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    SAN SALVADOR (Sputnik) — La Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) denunció una nueva incursión armada en territorio de la comunidad garífuna, donde a finales de julio fueron secuestrados cinco activistas que están desaparecidos desde entonces.

    "Contingente de hombres armados incursionan a Vallecito, territorio sagrado del pueblo Garífuna, dizque buscando comprar tierras. Lo raro es que se dirigieron directamente donde la subcoordinadora de la Ofraneh; responsabilizamos a este Gobierno dictador de lo que pase", alertó Miriam Miranda, dirigente de dicha organización.

    ​La nueva incursión coincide con el quinto aniversario de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el Estado de Honduras delimite y proteja cientos de hectáreas de tierra garífuna de los intentos gubernamentales para apropiárselas.

    "La condición de estado fallido en Honduras se agudiza en la costa norte, especialmente en el departamento de Colón, siendo cada día más evidente el aparente contubernio de fuerzas de seguridad y crimen organizado", agregó Ofraneh en su cuenta de Twitter.

    ​Los líderes garífunas alistan una movilización para exigir el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH y el retorno de los activistas desparecidos en la comunidad Triunfo hace más de dos meses, en medio de las denuncias que señalan que el Estado oculta sus paraderos.

    Miranda denunció anteriormente la represión generada contra su pueblo por la implementación de zonas especiales de desarrollo, la producción masiva de palma africana, los proyectos de industria extractivista y el turismo de enclave.

    Global Witness, la organización no gubernamental dedicada a exponer los casos de corrupción y violación de derechos humanos para la explotación de recursos naturales, constató en un reciente informe que Honduras se destaca entre los países más peligrosos para ejercer la defensa de la tierra y el ambiente.

    De acuerdo con la investigación, el país registró la mayor tasa de asesinatos per cápita en 2019, año en el que se denunciaron 212 agresiones en contra de activistas.

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