En un comunicado, la Fiscalía informó que la denuncia fue presentada el pasado 19 de octubre contra "el senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz [uno de sus exasesores] y otros 15 investigados".
Están acusados de delitos de peculado, blanqueo de dinero, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal, ocurridos entre 2007 y 2018.
A pesar de que la formalización de la denuncia se hizo pública este 4 de noviembre, la prensa brasileña ya adelantó a finales de septiembre su contenido.
El propio senador brasileño se defendió de la denuncia, diciendo que la investigación está llena de "atrocidades".
"No cometí ninguna ilegalidad; el Ministerio Público de Río comete una serie de errores bizarros en su "denuncia" en vísperas de las elecciones municipales", escribió el senador en las redes sociales, criticando a los investigadores "que promovieron todas esas atrocidades".
Entre esas supuestas irregularidades procesales, el político cita el acceso a informaciones confidenciales sin ningún fundamento, el uso del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) como un órgano investigador, la informalidad en el intercambio de informaciones entre órganos públicos o el cálculo equivocado en la evolución patrimonial.
Los abogados del senador, Luciana Pires, Rodrigo Roca y Juliana Bierrenbach, también expresaron su desacuerdo con la denuncia en un comunicado en el que subrayan los "vicios procesales y los errores de narrativa".
Además, aseguran que la denuncia es "inviable" y no será aceptada porque "no pasa de una crónica macabra y mal engendrada".
Los abogados resaltaron que en cuanto sean notificados formalmente presentarán un documento de defensa en el que recopilarán todos los defectos de forma y de fondo de la denuncia.
Según la investigación, el senador usó al menos 2,7 millones de reales (470.000 dólares) en dinero en efectivo en el llamado esquema de las rachadinhas.
Algunos de esos asesores nunca llegaron a trabajar en la Alerj y son considerados "trabajadores fantasma" por los investigadores; Flávio Bolsonaro los nombraba únicamente para poder sustraer parte de su salario.
El dinero era blanqueado y volvía al ahora senador a través de transacciones inmobiliarias, una tienda de chocolates situada en un centro comercial de Río de Janeiro y con el pago de gastos personales con dinero en efectivo, para ocultar su origen irregular.
