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    Con 65 votos a favor, 49 en contra y una abstención, el Senado de México aprobó en lo general realizar una consulta popular sobre la posibilidad de enjuiciar a los expresidentes del país por posibles actos de corrupción y otros delitos.

    Tras recibir la solicitud por parte de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), el partido Morena (Movimiento Regeneración Nacional) y sus aliados, el PES (Partido Encuentro Social) y el PT (Partido del Trabajo) votaron a favor, mientras que el PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional), PRD (Partido de la Revolución Democrática) y MC (Movimiento Ciudadano) se opusieron al ejercicio.

    Los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano consideraron que si se quiere juzgar a los expresidentes es necesario presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República a fin de sancionar cualquier ilícito que hayan cometido.

    El dictamen aprobado por el Senado da validez a la realización de la consulta popular propuesta inicialmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo cual sigue adelante el proceso hacia su aplicación en agosto de 2020.

    La SCJN consideró el 1 de octubre como constitucional la consulta de juicio contra los "actores políticos del pasado", aunque realizó modificaciones a la pregunta original.

    A pesar de no estar facultada para realizar más cambios, el pleno del Senado validó la "trascendencia nacional" del ejercicio público. El siguiente paso indica que el dictamen pasará a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.

    Una vez validada por ambas Cámaras del Congreso, el Poder Legislativo expedirá la convocatoria de consulta popular mediante un decreto a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, al tiempo que deberá notificar al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre esta decisión, ya que esa entidad será la encargada de realizar este proceso.

    El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que presentará una iniciativa constitucional para que, de manera excepcional, la consulta popular se lleve a cabo en junio de 2021, en el marco de las elecciones federales intermedias.

    El legislador explicó que su propuesta busca ahorrar gastos para priorizar la atención del Gobierno a la crisis económica y de salud provocada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta iniciativa requeriría el apoyo de al menos dos terceras partes del Congreso, por lo que su avance parece más complejo.

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    Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, México
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