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    La población de El Alto, segunda ciudad más grande de Bolivia después de su vecina La Paz, se ha caracterizado por sus luchas sociales. Ahora, sus más de un millón de habitantes vuelven a las calles luego de más de seis meses de pandemia; esperan que un Gobierno elegido democráticamente haga justicia por los asesinados de la masacre de Senkata.

    El Alto volvió a la vida, luego de más de seis meses de la amenaza del coronavirus paseando por sus calles y casas. De acuerdo a los registros, en esta ciudad que supera un millón de habitantes hubo 20.000 contagios, aunque se estima que otros miles de casos no se anotaron. Asimismo cientos de muertes no fueron contabilizadas porque los cuerpos fueron enterrados sin más trámite en cementerios comunales.

    Ya recuperada de la primera gran oleada, la población se atreve a salir a las calles. Con cautela y mascarilla, recorren las ferias y mercados donde los alteños se dedican mayormente al comercio informal. Ante la cercanía de las elecciones presidenciales, en esta ciudad a 4.000 metros sobre el nivel del mar rige una sensación de "esperanza", tal es la palabra escogida por David Inca, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) alteña. 

    • El Alto, Bolivia
      El Alto, Bolivia
      © Sputnik / Sebastián Ochoa
    • Teléferico El Alto-La Paz
      Teléferico El Alto-La Paz
      © Sputnik / Sebastián Ochoa
    • Teléferico El Alto-La Paz
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    El Alto, Bolivia

    "Aquí las elecciones son esperadas con un sentido de esperanza. La población espera que salga el Gobierno de transición, porque ha demostrado que no gobierna sin vulneración de derechos humanos", opinó Inca. 

    Cuando se realice el traspaso de mando, en El Alto prevén iniciar un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina, Jeanine Áñez, y sus ministros, por las masacres de Senkata, en esta ciudad, y de Sacaba, en Cochabamba, en los días siguientes al golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019.

    Tras la caída de Evo, más precisamente el 10 de noviembre, de inmediato se levantaron varios barrios alteños, donde el partido del líder aymará, el Movimiento Al Socialismo (MAS), tiene mucha presencia. Como forma de protesta, bloquearon en Senkata el ingreso a la distribuidora de gas y gasolina de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Rápidamente la ciudad de La Paz, que linda con El Alto, quedó desabastecida de carburantes.

    La respuesta gubernamental tardó menos de 10 días. Con el decreto 4078 ya firmado por Áñez, que eximía de responsabilidades jurídicas a los miembros de las Fuerzas Armadas asignados a la represión, se aprestaron a desbloquear la entrada al depósito de YPFB.

    Según relatos de los vecinos, los militares ingresaron a YPFB, mientras afuera cientos de alteños se acercaban para protestar. Un grupo dinamitó una pared del predio, entonces empezó la balacera. Según las pericias, los proyectiles vinieron de adentro de los almacenes de combustible. También les dispararon desde helicópteros militares, según denunciaron los manifestantes.

    Días antes de la masacre, el Gobierno de Áñez echó a correr el rumor de que "terroristas" querían hacer explotar la planta de Senkata, lo cual causaría un desastre en cinco kilómetros alrededor, según cálculos gubernamentales. Nunca se comprobó que los vecinos del depósito YPFB hayan tramado un plan tan perjudicial para ellos mismos. 

    "En Senkata tenemos 10 fallecidos. De acuerdo al informe forense, murieron por shock hipovolémico, esto es desangramiento por el impacto de bala en la cabeza, pecho o abdomen. Tenemos más de 30 heridos de bala", comentó Inca, quien acompaña a las familias de las víctimas por su rol en la APDH.

    "La Fiscalía ha iniciado investigaciones, pero no se tiene a ninguna persona en grado de autoría. No hay ningún policía, ningún militar, ningún comandante. Los efectivos del Ejército arguyen que están amparados en el secreto militar", agregó. 

    Para eliminar la figura de "secreto militar", se requiere modificar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, así podrían declarar ante la Justicia.

    Donde sí hay detenidos es entre los manifestantes de El Alto. "Desde noviembre del año pasado hay 24 detenidos acusados de supuesto terrorismo, sedición, organización criminal, robo agravado. Pero no hay ninguna iniciativa por parte del Gobierno de transición para encontrar a los autores de la masacre. Ellos son juez y parte en esta situación", observó Inca.

