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    LIMA (Sputnik) — Perú posee una fuerte actividad extractiva que aporta considerables divisas a la economía; sin embargo, luego de años de explotación, los impactos de estas en la salud de las personas es un asunto de gravedad que el Estado está atendiendo de forma tardía.

    Según datos de 2019 de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, solo la actividad minera representó el 9% del producto interno bruto del país en los últimos 10 años, y alcanzó el 60% del valor total de las exportaciones.

    Sin embargo, el papel importante que cumple la minería en términos económicos tiene en la contaminación de las poblaciones que residen cerca a los centros de extracción un lado negativo que está siendo atendido de manera poco eficiente por el Estado.

    Modelo económico extractivo

    Abel Gilvonio es sociólogo y responsable de Salud Ambiental y Humana en la organización no gubernamental Cooperacción, dedicada a la promoción y defensa de los derechos ambientales y sociales, entre otros afines.

    En conversación con Sputnik, Gilvonio manifiesta que el problema de la contaminación en humanos por las actividades extractivas no solo se restringe a la presencia de metales pesados en los cuerpos de los afectados, sino también de metaloides como el arsénico o substancias tóxicas como los hidrocarburíferos derivados del petróleo.

    En ese sentido, el problema no abarca sólo a la minería sino al sector gasífero y a las actividades de extracción petrolera.

    Desde 1990, con el cambio a un modelo económico neoliberal ejecutado por el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), el Estado apostó por un fuerte apoyo a las actividades extractivas; algo que, a decir de Gilvonio, dio origen a marcos legales que con el fin de promover dichas actividades económicas fueron muy flexibles en favor de las empresas, transnacionales extranjeras por lo general, y en desmedro del cuidado de la salud de las poblaciones.

    En ese sentido, y tras la acumulación de numerosos casos de poblaciones enteras que presentaban problemas de salud producto de la contaminación, se fundó en 2017 la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos.

    Esta organización civil representa a poblaciones de 13 departamentos del país donde están ubicados los casos emblemáticos de contaminación, y a la que Cooperacción presta asesoría y acompañamiento en sus demandas.

    Luego de la presión social generada por los numerosos casos de poblaciones contaminadas, generalmente en las zonas de los Andes y la Amazonía, en 2018 el Estado decidió reconocer el problema como un asunto de salud pública nacional.

    "Antes de 2018, el tema de la contaminación era asumido como casos emblemáticos como La Oroya [yacimiento minero en el departamento andino de Junín], Espinar [yacimiento minero en el departamento sureño de Cusco] o el Callao [zona portuaria en Lima], pero debemos entender que no se puede hablar de casos sino de poblaciones enteras ubicadas en muchos lugares del territorio", dice Gilvonio.

    Número de afectados

    Respecto al número de personas afectadas por presencia de elementos tóxicos en sus organismos, el Estado ha hecho una medición estimada pero que, denuncia el sociólogo, resulta deficiente para dar una fotografía exacta del problema.

    "El Estado ha hecho una medición en función a la relación que existe entre conflictos sociales por zonas contaminadas y el pedido de dosajes para conocer si hay o no contaminación. La data que el Estado ha soltado habla de 7.000 a 10.000 personas que han sido testeadas y han arrojado altos niveles de contaminación, pero esas personas dosadas son un porcentaje mínimo comparado con las personas que habitan en zonas donde hay un río contaminado, terrenos contaminados por actividad minera o petrolera y que no han sido chequeadas", sostiene Gilvonio.

    Es decir, por lo dicho por el sociólogo, el Estado está tomando en cuenta solo a las poblaciones afectadas que se encuentran en zonas donde existe conflictos sociales con las grandes empresas, transformando un tema de salud en un tema predominantemente social, cuando abarca más que esas dos dimensiones.

    La Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Tóxicos ha logrado que en julio de este año se instale una comisión multisectorial de alto nivel que atienda el problema.

    Esta comisión está liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Ambiente.

    "Esta comisión debe abordar de manera multisectorial el problema porque el Ministerio de Salud no puede abordar esta problemática solo desde la instancia sectorial, pues hay ministerios que permiten que los estándares de calidad para la extracción se hagan cada vez más flexibles", señala Gilvonio.

    Por lo pronto, por el marco legal el Estado no ha logrado que ninguna empresa privada extranjera se haga cargo de los efectos negativos en la salud de los ciudadanos, algo que se espera cambie en el corto plazo con una fuerte voluntad política que resulta imprescindible.

    Etiquetas:
    industria minera, minería, economía, América del Sur, contaminación, Perú, extractivismo
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