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    SAN SALVADOR (Sputnik) — El trasfondo político de un bloqueo al principal vertedero de San Salvador apesta casi tanto como las 3.000 toneladas de desechos sólidos que se acumulan en esta capital, por las acciones de un sindicato afín al Gobierno.

    La Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram), controlada desde hace años por el actual ministro de Trabajo, Rolando Castro, mantiene bloqueada desde el pasado 28 de septiembre la entrada y salida de camiones recolectores de basura al relleno sanitario de Nejapa.

    El hedor aumenta a medida que crecen los promontorios de basura sin recoger, y la amenaza de una crisis sanitaria —que agrave la generada por el COVID-19— llevó a que el Juzgado Ambiental de San Salvador ordenara la suspensión del bloqueo.

    Sin embargo, la Fiscalía General de la República ya había ordenado a la Policía Nacional Civil (PNC) que disolviera los bloqueos, pero el comisionado policial Mauricio Arriaza se negó a hacerlo, alegando un presunto plan para desacreditar a los agentes del orden.

    Los sindicalistas afirman que se trata de una medida de presión para que la alcaldía de San Salvador les deposite las prestaciones retenidas, y para protestar contra despidos injustificados.

    Pero el edil Ernesto Muyshondt, del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), afirma que todo es un complot de Castro y del ministro de Gobernación, Mario Durán, quien fuera concejal de dicha alcaldía durante la gestión del ahora presidente Nayib Bukele (2015-2018).

    El economista César Villalona aseguró a Sputnik que la raíz del problema está en Casa Presidencial, pues las alcaldías están sin dinero, dado que el Ejecutivo lleva cuatro meses sin entregarles el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES).

    "El presidente ha creado un lío adrede en la capital: el sindicato que responde a Castro impide que los camiones de basura lleguen al relleno, el Gobierno "apoya" a los trabajadores, y las alcaldías quedan mal paradas", resumió Villalona, de la gremial Profesionales por la Transformación de El Salvador.

    Un pais en campaña

    La retención del FODES, así como de los salarios para la Asamblea Legislativa, ha generado protestas que sirven tanto al oficialismo como a la oposición, para hacer una suerte de campaña solapada de cara a las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021.

    El problema es que el Tribunal Supremo Electoral recién convocó a dichos comicios la semana pasada, y hasta el próximo 27 de diciembre toda campaña es adelantada y, por ende, ilegal.

    Para Villalona, miembro del Consejo Nacional del Salario Mínimo durante el anterior gobierno, hay al menos dos leyes vulneradas en esta nueva pulseada entre los poderes del Estado, sin que la PNC, que responde a Bukele, haga algo por hacerlas cumplir.

    En primer lugar, el experto señala una violación de la ley del FODES, que ordena al Ministerio de Hacienda distribuir mensualmente el 10% de la recaudación tributaria total entre los gobiernos municipales, para el desarrollo local, pago de compromisos y salarios, entre otros.

    "No hay razón para que Hacienda no mande el FODES: todo indica que el propósito es ahogar a las alcaldías, que en su mayoría están gobernadas por Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el marco de una batalla electoral", estimó.

    Villalona agrega que se viola también la ley del Presupuesto Genera de la Nación, pues el Ejecutivo retiene 75 millones de dólares provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que la Asamblea aprobó para las alcaldías.

    Sin solución a la vista

    A pesar de los reclamos judiciales y del peligro ambiental y sanitario, la crisis de la basura no parece tener una pronta solución; sobre todo si, como afirman diversas voces en la sociedad civil, hay una estrategia política detrás.

    Adolfo Ramos, organizador de Astram, dijo al diario El Mundo que el bloqueo al vertedero de Nejapa se mantendría de forma indefinida, hasta que la comuna capitalina pague las retenciones laborales, reinstale a empleados despedidos y se abstenga de privatizar el servicio de recolección de basura.

    A su vez, el ministro Durán —candidato del partido Nuevas Ideas a la alcaldía de San Salvador para 2021— se ofreció como mediador en este conflicto, tras señalar la "incapacidad" de Muyshondt para generarle las condiciones adecuadas a sus empleados.

    Atrapada en este duelo de ambiciones, a la ciudadanía no le queda otra que escudarse en su jocosidad y ya muchos se preguntan, con corrosivo humor, qué hacer con tanta inmundicia.

    Etiquetas:
    basura, El Salvador
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