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    Un juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador llamó a juicio al exlegislador Eliseo Azuero, y al exsubdirector del Servicio Nacional de Contratación Pública, Jorge Jalil, por el presunto delito de delincuencia organizada en el desvío de fondos para la construcción del hospital público de Pedernales, informó la Fiscalía General.

    "El juez nacional Marco Rodríguez acogió parcialmente el dictamen acusatorio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y dictó auto de llamamiento a juicio contra Eliseo Azuero, exasambleísta; Jorge Jalil, exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada", expresa el comunicado.

    Dentro del mismo delito, el juez llamó a juicio otras tres personas y ratificó la prisión preventiva para todos los procesados.

    Adicionalmente dispuso la retención de cuentas, acciones y participaciones, así como la prohibición de enajenar bienes por un monto de 8 millones de dólares.

    Dicha cifra corresponde al 50% del anticipo para financiar la construcción del hospital de Pedernales, en la provincia costera de Manabí.

    De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, dicho anticipo habría sido desviado por un presunto grupo estructurado, del cual formarían parte los acusados, con el objetivo de obtener beneficios económicos de forma ilegítima.

    Pese al llamado a juicio, el caso quedó suspendido para los prófugos Azuero, exasambleísta de la Bancada de Acción Democrática (BADI), afín al oficialismo, y Jalil, debido a que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia, según la ley penal de Ecuador.

    El juez ordenó que se comunique a la Policía Nacional para que ambos sean ubicados y capturados.

    Por el mismo caso, otros ocho procesados fueron condenados a 54 meses de prisión, entre ellos el exasambleísta Daniel Mendoza, expresidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional (Parlamento).

    Durante el juicio, Mendoza señaló a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, como supuesta articuladora entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de un reparto del manejo de hospitales públicos a varios legisladores a cambio de favores políticos.

    Según el acusado, a cambio de apoyo político, los asambleístas, principalmente del oficialismo y del BADI, habrían recibido cargos públicos que les permitieron acordar contratos e incluso recibir dinero, en negociaciones que habrían sido avaladas desde el Ministerio de Gobierno.

    Mendoza aseguró que 19 congresistas estarían al mando de hospitales en las provincias de Pichincha (norte), Santo Domingo (oeste), Guayas (oeste), Manabí (oeste), Santa Elena (oeste), Sucumbíos (este), El Oro (oeste), Cotopaxi (centro), Bolívar (centro) y Napo (este).

    Romo ha negado dichas acusaciones señalando que se trata de una venganza por parte del exasambleísta sentenciado.

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    Ecuador, corrupción
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