De los 33 países que conforman la región de América Latina y el Caribe, 23 firmaron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe el 26 de septiembre de 2018, el llamado Acuerdo de Escazú.
A dos años desde la apertura a las firmas, son 10 los países que han ratificado el acuerdo, que necesita de al menos una ratificación más para comenzar a implementarse. En este sentido, el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica Nicolás Boeglin analizó los puntos más importantes del ambicioso tratado internacional ambiental y explica por qué es preciso firmarlo.
Historia y situación actual del Acuerdo de Escazú
Fue el 4 de marzo del 2018, en la ciudad de Escazú (centro de Costa Rica) que la redacción del acuerdo concluyó, y la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Naciones Unidas, órgano que funciona como depositario del tratado, abrió el tratado a las firmas de los países de América Latina.
Aunque Chile había participado activamente en la negociación y redacción del tratado durante el Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), una semana después de que se abriera a las firmas asumió la presidencia de Piñera, quien resolvió no firmarlo.
Ahora, quienes ratificaron el acuerdo fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay, faltando una ratificación más para que pueda entrar en vigencia.
La importancia del Acuerdo de Escazú: un instrumento internacional innovador
"La falta de interés de algunos Estados, la poca presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil en el caso de algunos Estados firmantes del texto (desde setiembre del 2018), así como la presión de algunos influyentes sectores en la dirección opuesta, pueden explicar estos tímidos resultados para un instrumento internacional extremadamente innovador", escribió Boeglin en su blog de derecho internacional.
En este sentido, señaló con preocupación la ausencia de las firmas de varios países como Chile, Cuba, El Salvador, Honduras, Venezuela, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Surinam y Trinidad y Tobago.
Sobre Chile, en particular, cuestionó que haya sido, en conjunto con Costa Rica, el principal promotor durante la fase de negociación del instrumento, desde 2014 a 2018, cuando estaba en discusión.
"Todo lo que establece Escazú está contenido en la legislación nacional. Por lo tanto, no agrega nada", fueron las palabras de Piñera para justificar que no firmaría al acuerdo. Consultado a fines de 2019 por Sputnik, el profesor costarricense había planteado ante esto que, "si ya tienen todo, de qué tienen miedo es lo que uno podría preguntarse. Si no agrega nada, ¿cuál es el miedo señor Piñera?".
El lugar de Costa Rica
Este 26 de septiembre vence el plazo para depositar la firma al instrumento, por lo que quienes no firmaron hasta ahora ya no podrán hacerlo bajo el mismo mecanismo, que requiere la sola orden del Poder Ejecutivo al Jefe de Misión en Naciones Unidas en Nueva York. "No obstante, la firma del Acuerdo de Escazú seguiría siendo posible en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York bajo estrictas medidas diseñadas para garantizar la salud y seguridad de los representantes de los Estados Miembros y del Personal de la Organización", explica la CEPAL.
"Con relación a la participación ciudadana en materia ambiental en Costa Rica, resulta de interés recordar que en el 2008, el Poder Ejecutivo vetó una ley adoptada el 30 de octubre de aquel año por la Asamblea Legislativa titulada 'Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental': salvo error de nuestra parte, fue el único texto adoptado por el Congreso vetado por el Poder Ejecutivo durante la administración (2006-2010). Nuevamente aquí se evidencia el nivel de profunda crispación que puede generar en algunos sectores, y en sus operadores políticos, el hecho de consolidar mecanismos de participación pública en materia ambiental en Costa Rica", subrayó.
Además, subraya que su país, por haber sido Estado anfitrión durante la última ronda de negociaciones, "adquiere un compromiso un poco mayor hacia los demás Estados". La práctica internacional que suele seguirse, argumenta, consiste en que los países anfitriones llevan la delantera en la ratificación de tratados internacionales. "En el caso del Acuerdo de Escazú, la ausencia de ratificación por parte de Costa Rica está enviando una señal sumamente riesgosa para el Acuerdo de Escazú, en particular a algunos sectores políticos en otras latitudes de América Latina, firmemente opuestos a toda consolidación de los derechos de quienes defienden el ambiente", dice en este sentido.
Reticencias frente al tratado
"En Chile, pero también en Colombia, así como en Perú y en Paraguay, se pudo observar la creatividad de algunos sectores políticos en busca de argumentos (falaces y hasta ... fantasiosos) para intentar frenar a toda costa la aprobación de este texto", enumera.
De hecho, el Colegio de Ingenieros del Perú evaluó como inconveniente el tratado internacional dado que entienden que, de firmarse, "ocasionará graver perjuicios al desarrollo del país", como el desaliento de inversiones nacionales y extranjeras, la parálisis de proyectos que perjudiquen al desarrollo nacional y el aumento de la brecha socioeconómica. A esto, la respuesta de Boeglin es contundente: "¿Cómo puede ahuyentar la inversión un tratado regional que recoge lo que ya existe en la legislación ambiental peruana?"
"No cabe duda que el Acuerdo de Escazú cuenta con muchos opositores que lo perciben como una seria amenaza. A tal punto que, para estos sectores que buscan polarizar la discusión, la simple firma del texto por parte de un Estado debe en sí ya ser combatida", dice.
La próxima entrada en vigencia
Ya sea que Costa Rica, Chile y el resto de los países firmen o no, el acuerdo de Escazú es casi un hecho, y también una necesidad, sostiene el especialista en Derecho.
"La entrada en vigencia de este instrumento, el primero a nivel internacional en extender una protección especial a quienes defienden el ambiente, resulta a todas luces una verdadera urgencia ante los efectos del cambio climático, la pérdida acelerada de la biodiversidad, la desprotección de las fuentes de agua potable y de los suelos en innumerables regiones de América Latina. Pero también ante la imperiosa necesidad de saldar una vieja deuda de América Latina con la participación ciudadana en materia ambiental, con la justicia ambiental y con sus comunidades indígenas", argumenta.
En América Latina, la urgencia es particularmente importante, ya que en la región se concentra la mayor cantidad de asesinatos de líderes ecologistas y comunitarios, y las intimidaciones y otras formas de desalentar la lucha ambientalista.
