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    La Fiscalía General de la República (FGR) en México clasificó como información reservada y confidencial los avances en su indagatoria por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pese a que en 2015 el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información había ordenado desclasificar la investigación.

    Los nuevos tomos del expediente reservado contienen datos y hallazgos que han llevado tanto a la FGR como al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a aseverar que la llamada Verdad histórica de este caso, presentada por la administración de Enrique Peña Nieto en 2015, "se ha caído".

    Entre octubre de 2015 y noviembre de 2018 la Procuraduría General de la República (PGR, actual FGR) reveló poco más de 600 tomos de su investigación en un micrositio diseñado para ello. No obstante, desde diciembre de 2018 la institución dejó de hacerlo.

    "A partir del último tomo que se encuentra en versión pública, en el portal de la institución se consideran (los tomos solicitados desde esa fecha) información reservada y confidencial, de conformidad con el artículo 110, fracciones VII y XII, y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia […]", dijo la FGR en respuesta una solicitud de información de Animal Político.

    La Fiscalía reconoció que existe una averiguación previa en curso bajo el número AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre. Sobre su clasificación, señaló que se trata de casos en curso que no pueden transparentarse, debido a que ello pone en riesgo la presunción de inocencia de los posibles implicados, el debido proceso y el éxito de la indagatoria.

    "La información y documentos, que se encuentran contenidos en el expediente de averiguación previa está bajo resguardo de los servidores públicos, quienes deben evitar a toda costa poner en riesgo la seguridad de las víctimas, así como la suya, y la investigación", agregó.

    En febrero de 2015, el INAI determinó de manera unánime hacer pública la averiguación previa del caso Ayotzinapa. Se trata de la primera ocasión en que se ordenó retirar la clasificación de información reservada a una averiguación o carpeta de investigación de la entonces PGR.

    Para ordenar la apertura del expediente, el INAI desestimó argumentos muy similares a los que presenta ahora la Fiscalía. Entonces, sus consejeros concluyeron que esa reserva no justificaba el derecho de la sociedad a conocer sobre un caso de violaciones graves a los derechos humanos.

    La resolución solo implicaba transparentar la indagatoria hasta su avance de febrero de 2015, pero el INAI determinó publicar proactivamente versiones públicas de los tomos conforme se fueran integrando nuevos datos. Aunque dejar de transparentar los nuevos tomos de la averiguación no es un hecho ilegal por sí mismo, esta decisión podría ser revocada, adelantó a Animal Político el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña.

    El 28 de enero de 2015, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que los 43 normalistas de Ayotzinapa habían sido asesinados, al tiempo que sus restos habían sido incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan, en el municipio de Cocula, Guerrero.

    "Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy", declaró.

    La investigación estuvo a cargo de Tomás Zerón, actualmente buscado por las autoridades mexicanas. Ese funcionario aseguró que el crimen se debió a que miembros del grupo criminal Guerreros Unidos confundieron a los normalistas como integrantes de su grupo antagónico en la región, Los Rojos.

    El 30 de junio de 2020, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, anunció que había solicitado la aprehensión de 46 exfuncionarios de Guerrero a quienes acusó de desaparición forzada y delincuencia organizada. Según el fiscal, algunas de estas personas eran sospechosas por su involucramiento en la desaparición de los estudiantes normalistas.

    "Se acabó la verdad histórica", sentenció ante periodistas.

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