Según el Servicio Electoral de Chile, la jornada electoral del 25 de octubre fue la mayor votación en números absolutos de la historia chilena. Más de 7,5 millones de electores sufragaron, lo que representa el 50,90% del padrón, en un país donde el voto no es obligatorio.
Fue un poco más del 78% de los ciudadanos que se manifestó a favor de redactar una nueva Constitución, frente a un apenas 21% que lo hizo en contra. A lo que se suma que el 79% de quienes votaron por redactar la nueva Carta Magna eligieron el mecanismo de la Convención Constitucional para hacerlo, lo que implica que los 155 integrantes de este órgano serán votados en las elecciones que se realizarán el 11 abril de 2021.
"El Gobierno sufre un impacto bien fuerte [con este resultado], particularmente Piñera porque al llegar al Gobierno habían decidido no hacer y avanzar cualquier cambio constitucional. Esa era la política de Piñera al entrar al Gobierno", explica a Sputnik Claudio Fuentes, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte y académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.
Fuentes recuerda que durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) se intentó hacer un cambio constitucional. "La derecha no había querido, y por lo tanto, en el Acuerdo para avanzar al cambio constitucional a partir de las protestas sociales, el Gobierno de Piñera y particularmente él, no había estado de acuerdo en esta hoja de ruta. Sin embargo, los hechos los llevaron a tener que aceptar", puntualiza.
Estos contundentes resultados debilitan a los sectores más conservadores del país, junto con el propio Gobierno que, si bien trató de mostrarse neutral frente al referéndum, acusó el golpe, debido a que su coalición se dividió frente al plebiscito, con sectores que se manifestaron abiertamente por el Rechazo y quienes lo hicieron por el Apruebo, pero que se jugaron por la Convención Mixta (mitad parlamentarios en ejercicio y mitad elegidos).
Para el politólogo, si bien el Gobierno queda aún más debilitado de lo que ya estaba, es la figura de Sebastián Piñera, su personalidad, la que hay que tomar en cuenta en este tiempo en que se deben definir las nueva reglas para la generación de una nueva Constitución. "Él quiere tener siempre incidencia, él quiere pasar como un presidente con algún legado, ya ha estado planteando ideas constitucionales y por lo tanto yo creo que él como personaje político, aunque va a tener una baja aprobación, seguramente va a estar intentando incidir".
Porque, como bien explica Fuentes, "acá lo que está en juego de parte de la élite económica y de la derecha, es el modelo económico, el modelo político, el control político que han ejercido. Por lo tanto, yo creo que va a intentar ser el articulador de un proyecto conservador en lo que va a ser el debate constitucional en la convención".
Los pasos que vienen y la participación ciudadana
Tras el histórico referéndum del domingo 25 de octubre se viene, en el itinerario constituyente en Chile, la elección de los miembros de la Convención, prevista para el 11 de abril de 2021, para dar paso a la discusión y redacción de los contenidos de una nueva Carta Fundamental, que puede durar un año, y luego realizar el llamado plebiscito de salida, que ratificaría o no esta nueva propuesta constitucional.
Son justamente los dos primeros pasos los que abren nuevamente el debate sobre la representatividad, participación y legitimidad ciudadana, en un país donde históricamente sus procesos constitucionales han surgido desde los grupos privilegiados de la sociedad.
Una realidad que, tras la revuelta social del 18 de octubre de 2019, ha cambiado porque a partir de "ese acuerdo intra-elite, con el nivel de descrédito de las élites políticas, de los partidos, lo que vemos es una emergencia, algo desarticulada pero muy potente, de una sociedad civil que reclama espacios de participación y de decisión".
Espacios que según la ley 21.200 que rige este proceso constituyente, se hará a través de un sistema proporcional de listas similar al que debutó en la última elección parlamentaria en el país sudamericano y, de acuerdo al tamaño del distrito, se elegirán entre tres a ochp representantes.
Se le agregará una corrección de resultados para asegurar la paridad de género, la que estará asegurada tanto "de entrada" como "de salida". Esto implica que se requerirá que las listas sean paritarias, a menos de que sea un número impar de candidatos, caso en el que ningún sexo podrá superar al otro en más de un candidato.
Opinión que comparten muchos grupos de la sociedad civil organizada, de los territorios, de las juntas de vecinos, de colectivos autoconvocados que ven trabas en esta ley que asegura la representación de los partidos, no así de los independientes, tanto en número como en financiamiento.
