pueblo se ha levantado porque no ha permitido esa afrenta al pueblo, al ejecutivo", dijo a Sputnik.

    Para Alvites tampoco hay duda: "Fue un golpe de Estado parlamentario, se ha usado la vacancia, que es una figura legal, haciendo trampa por la vacancia es un mecanismo extremo de incapacidad moral, y ha sido usada por 105 congresistas que tienen intereses subalternos, que no tienen que ver con el interés ciudadano para vacar a Vizcarra".

    Asamblea popular en la plaza San Martín
    © Sputnik / Marco Teruggi
    Asamblea popular en la plaza San Martín

    La figura bajo la cual fue destituido Vizcarra fue la "incapacidad moral permanente", cuestionada por Vizcarra y quienes se movilizaron. Ante el hecho de que un sector político afirmaba que sí se trataba de un mecanismo legal, negando la dimensión de golpe de Estado, el Tribunal Constitucional debía emitir una resolución sobre el tema.

    Sin embargo, el jueves 19 el Tribunal se declaró "improcedente" para abordar la cuestión. Es decir que la institución que debía sentencia sobre la controversia constitucional optó por "lavarse las manos", como afirma Vino.

    "Estoy enojada con el Tribunal Constitucional, me parece que no podemos aceptar que se lave las manos, y diga que aquí no ha pasado nada, debía dirimir entre los dos poderes para decir que lo que hizo el legislativo estuvo mal, hemos esperado y nos dimos con la decepción".

    Alvites señala la gravedad de la no resolución del Tribunal: "Lo que ha hecho es decir que no tiene competencia para opinar, tener una opinión sobre el tema de la vacancia, y con eso lo que ha hecho es dar carta blanca a los golpistas, a que ese mecanismo se use cómo venga en gana a quienes están en el Parlamento, es una vergüenza".

    La nueva Constitución

    Lucía Alvites, de Nuevo Perú
    © Sputnik / Marco Teruggi
    Lucía Alvites, de Nuevo Perú
    Alrededor de Vino hay asambleas espontáneas para debatir sobre muchos temas. Las personas pasan, agarran el micrófono, denuncian la dimensión que tuvo la represión policial y la necesidad de reformar esa institución, y se refieren a uno de los temas centrales: la necesidad de una nueva Constitución.

    La propuesta de cambio constitucional no es nueva. Algunas fuerzas políticas, como Nuevo Perú, que propone la candidatura presidencial de Verónika Mendoza, la han planteado anteriormente. Pero, tanto la destitución de Vizcarra el 9 de noviembre, como la no resolución del Tribunal el jueves, expusieron y masificaron la necesidad de ese cambio,

    "Estoy de acuerdo que se cambie esta Constitución, porque esta Constitución el día de hoy nos damos cuenta que está avalando toda esta corrupción. Antes yo decía que tenía que haber alguna modificación, algún inciso, pero hoy día no. Ayer nos dimos cuenta que el Tribunal se lavó las manos y se avaló en la Constitución", explica Vino.

    La demanda de la transformación constitucional se expresó en redes sociales, con la tendencia durante tres días de #NuevaConstitución, en las consignas en las calles, planteando un horizonte de transformación más amplio que únicamente un cambio de presidente o de congresistas.

    "No podemos seguir con este mecanismo constitucional, es un marco constitucional nacido en dictadura, con militares en las calles, con universidades intervenidas, desaparecidos y miles de trabajadores despedidos. Lo que ha sucedida con el Tribunal es una razón más que nos pone sobre la mesa esta urgencia", afirma Alvites.

    El cambio constitucional no refiere únicamente a la política, sino a la integralidad de un modelo: "existe un sistema político que ha sido funcional a un modelo económico que ha visto en el Estado su mesa para mantener sus privilegios y negociados".

    Y "la pandemia ha puesto en altavoz las miserias de este modelo", destaca Alvites. Así, quedó expuesta la falta de salud pública de calidad, la situación de millones de personas en viviendas sin condiciones, los problemas de acceso a una educación privatizada, las consecuencias, en síntesis, del neoliberalismo.

    El nuevo Gobierno

    Mirtha Vino, en la Plaza San Martín
    © Sputnik / Marco Teruggi
    Mirtha Vino, en la Plaza San Martín

    Sin embargo, ante lo que Alvites denomina como "un creciente sentir de la población que se tienen que hacer cambios de fondo", el nuevo presidente Sagasti, afirmó el viernes 20 que una nueva Constitución "no es una prioridad inmediata", en referencia a las medidas que tomará su Gobierno.

    "Creo que después de un periodo tan turbulento, tan cargado de protestas, de incluso algo de violencia, lo más importante en este momento es devolverle la calma, devolver la tranquilidad a la ciudadanía", señaló.

    El Gobierno encabezado por Sagasti, del partido Morado, y Mirtha Vázquez, del Frente Amplio, al frente del Congreso, será de breve duración, hasta julio del 2021, es decir dos meses después de las elecciones, que serán en abril, para elegir presidente y parlamentarios.

    Por el momento la asunción del nuevo Gobierno se tradujo en mayor tranquilidad en las calles. Sagasti, así como Vázquez, tienen una legitimidad dada por dos elementos centrales: no votaron a favor de la destitución de Vizcarra, y no tienen acusaciones de corrupción. Dos elementos, que, en medio de una crisis de impugnación política, resultan centrales.

    Según Alvites, Sagasti y el partido Morado no tienen intención de realizar cambios de profundidad: "Es un partido que se autodefine de centro, que expresa una posición política que no quiere cambiar las reglas del juego, que no es parte de su programa cambiar el marco constitucional, superar el pacto fujimorista de 1993".

    Aún no puede afirmarse qué sucederá en los próximos días y semanas. Si bien la renuncia de Merino, vivida como una victoria por quienes se movilizaron, seguida de la asunción del nuevo Gobierno calmaron la fuerza del estallido, también es cierto que la crisis parece ser de una profundidad que demanda transformaciones estructurales.

    Perú ingresó en una nueva etapa política, una situación que puede cerrarse en una nueva normalización sin cambios profundos, o abrirse a un horizonte de posibles transformaciones estructurales, que pongan fin a un sistema político-económico masivamente impugnado.

    Tema:
    Perú, tras la destitución de Martín Vizcarra (105)
    Etiquetas:
    Martín Vizcarra, Tribunal Constitucional del Perú, destitución, crisis política, Perú
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