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    A pesar de la década que ha pasado desde el crimen de lesa humanidad cometido contra un agente de Marina mexicana de 26 años, la Comisión especial de atención a víctimas sigue sin cumplir su obligación de reparar el daño a su familia.

    A cuatro días de haber sido comisionado por la Secretaría de Marina para actuar en los operativos especiales en Lázaro Cárdenas, uno de los principales puertos del país en el estado de Michoacán, Paolo César Antonio Cano Montero, un agente de marina de 26 años en ese momento, fue desaparecido.

    Cuando su familia lo buscó, la respuesta oficial de los mandos de la Armada fue que Cano Montero había desertado de la fuerza. Aunque esto ocurrió hace diez años —el 29 de octubre de 2010— ninguna autoridad ha dado respuesta certera de su paradero.

    A mitad de setiembre de 2020, la justicia federal mexicana admitió un amparo contra dos autoridades de la Comisión especial de atención a víctimas (CEAV) que han sido señalados como los responsables de haber inhibido la reparación integral de la familia del joven Marino desaparecido.

    "Esperamos que el Poder Judicial proteja los derechos de las víctimas y ordene el cumplir con la Ley General de Víctima a los funcionarios encargados de su propia vigilancia, que serviría como un precedente para casos similares", expresó Itzel Hernández Romero, abogada del caso e integrante de la organización civil Idheas.

    Los detalles del caso

    Cano Montero fungía como marino desde abril del año 2009 en el Batallón de Infantería de Marina 27, ubicado en Xochimilco, en la zona sur de la Ciudad de México. El 24 de octubre de 2010 fue trasladado al Batallón de Infantería de Marina 20, en Michoacán. Este fue el estado elegido para comenzar la estrategia frontal contra el crimen organizado, conocida coloquialmente como "la guerra contra el narcotráfico", lanzada por el expresidente mexicano Felipe Calderón.

    Aunque el día 25 se comunicó con sus padres para avisar que había llegado bien al Batallón 20, no se comunicó días después cuando cumplía años —el 1 de noviembre— algo que alertó a su familia. Aunque su padre, Gregorio Cano, se trasladó hasta Michoacán para saber del paradero de su hijo, no obtuvo respuestas.

    Gregorio Cano presentó en Michoacán la denuncia penal por la desaparición de su hijo, que diez años después continúa como una "averiguación previa", sin contener ningún indicio sobre el paradero del joven ni de los responsables de su desaparición, según expresaron desde Idheas.

    Fue al padre de Cano Montero a quien las autoridades de la Marina le dijeron que su hijo había desertado y se había llevado todas sus pertenencias con él, pero cuando abrieron su espacio personal, todo estaba allí, incluyendo sus documentos de identificación y su teléfono celular.

    Sin embargo, el 13 de enero de 2011, un juez de la quinta Región Militar informó que Cano Montero se encontraba prófugo de la Justicia Militar, acusándolo del delito de deserción. Esto implicó que la Secretaría de Marina retirara el apoyo a sus hijos menores de edad, por considerar a Cano Montero como un desertor, cuando está desaparecido.

    Aunque su familia denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos el caso, ésta instancia cerró su investigación en octubre de 2011, al "no haber acreditado la violación a los derechos humanos" de Cano Montero por parte de la Secretaría de Marina.

    En marzo de 2016, la familia volvió a denunciar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la falta de diligencia de las instancias de Justicia para investigar el caso, y se abrió un nuevo expediente. A partir de este, la CNDH emitió una recomendación en 2018 que mandató al Estado mexicano a reparar el daño a su familia por la desaparición forzada de Cano Montero.

    Sin embargo, a dos años de esta definición, la Comisión Especial de Atención a Víctimas no ha iniciado los procedimientos correspondientes a estos efectos, negándose incluso en atender los gastos funerarios de Gregorio Cano, padre del joven desaparecido, que murió buscando a su hijo.

    El papel de la CEAV

    La Comisión especial de atención a víctimas fue el organismo descentralizado creado por la Ley General de Víctimas —sancionada en México en enero de 2013— producto de la pelea de las familias víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, que entonces ya eran demasiados en México. Actualmente, la cifra de personas que han desaparecido en México supera las 73.000 denuncias en todo el territorio nacional.

    Sin embargo, la CEAV ha venido sufriendo una serie de recortes presupuestales que ponen en duda la continuidad de su funcionamiento.

    En el caso del Marino desaparecido que ocupa este texto, la organización Idheas representando a la familia de Cano Montero acudió a la Justicia Federal, dónde les fue admitido un amparo en contra de la CEAV por el incumplimiento de la recomendación de la CNDH que mandató la reparación integral a la familia y en particular, por su incumplimiento de la Ley General de Víctimas.

    Según informaron desde Idheas, en la demanda de amparo presentada se señala el incumplimiento por parte de la CEAV para cubrir los gastos funerarios de Gregorio Cano, "quien murió de una enfermedad grave buscando a su hijo", explicaron.

    Hasta la fecha, los gastos funerarios han corrido por parte de la familia, que continúa pagándolos. "La presentación de este amparo significa el primer paso para que la familia de Paolo acceda a una justicia pronta y a una reparación integral del daño, frente al actuar negligente de la CEAV", concluyó la abogada Hernández Romero.

     

    Etiquetas:
    desaparición forzada, México
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