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    QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a través de uno de sus dirigentes, Leonidas Iza, pidió que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de paso al juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por supuesto incumplimiento de funciones durante el paro de octubre de 2019.

    "Esta Comisión de Fiscalización debe dar paso al juicio político a la señora María Paula Romo", dijo el presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza, organización filial de la Conaie.

    Iza compareció vía telemática como testigo de cargo en la etapa de pruebas para el proceso de un juicio político contra Romo, propuesto por tres asambleístas de oposición al régimen del presidente Lenín Moreno.

    El dirigente dijo que la eliminación de los subsidios a los combustibles decidida por el ejecutivo el año pasado dio lugar a la movilización del movimiento indígena, a la que se sumaron sectores populares de diferentes ciudades, principalmente de la capital ecuatoriana, Quito.

    Aseguró que con el pretexto de una escalada de violencia, el Gobierno puso en marcha una operación sistemática para reprimir las manifestaciones, tratando de imponer la tesis de que las protestas eran parte de un plan de desestabilización orquestado entre Cuba, Venezuela y Rusia para derrocar al jefe de Estado.

    De acuerdo con Iza, una muestra clara de que no hubo un intento por derrocar a Moreno fue el retorno de los indígenas a sus comunidades, apenas el mandatario firmó la derogatoria del decreto que elevó los precios de los combustibles.

    "Si el levantamiento hubiera sido un hecho político, seguramente con esa fuerza habríamos continuado los siguientes días hasta derrocarlo", subrayó.

    Durante la misma comparecencia, el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, deslindó cualquier responsabilidad individual por parte de los dirigentes indígenas en la retención de policías y periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura del Ecuador (CCE), en el centro norte de Quito.

    Según Vargas, en ningún momento hubo un uso progresivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, sino que "la represión fue brutal".

    Durante las movilizaciones y protestas de octubre de 2019 hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.

    En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras una visita a Ecuador señaló que se deben investigar tanto las denuncias del uso excesivo de la fuerza cometido por los agentes de la Policía y de las fuerzas de seguridad, como las agresiones y saqueos por parte de la población, pues la protesta social es legítima cuando se desarrolla de forma pacífica.

    Etiquetas:
    juicio político, Ecuador, Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), indígenas
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