    La Comisión Mixta

    El MAS, que aún tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, promovió la conformación de una Comisión Mixta de legisladores, dedicada a investigar las masacres de Sacaba (el 15 de noviembre de 2019) y de Senkata.

    Las calles de La Paz
    © Sputnik / Sebastián Ochoa
    "Ahorita mismo me estoy dirigiendo a la plaza Murillo, para escuchar en la Comisión Mixta la declaración de Williams Kaliman [jefe de las Fuerzas Armadas que renunció ni bien asumió Áñez]. Como Asociación de Víctimas, Heridos y Fallecidos de la Masacre de Senkata hacemos seguimiento al trabajo de esta comisión", contó a Sputnik Marisol Rodríguez, esposa de una de las víctimas.

    Su marido, Álvaro Valencia, recibió un tiro en el brazo cuando estaba en la puerta de su casa, en Senkata. Según los médicos que lo atendieron, nunca podrá recuperar su movilidad. 

    "A mi esposo le disparó un policía, porque estaban en la calle para amedrentar a la gente. El señor Arturo Murillo (ministro de Gobierno) dice que nos hemos disparado entre nosotros, eso es mentira. Ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se han presentado casquillos de balas. Se ha comprobado que son de arma militar, que no puede obtener cualquier ciudadano", explicó . 

    Rodríguez también contó lo mal que la pasaron durante los meses duros de la pandemia, sin trabajo ni comida: "La crisis se nos vino fuerte para los familiares de heridos y fallecidos. No teníamos para dar de comer a nuestros hijos, porque quienes cayeron en la masacre eran el sustento de cada hogar". El Gobierno se había comprometido a darles asistencia, pero no cumplió.

    "Nos han arruinado"

    El Alto, Bolivia
    © Sputnik / Sebastián Ochoa
    El Alto, Bolivia

    Rodríguez aún no entiende cómo sus vidas cambiaron tanto, para mal. "Mi esposo trabajaba en metalmecánica. Pero ahora que tiene el brazo arruinado tiene que buscar otro rubro. Nos ha arruinado este Gobierno. Fueron ellos quienes mandaron a la Policía y los militares a dispararnos", lamentó. Además, comentó que a menudo reciben amenazas por su reclamo de justicia; los vigilan en cada reunión de la asociación.

    "Seguiremos en pie de lucha. Buscamos justicia, tenemos sed de justicia. Pese a los problemas que estamos atravesando, pese a que las familias no tenemos ni qué comer, vamos a seguir hasta el final", sostuvo.

    Masacres de ayer y hoy

    La Guerra del Gas, en octubre de 2003, concluyó con 67 personas asesinadas por el Ejército, la mayoría en Senkata. Esas protestas determinaron la partida a Miami, Estados Unidos, del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Quien le siguió en el mandato fue Carlos Mesa, entonces vicepresidente de "El Goni" que finalmente renunció en 2005. Por esas vueltas del destino, Mesa podría volver a la Presidencia de Bolivia si logra imponerse al candidato del MAS, Luis Arce, en las elecciones del 18 de octubre.

    Cuando jure el próximo Gobierno nacional, las víctimas de Senkata se preparan para someter a Añez y sus ministros a la ley 044, sancionada por Evo Morales cuando era presidente, en 2010. 

    La Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente, y demás autoridades públicas, se aplica a las y los funcionarios que hubieran cometido delitos durante sus funciones. En el caso de Senkata, se trataría de un genocidio, figura contemplada en la normativa.

    Además, "los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la Patria y crímenes de guerra, son imprescriptibles", dice el texto de la ley.

    En su artículo 9º, determina que "además de la sanción penal y aquella de inhabilitación o prohibición de ejercicio de cualquier función pública, los condenados deberán resarcir al Estado el daño civil que derive del hecho delictivo".

    La señora Rodríguez se mostró esperanzada en que esta ley se activará. "Que ellos paguen por lo que nos han hecho. Nos han destrozado la vida. Han dejado niños en la orfandad, lo cual no es justo, porque ellos son los que más sufren. Queremos justicia más por nuestros hijos. No queremos que de aquí a un futuro les pase lo mismo a ellos", expresó
    Etiquetas:
    represión, violencia policial, Gobierno de Bolivia, juicio, masacre, Jeanine Áñez, Carlos Mesa, Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, El Alto de La Paz, Bolivia
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