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    En las últimas semanas han surgido diversas denuncias periodísticas que apuntan a la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México (2012-2018).

    La primera de ellas señalaba que su administración financió una operación de espionaje para vigilar a personajes como el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al hoy canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, a la presente jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a diversos políticos y servidores públicos de alto nivel.

    Según datos publicados por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el centro de espionaje operó entre 2016 y 2018 en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, de la colonia Centro, desde el cual se vigilaron teléfonos de civiles, funcionarios de la ciudad y políticos.

    El espionaje tenía la intención de obtener información privada de López Obrador, su familia, colaboradores y militantes de Morena para utilizarla con fines electorales. Del mismo modo, se daba seguimiento otras personas de interés, como excontratistas y funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, a fin de obligarlos mediante extorsiones a negociar con las autoridades, según testimonios recabados por MCCI.

    Aunque Mancera negó públicamente cualquier asociación con esa operación, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) llamó a declarar a 30 personas relacionadas con las denuncias. El 23 de septiembre, la entidad informó que indagaba sobre las actividades de espionaje, ya que habrían sido acciones realizadas por servidores públicos ajenas a sus facultades y atribuciones establecidas por la ley.

    Desde 2019 la Fiscalía capitalina comenzó a perseguir a otros excolaboradores de Mancera por presuntos actos de corrupción. Tan solo ese año, el operador financiero de su gobierno, Miguel Ángel Vásquez Reyes, la exsubsecretaria de planeación financiera de la Secretaría de Finanzas, Berenice Guerrero Hernández, así como el director de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), Fernando Javier Linares, fueron detenidos por acusaciones de uso ilegal de sus atribuciones como funcionarios.

    Asimismo, el 26 de septiembre la FGJCDMX anunció la búsqueda de cuatro excolaboradores de alto nivel durante el gobierno de Mancera por su presunta participación en actos de corrupción: el extitular de Obras y Servicios, Edgar Tungüí y el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, se encuentran entre los acusados.

    El 8 de octubre, sin embargo, las sospechas sobre el gobierno de Miguel Ángel Mancera dieron un giro inesperado. Ese día fue detenido el exdirector general de construcción de obra civil en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jorge Eduardo Herrera, en el estado de Querétaro.

    Este exfuncionario es considerado como presunto responsable de una contratación indebida de empresas privadas y el pago a sobreprecio de la demolición de varios edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Herrera era uno de los principales colaboradores de Edgar Tungüí, quien ha sido señalado por presuntamente desviar recursos destinados a la reconstrucción de viviendas tras el terremoto en la Ciudad de México.

    Además, el 21 de septiembre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que investiga a una red de colaboradores cercanos a Mancera por presuntamente impulsar desarrollos inmobiliarios y otorgar contratos de manera indebida.

    Entonces, el nombre del excoordinador de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo, Fausto Galván Escobar surgió como parte central de un cártel supuestamente establecido para beneficiar a un grupo de empresas con diversos contratos de obra pública durante la administración de Mancera.

    Con relación a esto, MCCI publicó una nueva investigación periodística, la cual apunta a que el exsecretario particular de Miguel Ángel Mancera, Luis Ernesto Serna, habría gastado 23 millones de pesos (1.100.000 dólares) en una tarjeta a nombre de Jack Landsmanas, dueño del corporativo Kosmos, uno de los principales contratistas del gobierno de la Ciudad de México.

    Igualmente, denunció que, entre 2014 y 2016, la esposa de Serna, María de los Ángeles Simón, quien es ama de casa, adquirió cuatro propiedades con un valor comercial de 31,8 millones de pesos (1.500.000 de dólares). De ellas, tres fueron pagadas de contado, mientras que la cuarta correspondió a una donación. Ninguno de ellos fue declarado por Serna.

    El 21 de octubre, Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un cateo en un domicilio de Luis Serna ubicado en la colonia San Ángel. Del mismo modo, reportes de prensa indican que la UIF ya rastrea algunas cuentas bancarias en el extranjero involucradas en el caso del Cártel Inmobiliario, algunas de las cuales ya han sido congeladas.

    En ese contexto también se dio a conocer que Miguel Mancera había sido inhabilitado por la Contraloría de Justicia de la Ciudad de México para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública de la capital por un año debido a que transgredió las normas electorales en 2018.

    El castigo proviene de una queja presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en marzo de 2018 contra Mancera Espinosa, por la difusión de promocionales en radio y televisión en favor de Ricardo Anaya, entonces candidato a la presidencia de México.

    Etiquetas:
    Ciudad de México, México
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