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    SAN SALVADOR (Sputnik) — El compromiso ambiental del Gobierno de El Salvador quedó en duda al rehusarse a ratificar el Acuerdo de Escazú, una decisión hasta cierto punto coherente con una administración acusada de ser poco transparente.

    El pasado 26 de septiembre venció el plazo para la ratificación de este convenio sobre el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, pactado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.

    Días antes, el presidente Nayib Bukele adelantó en una cadena nacional que no firmaría tal ratificación por discrepancias con dos artículos, los cuales no precisó, pero que estarían relacionados con los permisos ambientales a proyectos de desarrollo urbanístico.

    "Como El Salvador quisiéramos hacerles modificaciones a dos artículos... Lo firmaríamos si hicieran esos pequeños cambios. Parecerían de forma, pero son importantes para garantizar que se cuide el medio ambiente sin evitar el desarrollo de nuestros países", dijo Bukele.

    El mandatario insistió en que tiene una postura "totalmente a favor del medio ambiente", y resaltó las supuestas deficiencias de las administraciones anteriores para argumentar sus decisiones más cuestionadas, como esta.

    Según el jefe de Estado, en su país "siempre se aventaron todos los venenos, los residuos químicos, toda la basura, todo lo que viene de las alcantarillas, se sigue lanzando a nuestros ríos", lo cual no dejó indiferente a la comunidad ambientalista de El Salvador.

    El síndrome de la creación

    Ángel Ibarra, exviceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), desmintió las aseveraciones de Bukele y afirmó que el presidente padece "el síndrome de la creación".

    "Cuando él llegó no había nada, todo parece crearse como por arte de magia", comentó Ibarra en diálogo con Sputnik a propósito de la negativa gubernamental de ratificar el mencionado pacto, en su opinión, un paso atrás en materia ambiental.

    Patagonia chilena
    © Foto : Gentileza Ministerio Bienes Nacionales de Chile
    El pastor luterano y activista ambiental señaló que la gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) no solo estuvo en función de la sustentabilidad, si no que creó políticas públicas y mecanismos de regulación para proteger el entorno.

    De hecho, durante el mandato de Sánchez Cerén el país dejó de ser el más vulnerable del mundo ante el cambio climático, y se impulsó la declaración en las Naciones Unidas de la "Década para la Restauración de Ecosistemas 2021-2030".

    "Un gobierno que regula y establece marcos de funcionamiento para priorizar los intereses de la gente y la sustentabilidad va contra la lógica del neoliberalismo, que es lo que ahora gana fuerza en El Salvador", enfatizó Ibarra.

    Deudas con el medio ambiente

    Impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Acuerdo de Escazú busca la adopción de decisiones medioambientales transparentes y que garanticen la participación y regulación ciudadana.

    Este mecanismo obliga a publicar los estudios de impacto ambiental y las características de los proyectos propuestos, así como garantizar un entorno seguro para los defensores del medio ambiente.

    Tales postulados chocan en El Salvador con una administración que flexibilizó los permisos ambientales, recortó el presupuesto del MARN y propició la realización de proyectos de desarrollo urbanístico en zonas protegidas de la biosfera.

    De hecho, una investigación de la revista digital Gato Encerrado reveló que varios allegados a Bukele se beneficiaron con concesiones en áreas donde la construcción ha sido prohibida por su impacto en la biodiversidad local.

    "No me extraña que este gobierno, que se niega a rendir cuenta y a establecer mecanismos de sostenibilidad, también se oponga a facilitar el acceso a la información ambiental: es una actitud coherente con esa visión mercantilista de la gestión pública", agregó Ibarra.

    Para el exviceministro, las acciones del Ejecutivo en materia ambiental acentúan su opción por el neoliberalismo y su entrega a poderes facticos, que amenazan la participación democrática en el país.

    Por lo pronto, para le entrada en vigor del Acuerdo de Escazú era preciso que al menos 11 países lo firmaran y ratificaran, y solo 10 lo han hecho: El Salvador pudo ser el undécimo, pero, al parecer, tiene otras prioridades.

    Etiquetas:
    medioambiente, acuerdo, El Salvador
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