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    Las mujeres son las más afectadas por la crisis económica, social y habitacional que provocó la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. En Argentina, el panorama empeoró las condiciones de deterioro de por sí desbalanceadas y la situación es más grave entre los sectores más vulnerables, donde impera el trabajo no remunerado.

    Las medidas de aislamiento social para contener el aceleramiento de los contagios de COVID-19 llevan más de 180 días desde su imposición en Argentina y han provocado un devastador golpe a las economías de la población. Pero las crisis no afectan a todas las personas por igual.

    Las mujeres tienen tasas de desempleo mucho más altas (23%) que los varones, cuentan con menores oportunidades para acceder al mercado laboral formal y cobran en promedio sueldos más bajos por estar por lo general empleadas en puestos peor pagos: las asalariadas cobran 25% menos que los hombres, 35% menos entre los trabajos informales.

    Son además las principales encargadas de cuidar a niños, ancianos y enfermos, tanto en sus roles como docentes, cuidadoras y profesionales de la salud, pero también en los roles para los que no reciben nada a cambio. Seis de cada 10 hogares son sostenidos por mujeres y 75% de las tareas domésticas no remuneradas son llevadas adelante únicamente por mujeres.

    Pero el diagnóstico es más excluyente para las mujeres que viven en los barrios populares y los asentamientos de emergencia. Según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas publicado en abril, solo 31% de las mujeres que viven en barrios populares tiene un trabajo con ingresos. La tasa de desocupación es el doble y el porcentaje de asalariadas con empleo formal es la mitad en los barrios, comparado con lo que se detectó para el conjunto de las mujeres en el país.

    "Venimos sosteniendo la consigna que las tareas de cuidado y comunitarias, tanto de salud, como de género, educación, promoción de derechos en general, también la asistencia alimentaria que se realiza en comedores y merenderos, son esenciales", dijo a Sputnik Mónica Córdoba, referente en asuntos de género de la organización social Barrios de Pie en la ciudad de Buenos Aires.

    El trabajo de asistencia comunitaria en los barrios es principalmente llevado adelante por mujeres, en lugares donde las condiciones de vida se han visto aún más deterioradas por la pandemia y la cuarentena, de difícil abordaje debido al hacinamiento y sus efectos sobre la salud, así como la informalidad y sus consecuencias en la caída de ingresos, que impacta en el acceso a la vivienda.

    Córdoba contó que elaboraron y presentaron un proyecto de ley para el reconocimiento por el Estado de las promotoras territoriales, "que pone en relieve la importancia de esas figuras, que requieren tiempo y formación, para que se remunere". La referente comentó que se registraron en el país 19.000 de estas personas en actividad.

    Según datos del Registro Nacional de los Barrios Populares (Renabap), encabezado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat entre 2016 y 2019, existen más de 4.400 villas y asentamientos en el país, donde habitan más de cuatro millones de personas. A este número debe sumarse las alrededor de 800 tomas de tierras que se registraron desde el inicio de la pandemia.

    Violencia de género

    En Argentina, durante los primeros ocho meses del año fueron asesinadas 208 mujeres, una cada 29 horas. 66% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. 35 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 12 tenían medidas judiciales en curso.

    Desde que comenzó la pandemia, aumentaron 25% las denuncias de violencia de género y llamadas a la línea de apoyo 144, según datos de la Dirección Técnica de Registros y Base de Datos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

    "El contexto de aislamiento social recrudece mucho más las situaciones de violencia y hace muy difícil el seguimiento en los territorios de los barrios vulnerables. Hay muchas limitantes al acceso a las tecnologías, no es lo mismo hacer una llamada que una videollamada con una amiga que tiene conexión a internet, o poder verla de manera presencial, se torna mucho más complejo el acompañamiento", comentó Córdoba.

    La trabajadora social y militante feminista aseguró que todavía no están habilitados para abrir muchos espacios de encuentro en los barrios, lo cual dificulta el apoyo a las mujeres en situaciones extremas.

    Además, reclamó que los Centros Integrales de la Mujer (CIM) abran con horarios nocturnos y los fines de semana, y que se aumente el presupuesto de las Oficinas de Violencia Doméstica (OVD), que se encuentran muchas veces saturadas.

    "La OVD, que es el lugar que en general se utiliza para hacer las denuncias, porque cuentan con profesionales especializadas, están totalmente estallados. Cualquiera que haya acompañado en una situación de denuncia sabe que estás al menos cinco horas, las mujeres con sus hijes. El acceso a la Justicia no es sencillo en ningún momento, y en este contexto de pandemia, menos", remarcó.

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    brecha salarial, asistencia, crisis económica, violencia contra la mujer, violencia de género, pandemia de coronavirus, coronavirus en América Latina, COVID-19, desigualdad social, pobreza, cuarentena, Argentina
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