En directo
    América Latina
    URL corto
    Por
    0 31
    Síguenos en

    La Ley Nº 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes en Argentina incrementó recursos dirigidos a perseguir consumidores y mulas más que a narcotraficantes. De este modo, se generó una criminalización selectiva y un encarcelamiento masivo que a su vez resultó en la sobrepoblación del sistema penitenciario.

    Hace tres décadas, Argentina sancionó una ley destinada al fracaso en la lucha contra el narcotráfico, exitosa en poner en práctica un enfoque punitivo que penalizó el consumo, sin encarar abordajes integrales desde la salud pública ni discriminar el consumo problemático de fenómenos como la producción de marihuana medicinal, funcional al modelo represivo presente en gran parte del mundo a pesar de que hay récord histórico en la producción y tráfico de drogas a nivel global.

    "Nos debemos urgentemente una modificación de la ley porque los resultados están a la vista. El crecimiento exponencial que hubo de la gente detenida en cárceles federales en estos últimos 20 años es inusitado. Cuatro de cada 10 personas están detenidas por delitos de drogas", dijo a Sputnik Ariel Cejas Meliare, adjunto interino de la Procuración Penitenciaria nacional, organismo oficial dependiente del Congreso que controla al Servicio Penitenciario Federal.

    El artículo 14 de la Ley de drogas argentina establece una pena de un mes a dos años de prisión a la tenencia con fines para consumo personal. En 2009, la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país, declaró inconstitucional dicho párrafo por vulnerar la esfera privada, protegida por el artículo 19 de la Constitución nacional.

    Pero la jurisprudencia contradictoria lleva a que esta protección no se cumpla en la mayoría de los casos, sobre todo entre la población pobre, impedida por obvias razones de una buena defensa judicial. El paradigma vigente mantiene intactas las estructuras del crimen organizado, que se beneficia del sobreprecio que ofrece el mercado clandestino, y no ofrece alternativas para el consumo problemático y la exclusión social, que generan un círculo vicioso.

    Hoy, 40% de las causas iniciadas en la Justicia federal son por tenencia para consumo. En la provincia de Santa Fe, donde se encuentra la ciudad de Rosario, que cuenta con una grave problemática de violencia vinculada al narco, 90% de las causas de drogas son por tenencia simple. Entre los años 2001 y 2009 se duplicaron las denuncias por este tipo y se registró un nuevo salto entre 2017 y 2019.

    Los datos publicados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) indican que el 67% de los casos de infracción a la ley de drogas registrados en el país durante el 2019 fueron por tenencia simple. Esto implica que no se prioriza el desarme de las redes de narcotráfico, sino que se persigue a consumidores, que en muchos casos se trata de adictos, y por otro lado a la población prescindible dentro de las maquinarias del narcomenudeo.

    "Fue creciendo en estos últimos dos años la criminalización de los delitos leves, la tenencia simple, tenencia para consumo, con fines de comercialización, que es el delito de pobreza, el último eslabón en la supuesta cadena de narcotráfico, y por otro lado, el contrabando bajó 60%", comentó Cejas Meliare.

    Es notoria la evolución de la persecución sobre estos delitos en los últimos dos años: creció 147% para tenencia simple atenuada para uso personal, 48% para tenencia simple, 396% para tenencia o entrega atenuada, 46% para comercialización y entrega, y 110% por organización y financiación. La actividad de las fuerzas federales en estos últimos años estuvo orientada 66% a la focalización en la persecución de tenencias de distintos tipos.

    Drogas: criminalización, discriminación y género

    En Argentina, los delitos relacionados a los estupefacientes son la principal razón de la población carcelaria femenina, según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de las Penas (SNEEP).

    Según datos del Servicio Penitenciario Nacional, del total de presos federales, 5,5% son mujeres, pero en la región del noroeste argentino (NOA), donde son mayores los casos detectados de contrabando en las fronteras con Bolivia, ese porcentaje supera el 34%.

    Entre 2016 y 2019, más de 25% de los detenidos totales fueron mujeres, y 90% de ellas fueron vinculadas a causas por drogas. En la mitad de los casos femeninos tuvieron una participación en el delito de tipo mula o camello, que transportan las dosis encima o dentro de sus cuerpos, y 30% admitieron haber sido amenazadas por sus parejas masculinas para realizarlo.

    En la provincia de Salta, 75% de las mujeres detenidas están presas por causas penales de drogas, muchas de ellas son ciudadanas bolivianas que fueron engañadas o usadas para transportar. La problemática de género es similar en otras provincias. En 2019, 14% de la población penitenciaria de Buenos Aires estaba detenida por narcomenudeo y la mitad de las mujeres privadas de libertad estaban recluidas por delitos de este tipo.

    Desde amplios sectores de los organismos de derechos humanos insisten en la necesidad de una reforma inmediata de la ley para posibilitar penas de cumplimiento condicional que permitan la reinserción social y laboral en el caso del comercio minorista, que prevea mínimas por debajo de los tres años cuando hoy van de cuatro a 15 años.

    "Engañan a las personas por pasar la bolsa o el bagayo y ese microtráfico es el que termina detenido y sin posibilidad de excarcelación, que es lo más grave. Hay que tipificar bajar los mínimos de la calificación para este tipo de delitos no peligrosos. La solución no puede ser la cárcel para esta gente", mencionó el procurador penitenciario adjunto.
    Etiquetas:
    criminalización, encarcelamiento, narcotráfico, drogas, política antidrogas, consumo, Argentina
    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía SputnikComentar vía Facebook