En una carta enviada el 9 de octubre y firmada por funcionarios como la relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, Clement Nyaletossi Voule, así como el relator especial sobre Tortura, Nils Melzer, se pide al Gobierno mexicano aclarar los puntos del acuerdo en vigor desde el 12 de mayo sobre el papel de las fuerzas castrenses en las calles.
Por otra parte, la ONU reclamó que la Guardia Nacional actúe de facto como un cuerpo militar, debido a que sus elementos provienen de las filas del Ejército y la Marina. Asimismo, advierte que los miembros de ambas dependencias han sido señalados en el pasado por el uso sistemático de la fuerza, lo cual ha implicado la comisión de delitos como tortura, violación sexual, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
El 23 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México respondió a la carta de la ONU, aunque en su réplica no aclara las dudas sobre los temas expuestos por los expertos de la entidad internacional, informó Proceso.
La sentencia, emitida por el juez octavo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, es parte de un juicio de amparo promovido por la organización social México Unido Contra la Delincuencia, con el cual se busca impedir que el Gobierno use a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera permanente.
Aunque el mandatario mexicano ha justificado que el apoyo militar sólo se presentaría en situaciones "extraordinarias" y está subordinado a un mando civil, varios especialistas y organizaciones civiles han advertido que el acuerdo abre la puerta a una amplia intervención militar en tareas de seguridad, ya que no fija plazos claros, ni garantiza la subordinación civil o controles externos a su actuación en esas labores.
