"Nosotros teníamos una deuda pendiente, una asignatura pendiente con el pueblo de Nicaragua porque debimos esperar décadas para poner en el tapete de este plenario la discusión sobre si Nicaragua tiene o no el derecho de contar con una Ley RAE, como la tienen la mayoría de los estados modernos en este planeta", argumentó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente la Comisión de Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Legislativo.
La iniciativa de ley, presentada el 22 de septiembre por la bancada del FSLN, crea un marco jurídico regulatorio para las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o foráneas, que actúen como representantes de gobiernos, instituciones u organismos extranjeros y para ello reciban financiamiento desde el exterior.
El texto legal exonera del registro como agentes extranjeros a organismos intergubernamentales de carácter humanitario, misiones diplomáticas, agencias de cooperación internacional y al personal de estas entidades debidamente acreditadas, medios de comunicación social internacionales y sus corresponsales, y a personas jurídicas de carácter religioso debidamente inscritas, según la ley específica de esa función.
Al presentar la ley, Gutiérrez insistió en que no se trata de una ocurrencia del Gobierno sandinista, pues los autores del proyecto revisaron legislaciones similares de países América del Norte, Asia y Europa, las cuales tomaron como marco de referencia.
La Ley RAE fue aprobada con el voto favorable de 70 diputados, 17 en contra y cuatro abstenciones.
