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    Tras la repercusión que ha generado el caso de Michelle Aylin, una niña de 3 años que falleció camino a un hospital de la ciudad de Tepic, Nayarit, a causa de lesiones que evidenciaban el abuso sexual del cual fue víctima, en el congreso local se reactivó el debate sobre la implementación de la castración química para castigar a los violadores.

    En marzo de 2019, el diputado del Partido Acción Nacional, Rodolfo Pedroza Ramírez, presentó una iniciativa para incluir esta sanción en el Código Penal de Nayarit para castigar a quien haya violado a mujeres o menores de edad. Sin embargo, ese proyecto de ley se encuentra estancado en la comisión destinada a evaluar este tema.

    Pedroza Ramírez asevera que esta propuesta surgió tras observar que la mayoría de las violaciones reportadas ocurre en el ámbito familiar o en los círculos cercanos de la víctima. Al respecto, la Fiscalía General de Nayarit asegura que los abusos sexuales en el contexto familiar representan 75% de los delitos que se denuncian en esa entidad.

    Tanto en la Ciudad de México como en Yucatán y Puebla se han presentado propuestas similares, por lo que el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz, propuso que se evalúen y retroalimenten los diversos modelos propuestos, a fin de evaluar factores como la protección de los derechos humanos de los delincuentes.

    "Entiendo el tema de los derechos humanos de los delincuentes, pero creo que también tenemos que pensar en las víctimas y tratar de controlar este tipo de conducta", comentó a El Universal.

    Sobre el caso de Puebla, el diputado local por el Partido del Trabajo, José Juan Espinosa Torres, propuso el 4 de septiembre en el Congreso local aplicar la castración química contra criminales pedófilos.

    "La castración química surge como una posibilidad para el manejo de la pedofilia y la pederastia. Consiste en un tratamiento médico hormonal, aplicado para disminuir los niveles de testosterona, la libido y, por ende, la actividad sexual y, como resultado final, reducir las agresiones sexuales de alta incidencia en el mundo", defendió.

    En otras entidades, como el Estado de México, Jalisco o Durango, el tema también ha suscitado una importante polémica, aunque hay evidencias de que gran parte de la sociedad respalda este tipo de castigos. Por ejemplo, un estudio de la organización México Elige reflejó que 74,2% de los ciudadanos en Durango aprueba el uso de la castración química en contra de violadores y pederastas.

    Pese a ello, diversos especialistas han expresado sus dudas sobre la efectividad de esta sanción, debido a que la castración química no imposibilita la erección del miembro masculino. Asimismo, se afirma que los crímenes sexuales en muchos casos se inspiran por el deseo de dominio sobre una víctima, por lo que van más allá de la sola satisfacción sexual.

    La castración química también ha sido cuestionada por colectivos a favor de los derechos humanos, ya que consideran que este castigo afecta el derecho a la salud y el derecho a la autodeterminación de las personas.

    Michel Aylín falleció la tarde del 27 de septiembre mientras estaba bajo custodia de su padrastro. Según los peritajes de la Fiscalía de Nayarit, la menor murió por sofocamiento y presentaba signos de abuso sexual reiterado.

    En las instalaciones de la Cruz Roja de Tepic fue detenido el padrastro, aunque las autoridades también arrestaron al abuelo materno de la niña, quien tiene antecedentes de abuso contra otros menores de su entorno familiar y estuvo a cargo de Michel Aylín antes que el padrastro.

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