“Cientos de policías, militares y civiles sufrieron atentados a sus derechos, fueron condenados siendo inocentes y hoy siguen luchando por la justicia”, dijo Óscar Ayerve, presidente de la Asociación durante el acto celebrado al pie del monumento al libertador Simón Bolívar, en el centro de la capital ecuatoriana.
El 30 de septiembre de 2010 se produjo una revuelta policial en el Regimiento Quito, en el norte de la ciudad, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) por parte de la Asamblea Nacional.
Los sublevados exigían la derogatoria de dicha normativa, porque, según ellos, eliminaba bonificaciones por ascensos y otros.
El miércoles, el vicepresidente de la Asociación Víctimas 30-S, Gerardo Zapata, detalló que 907 policías fueron judicializados, de los cuales 28 casos todavía se encuentran pendientes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Por su parte, el parlamentario andino Fausto Cobo sostuvo que aún quedan por determinarse responsabilidades en el ámbito político.
Cobo instó al Gobierno a otorgar la amnistía a policías y militares procesados por el caso 30-S.
La Fiscalía General de Ecuador formuló cargos contra cinco oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, por el presunto homicidio de tres personas durante el operativo para sacar el expresidente del Hospital de la Policía.