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    El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, Eduardo Cifuentes, habló con Sputnik sobre la situación del tribunal de justicia transicional y sus retos. Afirma que en 2020 aún darán a conocer la primera decisión en el caso de los secuestros de la exguerrilla, y enfrenta las críticas que buscan derogar el Acuerdo de Paz.

    El 24 de noviembre se conmemora en Colombia la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) en 2016. La fecha se cumple al tiempo que se produce un cambio en la presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal de justicia para la transición de la guerra a la paz, creado para investigar y sancionar los crímenes ocurridos durante medio siglo de conflicto armado. 

    En reemplazo de la primera presidenta del tribunal de paz, Patricia Linares, asumió Eduardo Cifuentes. Un curtido abogado que ha desempeñado cargos como presidente de la Corte Constitucional, máxima corte colombiana, o la Defensoría del Pueblo, entidad que rige la defensa de los derechos humanos en el país.

    Sputnik habló con el nuevo presidente de la JEP sobre los retos que enfrenta el tribunal de paz en tiempos en que la campaña electoral alza vuelo en Colombia y lo convierte en flanco de ataques desde las fuerzas políticas de derecha.

    Entrevista con Eduardo Cifuentes

    Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP (2020-2022)
    © Foto : Gentileza Eduardo Cifuentes/Jorge Andrade Blanco
    Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP (2020-2022)

    —¿En qué estado se encuentra el tribunal de paz ahora que asume su presidencia?

    —La JEP se ocupa de investigar y de juzgar a quienes han cometido crímenes graves en el conflicto armado interno de Colombia, ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016. Hablamos de un conflicto de cerca de 50 años y, por consiguiente, la competencia es muy amplia. Quienes comparecen ante la JEP son los exmiembros de la Fuerza Pública, de las FARC y también los terceros que han colaborado directa o indirectamente con otros actores armados del conflicto armado interno. 

    En tres años se consolidó una Jurisdicción que ha integrado las salas de justicia, las secciones y se han iniciado siete grandes macroprocesos que comprenden más de 300.000 víctimas. Se trata de investigar delitos de sistema. No caso por caso, sino patrones de criminalidad, con el objeto de identificar y sancionar a los máximos responsables. No será posible procesar a todas aquellas personas que efectivamente cometieron crímenes, sino a los máximos responsables de graves infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 

    La tarea es muy grande, pero ya la Jurisdicción se consolidó a partir de estos primeros siete macrocasos, en los cuales se van a dictar inicialmente resoluciones de conclusiones, se van a llamar a las personas a rendir versiones libres, pues para que asuman su propia responsabilidad y, dependiendo de los hallazgos y de su aporte a la verdad, se procederá entonces a imponer sanciones propias, que pueden oscilar entre dos y ocho años. 

    —¿Qué es eso de las sanciones propias?

    —No son sanciones de cárcel, pero sí restrictivas de la libertad. Sanciones restaurativas mediante las cuales el objetivo es reparar a las víctimas, y en los casos en que haya personas llamadas a rendir versiones y que no contribuyan con la verdad serán sometidas a un juicio penal con penas privativas de la libertad de hasta 20 años. Es decir que en esta Jurisdicción se tienen dos grandes procedimientos. 

    Uno que se ha denominado no adversarial, donde la persona voluntariamente aporta a la verdad, repara a las víctimas y recibe unas sanciones propias de la justicia restaurativa; y otra para aquellos que no contribuyen, y se enfrentarán a un procedimiento penal, con sanciones de 20 años. En esta fase que me corresponde presidir esta Jurisdicción vamos a adelantar y culminar los siete primeros macrocasos que comprenden un universo muy grande de delitos.

    Toma de posesión de Eduardo Cifuentes como presidente de la JEP
    © Foto : Gentileza Eduardo Cifuentes
    Toma de posesión de Eduardo Cifuentes como presidente de la JEP

    —¿Qué quiere dejar como legado cuando termine su presidencia? 

    —El periodo de presidencia es de dos años. Espero que hayamos avanzado en lo no adversarial, tengamos ya resoluciones de conclusiones y ojalá algunas sentencias. A partir de ahora la dinámica de la Jurisdicción va a ser cada vez más ágil. O sea, entramos en un periodo de producción de autos y sentencias, en donde se determinan hechos y conductas. Acudirán muchas personas a admitir o no la responsabilidad y por consiguiente el país va a ver una justicia transicional muy activa, muy dinámica. 

    —¿Cuándo espera que se conozca la primera decisión de la JEP?

    —Espero que sea pronto sobre el macrocaso de secuestros. Una vez que se determinen los hechos y las conductas, se llama a los máximos responsables a rendir versiones, luego de lo cual se dictará la correspondiente resolución de conclusiones. De modo que la primera decisión creo que se va a poder expedir dentro de unos 45 días.

    —El presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido abiertamente hostil con la JEP, ¿qué piensa de esa actitud que ha tenido?

    El Gobierno tiene el deber de apoyar a la JEP, a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este es un sistema integrado de verdad, justicia y reparación y no repetición que está consagrado en la Constitución. Es un compromiso de Colombia con las víctimas, con quienes firmaron la paz y con la comunidad internacional, por consiguiente el presidente tiene el deber de respetarlo y cooperar con el sistema

    La JEP tiene el atributo de la imparcialidad, la autonomía y la independencia. Está sujeta únicamente al imperio de la ley. La mejor tradición colombiana en materia judicial es que las altas cortes son independientes. Es una garantía para más de 8 millones de víctimas en el país. Lo que ha sostenido a este país es la independencia judicial.

