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    QUITO (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso sobre la detención ilegal y ejecución extrajudicial de un ciudadano en Ecuador, informó el organismo en un comunicado.

    "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 6 de noviembre del 2020 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Joffre Antonio Aroca Palma y familia respecto de Ecuador", dice la declaración.

    El caso refiere a la detención ilegal y arbitraria de Joffre Antonio Aroca Palma en febrero de 2001, así como a la situación de impunidad en la que permanecen los hechos, indicó la CIDH.

    En su informe, la comisión observó que no fue un hecho controvertido que Joffre Aroca falleció el 27 de febrero de 2001 como consecuencia del disparo de un arma de fuego efectuado por un agente policial en funciones.

    Por el contrario, según la CIDH, el Estado ecuatoriano reconoció que el agente disparó y que se inició una investigación para determinar y sancionar lo ocurrido, lo cual terminó en una sentencia condenatoria en el fuero policial en contra del autor del hecho.

    El marzo de 2001, familiares de la víctima presentaron una denuncia por el delito de asesinato ante un Juzgado de lo Penal de la provincia del Guayas (oeste), acusando a un agente de policía como presunto autor del hecho y a otros dos como encubridores.

    El supuesto autor fue puesto en prisión preventiva y recluido en un cuartel policial; sin embargo, al año salió libre por la dilación del proceso.

    Una vez en libertad, el agente recibió sentencia condenatoria de ocho años de reclusión, pero no la cumplió porque se fugó.

    Según la CIDH, al aplicar la justicia penal policial, Ecuador violó los derechos a las garantías y de protección judicial, específicamente el derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial, así como a contar con un recurso judicial adecuado y efectivo.

    El proceso entablado ante la justicia ordinaria continúa abierto después de 18 años de ocurridos los hechos.

    La CIDH considera que a la fecha el caso se mantiene en impunidad y que el Estado ha incumplido su deber de garantizar una adecuada investigación para identificar y sancionar a todas las personas responsables de la muerte de Aroca.

    Medidas de reparación

    En su informe, la CIDH recomienda que el Estado repare integralmente las violaciones de derechos humanos, incluyendo una justa compensación por el daño material e inmaterial, así como medidas de satisfacción debidamente concertadas con los familiares de Aroca.

    También pide realizar una investigación completa y efectiva de las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo, así como desplegar todos los esfuerzos para capturar al autor del hecho para que cumpla la condena, y que se investiguen todas las demás responsabilidades en el ámbito de la justicia penal ordinaria.

    La CIDH también recomienda a Ecuador disponer de mecanismos de no repetición a través de programas de capacitación permanente a agentes policiales sobre el uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal.

    De igual manera, plantea que se tomen medidas para asegurar la efectiva rendición de cuentas en el fuero penal, disciplinario o administrativo, en casos de presunto abuso de poder por parte de agentes del Estado a cargo de la seguridad pública.

    La CIDH también sugiere adoptar medidas para fortalecer la capacidad investigativa, con la debida diligencia y de conformidad con los estándares internacionales sobre posibles ejecuciones extrajudiciales en el marco del uso de la fuerza letal por parte de funcionarios policiales, de manera que existan protocolos eficaces para realizar dichas investigaciones.

    Etiquetas:
    CIDH, ejecuciones extrajudiciales, Ecuador
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