"Hay un obstáculo más grande que es el financiamiento de campañas. Se necesita mucha plata para hacer campaña para un cupo como el de convencional o como el de diputado. Ahí sí hay un problema grave, es que los independientes van a tener una dificultad para conseguir el financiamiento para hacer sus campañas", señaló Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Técnica Constitucional, en Facebook live de la Universidad de Chile sobre los pasos del proceso de redacción de la nueva Constitución.
Para la académica, la extrema elitización y oligarquización del sistema político chileno "se debe en gran medida a que para llegar a un cargo de representación las personas deben endeudarse", por lo que existe una gran desigualdad al competir por un cargo de representación popular. Por eso ella cree que es importante el financiamiento público de la política, porque "es la forma más democrática de competir por ideas y no por quien tiene más plata para hacer propaganda", aunque resulte impopular en estos tiempos.
Para Claudio Fuentes en este periodo "lo que vamos a ver seguramente es que va a haber una presión ciudadana", una batalla que ya se está empezando a ver, "de generar mecanismos de cómo la ciudadanía se hace parte de esta Convención".
"Los partidos políticos están presionados para generar mecanismos e instrumentos de participación efectiva para que todo el proceso de cabildos comunales, autoconvocados. O sea, el juego político, el juego de la Constitución va a depender mucho de cuánta apertura haya. Si la Convención es abierta va a tener mucha más legitimidad, y por lo tanto va a haber una presión para que exista esa participación más efectiva de la sociedad civil", opina.
Eruditos versus pueblo
"Yo aspiraría sería a una Convención lo más diversa posible, diversa socioeconómicamente, diversa étnicamente, diversa en términos de género, de personas con distintas capacidades, de conocimiento, ojalá que haya abogados, que haya una comisión redactora dentro de la Convención que escribe Constitución propiamente tal, porque requiere una técnica", indica.
"Pero tiene que haber este otro componente porque, si no, el grado de lealtad que genera después con esas constituciones es muy bajo. Si es que está escrita por un grupo de notables que se va a la playa, vuelve y dice 'aquí está la constitución perfecta', ya no funciona", añade.
"O sea son preguntas bien básicas que emergen y que nos hacen a todos, a periodistas, a todo el mundo, empezar a reconectarnos con lo que es el civismo, y yo creo que esa parte del proceso es clave para una dinámica de una Constitución que define el cómo queremos convivir", agrega.
Rol de la presidencia en esta transición
A partir de este 25 de octubre se entró en un proceso de transición, según Fuentes, y considera que lo que debiera pasar es algo similar a lo que sucedió en Colombia, donde el Gobierno tuvo un rol garante del proceso, "porque estamos en una transición, o sea, es un momento donde se está escribiendo la Constitución. Por mientras, un gobierno va a estar administrando el poder, y esa administración de poder debiese ser sin reformas constitucionales".
Sin embargo, es incrédulo frente a esto. "Piñera tiene un impulso de querer ser el presidente, que de hecho ya se apropió de que este proceso más o menos lo creó él, y él ya ha hecho propuestas constitucionales. Seguramente va a hacer una propuesta constitucional más detallada, porque él tiene una ambición de pasar a la historia, y por lo tanto seguramente va a intentar hacer eso".
Una Constitución moribunda un sistema socioeconómico aún con vida
"La Constitución ha sido desahuciada, un doctor, que es la ciudadanía, vino y le dijo: 'Esto tiene fecha de término, de muerte, y la fecha de muerte va a ser septiembre del 2022'".
Lo vivido el 25 de octubre, resultado de la revuelta social iniciada en octubre de 2019, es para los especialistas es una nueva fase de transición, en la que se sentenció a muerte a la Constitución de 1980 heredada de la dictadura de Pinochet, pero no así al sistema político y económico que ha sustentado por 40 años.
En su opinión, el sistema político es un actor dominante en lo que viene, porque va a depender mucho del tipo de correlación de fuerzas que se logre en la Convención, el tipo de resultado que se van a obtener.
"Obviamente vamos a tener más Estado, vamos a tener menos mercado, más regulación del mercado, esas lógicas yo creo que eso se va a dar. Vamos a sacar mucho de la privatización de derechos, por ejemplo, de aguas y otros de la Constitución. Eso por seguro va a pasar, pero eso no significa que todo el modelo vaya a terminar, ahí va a depender mucho de la correlación de fuerzas que exista".
