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    Homicidio frustrado, encubrimiento, obstrucción a investigaciones y falsificación son los delitos imputados contra la Policía chilena tras la caída de un adolescente de 16 años al río Mapocho en Santiago. Las infracciones revelan una profunda crisis de la institución uniformada, cada vez más cuestionada por su actuar desde el estallido social.

    Octubre empezó mal. El viernes 2, cerca de las 20:00 horas (-3 GMT), el joven de 16 años de iniciales A. J. A. A. cayó desde el Puente Pío Nono, ubicado al costado de la rebautizada Plaza de la Dignidad, al cauce del río Mapocho, tras ser empujado por un agente de Carabineros durante las manifestaciones sociales en los alrededores la plaza. 

    ​El episodio ha conmocionado a la sociedad chilena y puso nuevamente a la Policía uniformada en el centro del debate por su violento actuar, acusada de violar los derechos humanos de quienes protestan y que se ha vuelto más frecuente desde el histórico 18 de octubre de 2019, que dio inicio al estallido social de casi seis meses hasta que se declaró oficialmente la pandemia de COVID-19 en marzo.

    "Por muchos años Carabineros ha usado la fuerza de forma sistemática contra ciertos grupos de la población, especialmente los mapuche y los jóvenes de sectores populares, los secundarios también", señala a Sputnik, Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago, Ph. D. en Ciencia Política y experta en seguridad ciudadana en América Latina.

    "Ese uso de violencia no había generado tanta preocupación o molestia ciudadana. En verdad la gente había asumido y todos los ciudadanos asumíamos que estos eran temas como esporádicos, y cuando ya se salía un poco, entre comillas, de la normalidad, se expulsaba a un carabinero", añade.

    Lo cierto es que para la especialista estas prácticas se han venido desarrollando por muchos años, solo que se masificaron en el marco del estallido, "y obviamente al masificarse, esto generó enormes denuncias de derechos humanos, porque el uso de la violencia es algo que se nota y que es bastante permanente". Esto sumado a un contexto con enormes niveles de enfrentamientos y que "Carabineros no estaba preparado para enfrentar este tipo de circunstancias", detalla Dammert.

    Contradicciones, encubrimiento y falsificación

    Corresponsal de Sputnik en Chile, gaseada por Carabineros
    © Sputnik / Carolina Trejo
    Corresponsal de Sputnik en Chile, gaseada por Carabineros

    Tras caer al lecho del río el adolescente, quien quedó boca abajo sobre las aguas, fue auxiliado por otros jóvenes y rescatistas voluntarios, sin recibir ayuda alguna por parte de la Policía. Mientras las imágenes de lo sucedido se viralizaron a través de redes sociales, y la indignación y las críticas al accionar policial se apoderaron de la opinión pública, Carabineros negaba su participación.

    ​Fue el teniente coronel de Carabineros Rodrigo Soto quien entregó la primera versión de los hechos por parte de la institución uniformada, cerca de las 22:20 de ese viernes 2, la cual descartaba la participación de sus funcionarios. 

    "Por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río. Hay imágenes que van a ser puestas o ya fueron puestas, a disposición de la Fiscalía, quien se va a encargar de investigar e indagar este hecho", afirmaba el oficial.

    Al día siguiente el general en jefe de la Zona Oriente de Carabineros, Enrique Monrás, entregó una nueva versión de lo ocurrido:

    "El escuadrón hace un ejercicio de despeje y en esta situación, cuando Carabineros intenta detener a varias personas, uno de nuestros carabineros intenta detener a una persona y esta pierde el equilibrio y cae", sostuvo el oficial a la prensa.

    Todas estas declaraciones fueron desmentidas por las imágenes y testimonios que apuntaron a la participación directa de Carabineros, contradicciones que para Dammert solo dañan la imagen de la Policía que ya está menoscabada, y que solo se corresponden a prácticas antiguas.

    "La verdad es que me parece que el nivel de desprolijidad en la respuesta institucional es superior. No termino de entender cómo sabiendo que ellos mismos podían dinamitar todo el esfuerzo que habían hecho supuestamente para cambiar las prácticas, cambiar los uniformes, etc., cómo no tenían claros cuáles iban a ser los mecanismos de vocerías".

    La académica hace referencia al anuncio de la institución, realizado en diciembre, tras las denuncias y demandas surgidas contra Carabineros durante la revuelta social, de una serie de modificaciones en materias de regulación del orden público, incluyendo el cambio de denominación de los funcionarios de Fuerzas Especiales, a cargo de la represión de las manifestaciones, quienes pasaron a llamarse Unidades COP (Control del Orden Público).

    Modificaciones que nada sirvieron en esta nueva crisis, y que solo ratificaron conductas históricas de los funcionarios, como explica Dammert: "El recurso rápido es la autoprotección,  porque podrían haber salido a decir 'vamos a investigar, reconocemos que hubo un problema', pero efectivamente vuelven a la práctica antigua, y la práctica antigua son mecanismos de autoprotección".

    ​Junto con estas contradicciones, además de no prestar auxilio al menor, se sumó el intento de encubrir lo sucedido, según se detalló en la audiencia. Según la Fiscalía, Carabineros envío una minuta donde se informa que funcionarios, entre ellos el acusado, habrían realizado cuatro llamadas telefónicas, entre las 21:09 y las 23:30, a los fiscales de turno para informar que el adolescente que había caído al río, y luego había sido internado en la Clínica Santa María, estaba detenido. 

