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    LA PAZ (Sputnik) — Una comisión legislativa boliviana estableció que los 27 manifestantes muertos en las protestas que siguieron al golpe de 2019 fueron víctimas de armas de militares y policías, contradiciendo la versión oficial de que habrían caído por balas "amigas", informó el diario La Razón.

    "El informe de balística que recibió la comisión determinó que los fallecidos fueron alcanzados por proyectiles letales cuyo armamento es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía", dijo el medio citando al diputado Víctor Borda, jefe de esa comisión que investigó los hechos durante siete meses.

    El diputado, del Movimiento Al Socialismo (MAS), indicó que el informe, que podría derivar en el planteamiento de juicios contra altas autoridades del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, será presentado el próximo lunes 26 al Parlamento, que tiene prevista para esa fecha una sesión especial de fiscalización.

    Las represiones de noviembre pasado de fuerzas combinadas militares y policiales a las protestas contra Áñez, que dejaron al menos 27 muertos, fueron etiquetadas como masacres en reportes de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denunciaron la responsabilidad gubernamental.

    Borda reveló que veinte de los manifestantes cayeron "por impactos de bala" en sucesivos choques en Sacaba (Cochabamba, Centro) y en la barriada de Senkata (El Alto) y los otros siete en zonas rurales de La Paz, Potosí (sur) y Santa Cruz Cruz (este).

    "Se ha verificado que el calibre de 5,5 milímetros es un armamento moderno que pertenece a las Fuerzas Armadas, es un armamento liviano que no se ha dotado a las tropas sino a oficiales. El calibre de 7,62 milímetros es un arma automática que usan exclusivamente las Fuerzas Armadas y el calibre 22 es armamento que es dotación de la Policía", señaló.

    Añadió que la comisión parlamentaria analizó informes forenses y más de 150 testimonios de ciudadanos comunes y expertos y declaraciones de comandantes, pero no recibió "ningún certificado médico forense de algún policía o militar que hubiera sido herido".

    El Gobierno transitorio, que mediante un decreto liberó a militares y policías de responsabilidades penales por la represión, ha mantenido la versión de que los uniformados no utilizaron fuerza letaldes en los disturbios de que siguieron al derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).

    "En noviembre, en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas", dijo reiteradamente el ministro de Defensa, Luis Fernando López, recapituló La Razón.

    El medio recordó también una declaración del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sosteniendo que "la mayoría de los muertos [en Sacaba y Senkata] son con bala en la nuca, en la espalda, en el costado", presuntamente disparadas por otros manifestantes.

    "Yo hasta ahora no conozco una bala que se haya fabricado que se dé la vueltita para entrarte por la nuca; no conozco. En un enfrentamiento, los tiros son en el pecho, en la cara; son de frente", aseveró Murillo.

    El Gobierno de Áñez, disconforme con el informe de la CIDH que condenó las masacres, acordó con este grupo continente la conformación de una comisión internacional independiente de esclarecimiento de los hechos, que hasta ahora no ha sido instalada.

    Etiquetas:
    masacre, Bolivia
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