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    CARACAS (Sputnik) — Luisa Oropeza tiene 68 años. Cada mes acude al banco a cobrar la pensión que obtuvo por dedicarse al trabajo del hogar, un rol reconocido por el presidente Hugo Chávez (1954-2013) para brindar protección a las mujeres de tercera edad que se quedaron en casa para cuidar de sus hijos.

    La medida que en el año 2011 también alcanzó a pescadores, taxistas y otros trabajadores informales de la tercera edad, que habían laborado durante toda su vida sin cotizar en el seguro social, alivió en aquel momento la situación de Luisa.

    En los últimos 9 años, Venezuela ha tenido la mayor devaluación de su historia, y aunque el Gobierno anuncia aumentos de salarios, lo que ganan los pensionados no ha superado en los últimos dos años los cinco dólares mensuales, lo que equivale a un kilo de leche en polvo, en cualquier supermercado del país.

    Fallas de servicios

    Luisa cuenta con la menor de sus hijas, Loisinette, quien para devengar unos 100 dólares al mes vende jabones, y labora como estilista a domicilio, pero la escasez de gasolina y la cuarentena la han obligado a parar.

    Realizar desde casa su trabajo regular como secretaria es imposible, porque desde hace un año en el sector de la ciudad de Guarenas (ciudad periférica al este de Caracas) en el que vive, no hay Internet y casi ni señal de teléfonos móviles, sumado a que la luz se va con frecuencia.

    Ante esta situación, Loisinette contó que su jefe, tras anunciar el cierre parcial de la fábrica, decidió no pagarle el bono extra en divisas que le daba, alegando que su única obligación es pagar el salario base que se traduce en menos de 10 dólares.

    El edificio de 17 pisos en el que ambas viven, y que se construyó en 1985, está ahora maltrecho, entre los apagones y la crisis económica, solo medio funciona uno de tres ascensores.

    Los períodos en los que el servicio de agua que brinda el Estado se interrumpe sin previo aviso hasta por un mes, a veces coinciden con el ascensor estropeado y les toca subir andando 10 pisos con bidones de hasta 20 litros de agua a cuestas.

    "Uno sube con calma, respira profundo, se para, sigue subiendo, hay que tener calma, ¿qué le vamos hacer si hace 30 años fue aquí donde pude comprar?, y además ahora casi todo está igual", señaló a Sputnik Luisa.

    El plan CLAP

    Lo que si suele ser puntual para este sector son las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa del Gobierno que a muy bajo costo vende a las familias una cesta con alimentos básicos, como harina, arroz, leche, aceite, granos.

    "Con eso uno resuelve, complementa, pero algunas veces, aunque mi hija trabaja mucho, y yo hago galletas para vender, llegamos a fin de mes con dificultad", agregó.

    La misma historia

    La situación de Luisa y Loissinette se repite con frecuencia en muchos lugares de Venezuela, en muchas familias que en los últimos años han visto caer su poder adquisitivo y afectadas por la inestabilidad de los servicios básicos.

    Aunque siempre existe tensión política, en las calles usualmente la gente va preocupada por su trabajo, por cubrir sus necesidades, resolver sus problemas, y lo que dicen los políticos cada vez resulta más alejado de su realidad.

    Para el sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Trino Márquez, son varias las razones que hacen que la población no haya reaccionado a través de un estallido social.

    "Creo que son varias razones, la primera es que la sociedad no está organizada no existen partidos políticos grandes ni sindicatos fuertes de cobertura nacional, ni gremio poderosos, porque las federaciones estudiantiles están muy apagadas", expresó en declaraciones a Sputnik.

    Márquez considera que además, la población "tiene miedo a los cuerpo de seguridad de Estado (…) y a perder los beneficios como el CLAP, el gas o el dinero que se reparte a través del sistema patria si protesta".

    El último gran alzamiento social que se ha registrado en Venezuela, fue en el año 1989, en rechazo a un paquete económico del expresidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993), que incluyó un incremento del precio de la gasolina.

    El sociólogo Enrique Rey, profesor en Teoría Social de la UCV, consideró que en ese momento las condiciones del país eran distintas especialmente, porque había cada vez menos credibilidad en los partidos políticos, y considera que "la situación económica lo que hizo fue terminar de despertar el descontento, respecto a las élites políticas que dirigían el país".

    "Había un caldo de cultivo mucho más amplio, mucho más grande que el precio de la gasolina, porque también estaba asociado a la poca capacidad o poca disponibilidad económica general para el rebusque económico", dijo.

    Rey señaló que, en este momento, la población venezolana tiene al Gobierno ofreciendo cada seis meses superar de la crisis económica, y en el mismo lapso, a la oposición prometiendo una salida del chavismo de la instancias del Gobierno y que tampoco termina de concretarse.

    Para ambos sociólogos resulta complejo explicar en qué desembocará el acontecer político del país. Para Rey, las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre permitirán aclarar hacia dónde irá el país, mientras para Márquez existe la posibilidad de que un fractura producto del descontento social le dé una estocada final al Gobierno.

    Mientras el tiempo corre, aumentan las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea contra Venezuela, medidas que el presidente Nicolás Maduro, asegura son las responsables del deterioro de la vida de la población de su país.

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    sanciones, economía, Gobierno de Venezuela, devaluación, escasez, crisis económica, crisis social, Venezuela
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