    Manifestante con cartel que alude al acto cometido por Carabineros contra el adolescente
    © Sputnik / Carolina Trejo
    Manifestante con cartel que alude al acto cometido por Carabineros contra el adolescente

    Toda esta información resultó ser falsa, según pudo indagar la fiscal Ximena Chong, encargada de la investigación, puesto que los médicos tratantes y la enfermera que recibieron al joven declararon que el paciente no llegó con custodia de Carabineros, ni tampoco ningún miembro de la Policía uniformada habría ingresado posteriormente al recinto médico a realizar el procedimiento policial que respaldara la supuesta detención. 

    El intento de encubrimiento de lo sucedido, para Dammert, es algo habitual, "porque han estado acostumbrados a hacerlo y han tenido pocas consecuencias al tomar este tipo de decisiones. Efectivamente, cuando las instituciones policiales tienen mayores niveles de control externo o menores niveles de impunidad, finalmente terminan limitando el uso de la fuerza y protegiendo mucho más a sus mismos miembros".

    Para ella definitivamente no son casos aislados, "sino más bien hay una larga lista de estas situaciones donde miembros de Carabineros se han visto involucrados en situaciones de violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza en los últimos años".

    Es así que la Fiscalía en pocos días y luego de indagar las causas de la caída del menor desde el Puente Pío Nono al río, no solo identificó y formalizó al carabinero Sebastián Zamora Soto como el responsable del hecho que le causó fracturas y contusiones graves, sino que también halló evidencias del intento de otros uniformados de esconder evidencias y falsificar documentos que desviaran la investigación de lo sucedido.

    Lo cierto, y frente a la pregunta de si con este hecho Carabineros tocó fondo, sobre todo respecto al tema de derechos humanos, expresa que "siempre puede ser peor".

    Entre la teoría y la práctica

    Carabinero con escopeta
    © Foto : Gentileza Leandro Torchio Olivares
    Carabinero con escopeta

    Para la cientista política y experta en seguridad ciudadana en América Latina, este caso demostró, una vez más, que la institución tiene muy pocos protocolos para saber efectivamente cómo se debe hacer el trabajo. 

    "Porque en el fondo cuando tú miras: hay cursos de Derechos Humanos, sí, sí hay. Hay formación en temas de derechos humanos, sí. Tienen relación con el INDH (Instituto de Derechos Humanos), sí. Tienen relación con la Cruz Roja, también. Pero el problema es que entre la teoría y la práctica se genera un espacio demasiado amplio, y es un espacio donde los niveles de control y vigilancia son muy bajos", detalla. 

    Por lo tanto, en palabras de la académica, "lo que vimos en este caso es que no se aprendió nada con el 18 de octubre y lo que vino después, y se trató de hacer lo mismo, es decir evitar responsabilidades, tratar de culpar a la víctima".

    Una situación que para muchos sectores de la sociedad chilena resulta dispar cuando se trata de manifestaciones de vinculadas a la  derecha, como fue el paro de camioneros y las marchas por la opción Rechazo en el próximo plebiscito, donde se resguarda a los participantes. 

    Para Dammert, lo que predomina en los procedimientos policiales "es un actuar de clase", y por ello no le parece extraño que por lo general la Policía tenga también un actuar ideológico. "Es muy distinta a la Policía que está en los sectores más pudientes o de la zona oriente que la Policía que están en los sectores de personas más vulnerables".

    Reestructurar o refundar la Institución 

    Manifestantes en el el Puente Pío Nono
    © Sputnik / Carolina Trejo
    Manifestantes en el el Puente Pío Nono

    Un día antes del incidente en el Puente Pío Nono, la ley que pretende modernizar a Carabineros, y que fue ingresada por el Gobierno de Piñera en 2018, fue aprobada con cambios por la Cámara de Diputados y pasó al Senado a tercer trámite.

    Es una reforma que pretende, según las autoridades, cambiar la gestión institucional, fortalecer la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Esta iniciativa  cobró relevancia tras los caso de malversación de caudales públicos por miembros de Carabineros, conocido como Pacogate, la Operación Huracán, montaje policial donde se crearon pruebas falsas contra mapuche, y el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca

    Ad portas de cumplirse un año del estallido social, se pone nuevamente en el debate público el tema de la violencia policial y la refundación de Carabineros, a lo que se se suma la agresión cometida contra el adolescente de el puente Pío Nono, y el posterior encubrimiento.

    El Gobierno, por su parte, ha manifestado un apoyo irrestricto a la institución, tendiendo un manto protector que genera una sensación de impunidad frente a delitos graves a los derechos de las personas. La ciudadanía, en cambio, se siente cada vez más amenazada por una institución que debiera estar para el servicio y protección de las personas.

    Para Dammert, lo que requiere es un cambio en la cultura institucional, lo que no se ha revisado. "Se debe reformar estructuralmente", porque hablar de la refundación de una institución resulta muy difícil, porque "se entiende que se debe partir desde cero, y "efectivamente no podemos partir desde cero", puntualiza. 

    Existen 60.000 hombres y mujeres que son miembros de esta institución del Estado, la gran mayoría de ellos no están siendo juzgados por ningún tipo de caso, "con lo cual las posibilidades efectivas de darlos de baja y partir desde cero, son poquísimas", explica la docente. 

    Por ello, hablar de una refundación de Carabineros puede que retóricamente suene muy bien, "pero en realidad lo que vamos a hacer es una reestructuración digamos, una reforma estructural, que va a tener que ser con parte importante de los miembros que hoy día están en la institución".

    Etiquetas:
    manifestaciones de protesta, protestas, violación a los derechos humanos, reforma, violencia policial, Carabineros de Chile, Chile
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