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    QUITO (Sputnik) — Representantes de 20 gremios y colectivos sociales de Ecuador presentaron ante la Corte Constitucional una solicitud de consulta popular planteada por el exalcalde de la ciudad costera de Guayaquil (oeste), Jaime Nebot, que busca, entre otras cosas, incrementar las penas a los violadores de menores, reportaron medios locales

    "Representantes de 20 gremios y colectivos de los sectores productivos y sociales formalizaron este 17 de septiembre ante la Corte Constitucional (CC) con sede en Guayas, el pedido de consulta popular anunciado el 26 de junio pasado por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot", reseñó el diario El Universo.

    Según el diario, los impulsadores del referéndum esperan que la propuesta sea sometida a consulta popular el 11 de abril de 2021, pues de acuerdo con el calendario electoral de Ecuador esa fecha se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones para escoger al sucesor del Presidente Lenín Moreno.

    Para concretar la consulta se requieren más de 600.000 firmas de respaldo, que corresponden al 5% del padrón electoral.

    La propuesta de consulta popular plantea la creación de un delito que sanciona la violación agravada por la muerte de la víctima, menor de 14 años, con penas de hasta 50 años de reclusión.

    Adicionalmente, entre las 12 preguntas que contiene el documento, se plantea prohibir al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) así como a los Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y de la Policía (ISSPOL) que inviertan sus recursos en cualquier título valor que emitan instituciones que formen parte o sean propiedad del sector público ecuatoriano.

    Asimismo, propone que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el BIESS informen mensualmente a través de sus páginas web y de manera individual a todos los afiliados, el detalle del gasto institucional así como el detalle de sus inversiones.

    De igual modo, plantea que se obligue al BIESS a contratar de manera permanente una consultora para calificar el riesgo, la rentabilidad y liquidez de las inversiones financieras que se realicen con recursos de los aportantes.

    Otras preguntas abarcan distintos temas como el otorgamiento de créditos baratos a pequeños productores y artesanos, mecanismos directos de asignación de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y sanciones con prisión de uno a tres años a quienes atenten contra el comercio justo.

    Tras recibir el pedido, la Corte Constitucional de Ecuador tiene un plazo de 20 días para emitir un dictamen. 

    Etiquetas:
    consultas, Ecuador
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