"Actuamos en estricta sujeción a un mandamiento legal que debe cumplirse y en las siguientes horas esperamos contar con una información veraz, cierta, acerca del lugar en el que se encuentran las exautoridades", dijo a reporteros Aguilera, quien juró el 10 de noviembre como máximo jefe policial del país.
Los ministros procesados son los de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, hombres fuertes de la administración de Áñez, procesados por supuestas irregularidades en una compra de materiales antidisturbios para la Policía.
La Fiscalía emitió el 5 de noviembre, tres días antes de la posesión del nuevo Gobierno socialista de Luis Arce, órdenes de arraigo o prohibición de salir del país contra las dos exautoridades y el 16 de noviembre se confirmó que había ordenado simultáneamente la detención de los procesados.
Paradero desconocido
El paradero de Murillo y López era oficialmente desconocido hasta la mañana de este 17 de noviembre, mientras en medios y redes sociales se divulgaban reportes contradictorios sobre su supuesta huida al extranjero.
Aguilera, un oficial relegado a segundo plano por el Gobierno de Áñez, advirtió que la búsqueda de los dos ministros no debía ser interpretada como una persecución, en alusión a la "cacería" que el exministro Murillo había ordenado contra miembros de los pasados gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
"Si alguna vez la Policía boliviana ha sido utilizada con esos fines [de persecución], estoy seguro que hoy tenemos la oportunidad de reivindicarnos y de evitar que esto siga sucediendo", dijo Aguilera a la red Uno de televisión.
Aseguró que la Policía trataría a Murillo y López "respetando la ley, tratando a todos por igual, con equidad".
Según la investigación, el Ministerio de Defensa habría intervenido ilegalmente en una compra de materiales antidisturbios que correspondía realizar al Ministerio de Gobierno, en un proceso en el cual se cambiaron las especificaciones y se utilizaron los servicios de un intermediario no autorizado.
Los gases lacrimógenos y otros materiales comprados sin licitación por más de cinco millones de dólares —el doble del precio del mercado— eran de industria brasileña aunque el proveedor estaba registrado en Estados Unidos, agregó el informe de la investigación.