    —La comunidad internacional ha sido muy activa en la defensa del Acuerdo de Paz y de la JEP; mientras el Gobierno nacional busca frenar y desestimular lo pactado. ¿Cómo lo ve usted?

    —El presidente de la República es el jefe de Estado, primera autoridad administrativa y director de las relaciones internacionales, y tiene que dar cumplimiento a una política de Estado que está consagrada en la Constitución, como lo es el Acuerdo de Paz

    El presidente Duque ha jurado cumplir la ley y la Constitución, y eso esperamos de él. Como director de las relaciones internacionales tiene que cumplir un compromiso que asumió el Estado colombiano frente al sistema de las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional, a otros Estados. Y este compromiso lo tiene que cumplir o asumir las consecuencias de no hacerlo. 

    —¿Qué opina del referendo para eliminar a la JEP, impulsado por el partido de Gobierno y principalmente por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010)?

    —Este referendo es absolutamente inconstitucional y no puede sobrevivir 24 horas al examen de constitucionalidad. El Acuerdo de Paz está en el ordenamiento jurídico. Hablamos del derecho a la vida, de la dignidad de las personas, de luchar contra la impunidad. La JEP es el bastión contra la impunidad. Vamos a identificar máximos responsables de gravísimas infracciones al derecho internacional humanitario, al derecho internacional, a los derechos humanos. Vamos a rescatar la verdad y la reparación de más de 8 millones de víctimas y frente a esto no se puede jugar con referendos que están llamados a fracasar. La JEP es inderogable

    —Los críticos de la JEP dicen que este es un tribunal para lavarle la cara a las FARC. ¿Qué mensaje le da usted a quienes piensan así?

    —Los máximos responsables van a ser sancionados con penas alternativas pero correspondientes al daño causado. Esta es una Jurisdicción imparcial, autónoma, independiente y equilibrada que sancionará a excombatientes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública, y terceros que hayan participado de graves crímenes. No somos una lavadora de culpas y responsabilidades. Es la primera vez en la historia que el Estado colombiano va a poner fin a la impunidad.  

    La impunidad de todos, incluyendo de los civiles que colaboraron en la guerra. Vamos a rescatar la verdad y, obviamente, cuando la verdad comienza a florecer cunde el temor de quienes han participado ocultamente de la guerra. Vamos a hacer un aporte histórico a la sociedad colombiana. La sociedad colombiana no puede reciclar más esta guerra. Y la única forma de hacerlo es con verdad, justicia, reparación y restauración. 

    Restauración para víctimas y también para victimarios en el sentido que una vez se purguen las sanciones correspondientes podrán reintegrarse plenamente a la sociedad. La JEP es un capítulo necesario para la historia del país. Este conflicto hay que terminarlo y se termina por la vía de la justicia, que es la JEP, pero también se termina por la vía de introducir los cambios y las reformas previstas en el Acuerdo de Paz.

    —En las últimas semanas se ha evidenciado que el caso de Jesús Santrich contó con una operación de entrampamiento impulsada por las autoridades de Estados Unidos y  por la Fiscalía del hoy embajador en España, Néstor Humberto Martínez. ¿Qué opinión le merece esta situación como presidente de la JEP?

    —Se puso de presente que para poder tomar una decisión de fondo del caso de Santrich tenía que efectivamente precisar si la extradición procedía o no. La competencia de la JEP era evaluar la conducta con miras a determinar la fecha. Para ello, como todo tribunal requiere pruebas. 

    Se solicitaron las pruebas correspondientes ya que el Fiscal de la época decía que existía una copiosa y abundante prueba en audios y videos. Al pedir el material la Fiscalía solamente entregó 12 audios, prácticamente inservibles, sin cadena de custodia, presentados informalmente, que no le permitían ni evaluar la conducta ni determinar la fecha. Insistió el tribunal ante Estados Unidos en que se le entregaran estas pruebas y no recibió ninguna respuesta. 

    Ahora se sabe que son 24.000 audios. Realmente es una situación escandalosa que el país tiene que juzgar, es un precedente nefasto y por eso como presidente de la JEP señalé que era necesario e indispensable que entre órganos del Estado existiera la máxima colaboración. Porque en ese momento, por falta de pruebas, no tuvimos cómo tomar otra decisión que dejar libre a Santrich, y cuando esta fue revocada ya había desertado del proceso. 

    —¿Sienten que ha habido una operación de saboteo a la JEP y al proceso de paz?

    —El proceso de paz lo apoya el pueblo colombiano. La paz la entiende la gente que vive en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca o los llanos. Los que han sufrido el conflicto la entienden. Creo que es una minoría del país la que no entiende, pero el pueblo colombiano apoya la paz y a la JEP. Debemos ya sacudirnos de este fantasma de que la paz polariza al país. La paz no polariza al país, lo que polariza al país es la guerra.

    Etiquetas:
    Iván Duque, FARC, violencia, Jurisdicción Especial para la Paz, acuerdo de paz, exguerrilleros, Gobierno de Colombia, Colombia
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