"Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, tendríamos que plantearnos dos cosas: una, ¿para qué está ese artículo en la Constitución? Es una simulación, es letra muerta y olvidarnos de eso, no… Fue mi compromiso que se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, de inmediato estaría mandando una iniciativa de reforma al artículo 35 para que no se cancele esta posibilidad", mencionó.
"Que tomen en cuenta cómo es que, en 15 días, ciudadanos reunieron dos millones de firmas. ¿Qué está indicando este hecho, si se tiene sensibilidad? La gente quiere ser tomada en cuenta, independientemente del tipo de consulta. Es algo inédito", consideró.
Por otra parte, el mandatario mexicano destacó que, cuando la Corte se pronuncie por la solicitud de consulta, se dejará un precedente que puede definir el camino del país hacia una democracia participativa.
"Mañana [1 de octubre] es un día importante. Sin duda, la decisión que va a tomar la Corte es trascendente porque se va a resolver si se acepta el que en los hechos se aplica la democracia participativa, […] si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo, en todo momento, decida la forma de su Gobierno", sostuvo.
"Son procesos, y va a intervenir la Fiscalía [General de la República], los jueces. Queremos que se aplique un auténtico Estado de derecho, pero que ya no haya impunidad, que se castigue por igual a todos. Que no haya privilegios", expuso.
El proyecto que se discutirá en la Suprema Corte propone declarar como inconstitucional la solicitud de consulta enviada por el presidente López Obrador. Desde la perspectiva del ministro Luis María Aguilar, la materia sobre la cual se solicita consultar a la ciudadanía puede implicar restricciones a los derechos humanos de todos los mexicanos.
"A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana tiene otros medios de interacción en esa dimensión, a ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar, en su caso, con las instituciones del Estado", explicó.
Además, advierte que en ningún momento puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos, ya que esa es su obligación constitucional.
"Es por ello que la Constitución General determina que existen temas que no pueden ser parte de una consulta popular, pues por su naturaleza como pilares fundamentales de la democracia mexicana, no son optativos, sino que deben respetarse por todas las personas y protegerse por todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias y facultades", advierte el proyecto.
