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    QUITO (Sputnik) — La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, fue implicada en un supuesto reparto de cuotas políticas a cambio de favores en la Asamblea Nacional por un exlegislador afín al oficialismo investigado por delincuencia organizada en torno a corrupción en un hospital público.

    "Cuando se gestionaba el juicio político a María Paula Romo fue la ministra la que me aseguró que la designación de Tito Nilton Mendoza se daría luego de que en la Asamblea se archivara la causa en su contra. Entonces, con mi voto se archivó el caso y así se designó a Tito Nilton como gobernador", dijo el exlegislador cercano al oficialismo, Daniel Mendoza, en un fragmento de sus declaraciones bajo juramento, posteadas por la Fiscalía de la Nación en su cuenta de Twitter.

    ​De esta forma, el excongresista relató pormenores del nombramiento, por parte del Ejecutivo, del gobernador de la provincia de Manabí (oeste), Tito Nilton Mendoza.

    Durante una audiencia ante un magistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Mendoza señaló que el esquema de ofrecer espacios políticos a cambio de disciplina parlamentaria, por parte del gobierno de turno, se practicó en diferentes momentos, no solo para la aprobación de leyes sino en diferentes procesos de juicios políticos.

    En esa línea, aseguró que la fallida construcción del hospital del cantón Pedernales, en Manabí, que es el tema del caso penal en el que está involucrado, responde a dicho mecanismo de reparto de cuotas políticas.

    Durante aquellas conversaciones surgió su nombre como posible opción para presidir la Asamblea, sin embargo, la ministra Romo no apoyó su candidatura sino la del actual titular del Parlamento, César Litardo.

    En ese tiempo, agregó Mendoza, se creó la bancada BADI (Bloque de Acción Democrática Independiente), del cual era líder el legislador Eliseo Azuero, hoy prófugo y procesado por el mismo caso.

    Con este asambleísta, uno de los compromisos del Ejecutivo fue el nombramiento del director nacional del Servicio de Contratación de Obras, igualmente procesado por delincuencia organizada.

    A la postre, dicho funcionario entregó el contrato para el Hospital de Pedernales, por ocho millones de dólares, a un consorcio que tenía nexos con Mendoza.

    Dentro de la misma diligencia, un exasesor de Mendoza, incluyó a la dirección regional en Manabí de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) entre las cuotas políticas entregadas a su exjefe.

    Dicha Agencia generaba de 30 a 40 dólares por trámite, rindiendo un promedio de 2.500 dólares diarios, aunque esta cuota política fue retirada por no apoyar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en un intento frustrado de juicio político.

    En agosto pasado se hicieron públicos chats de conversaciones telefónicas entre la ministra Romo y Daniel Mendoza, en las que se sugiere el nombre de una persona para ocupar un cargo público.

    Romo respondió que eso no demostraba un reparto de cargos públicos y aseguró que la indagación fiscal se hizo gracias a sus pesquisas.

    El llamado caso Hospital de Pedernales inició a fines de mayo con la detención del exasesor de Mendoza en cuyo inmueble se decomisaron cerca de 600 mil dólares en efectivo provenientes de los fondos para la construcción del referido hospital, que hasta el momento no se concreta.

    Etiquetas:
    corrupción, Ecuador
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