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    LA PAZ (Sputnik) — Familiares y amigos de las víctimas de la represión policial y militar cometida en noviembre de 2019 en Bolivia han vivido "un año de terrorismo psicológico" y retardación de justicia, dijo a Sputnik el presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca.

    "Ha sido un año en el cual hemos sido todos los días perseguidos y amedrentados por parte del Gobierno de transición, cuyo ministro, Arturo Murillo, ha hecho un excelente trabajo de terrorismo psicológico", afirmó en una entrevista en la que recordó "el ir y venir sin pausa en busca de justicia".

    Inca hizo la declaración al día siguiente del primer aniversario de la masacre de Senkata, barrio marginal de El Alto, en medio de la expectativa por la próxima llegada de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigará ese y otros hechos de la violencia política de noviembre de 2019, que dejó al menos 37 muertos.

    El activista dijo que su organización ha pedido al Gobierno que se realice en Senkata la firma de un convenio con la CIDH que dará respaldo legal a la investigación internacional, que las autoridades han prometido que será imparcial y que durará seis meses.

    Amedrentamiento

    La masacre del 19 de noviembre de Senkata, en la que murieron por lo menos diez personas, fue la última de una serie de operaciones conjuntas de policías y militares contra manifestantes que rechazaban el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales y la autoproclamación de la presidenta transitoria Jeanine Áñez.

    Inca afirmó que la represión a la protesta alteña, que describió como "ataque ordenado por Áñez, de fuerzas armadas a pobladores desarmados que bloqueaban una avenida", fue "el principio de un largo sufrimiento, con mucha humillación, que ha lastimado la sensibilidad de toda la ciudad".

    "En varios encuentros, el señor Murillo constantemente nos decía que todos los alteños éramos terroristas, sediciosos, salvajes, y no faltaba alguno que otro intelectual que mantenía que éramos una horda", reveló Inca, asegurando que él mismo participó en la mayoría de esas reuniones en las que se buscaba justicia.

    El activista indicó que los representantes de las víctimas de Senkata, incluidos casi un centenar de heridos y unos 30 detenidos por supuesto terrorismo, sufrieron persecución de los servicios de inteligencia estatal.

    "Era sospechoso cómo después de reuniones de diálogo con el Gobierno desaparecían los celulares, en especial de las presidentas de las asociaciones de familiares de fallecidos, de heridos, y alguna vez también el mío, era para pinchar esos aparatos y vigilarnos", dijo.

    Según Inca, el "seguimiento continuo" a dirigentes alteños creó "un clima de temor, un amedrentamiento" para que cesen las exigencias de esclarecimiento de las masacres y castigo de los responsables.

    "Todo el año ha sido así, entonces no podíamos hablar con fuerza, ni protestar, ni refutar el relato oficial de la masacre, que el Gobierno quiso presentar como autoatentado, porque estaba ahí el dedo del señor Murillo, con la venia de la señora Áñez y del señor (ministro de Defensa, Luis Fernando) López", resumió.

    Retardación

    Inca dijo que la Fiscalía abrió una investigación solo semanas después y se concentró en los sucesos de Senkata, dejando de lado otros "asesinatos de civiles" en sucesos previos derivados también de las protestas contra el golpe.

    Esa investigación, afirmó, no avanzó y por el contrario, se convirtió en otra situación amenazante para las familias de las víctimas.

    "Un fiscal decía por ejemplo, usted ha perdido un hijo, tiene que decirme dónde ha muerto ese hijo y si no me lo dice usted va a ir a la cárcel; o a usted lo han herido, ahora me tiene que señalar con nombre preciso a ese comandante o a ese Policía que lo ha herido, o usted va a ir a la cárcel por encubrimiento", relató.

    Inca agregó que en este momento, "las esperanzas de justicia están puestas en la CIDH".

    El organismo internacional tiene previsto iniciar el próximo lunes 23 su investigación, que según ha prometido el nuevo Gobierno socialista instalado el 8 de noviembre, abarcará todos los hechos de violencia política de 2019, desde los días previos a la caída de Morales hasta las masacres de opositores a Áñez.

    La investigación de la CIDH debió realizarse en el primer semestre, pero el Gobierno transitorio la pospuso arguyendo dificultades logísticas y luego resultó postergada por la pandemia de COVID-19.

    Etiquetas:
    derechos humanos, castigo, masacre, represión, Bolivia
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