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    QUITO (Sputnik) — Yessenia Jurado tenía 22 años cuando se practicó un aborto. Ahora tiene 56. Han pasado 34 años pero la experiencia sigue vívida y dolorosa.

    "Mi novio me violó y quedé embarazada. No podía contarle a mis padres porque mi papá me hubiera matado. Unas amigas me llevaron a donde una señora que practicaba abortos; mi familia nunca lo supo, pero estoy viva de milagro; supe de chicas que allí murieron", cuenta Jurado a Sputnik.

    En Ecuador, país donde la iinterrupción del embarazo es penada con cárcel, el caso de Jurado es uno de los miles que suceden a jóvenes que son agredidas sexualmente por familiares, amigos o conocidos, y que en medio del temor y a sabiendas que arriesgan sus vidas deciden practicarse un aborto porque no pueden enfrentar la maternidad por diversas razones.

    Según datos de la Fundación Desafío, al momento hay alrededor de 250 mujeres judicializadas, dentro de ellas 36 niñas.

    "No solo han judicializado a mujeres, sino que lo han hecho indiscriminadamente porque cuando una mujer llega con una aborto en curso no es posible saber si fue espontáneo o provocado", dice a Sputnik la directora de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre.

    La Fundaci[on asiste a mujeres en situaciones de emergencia por violencia de género.

    La situación es tan complicada, que se han dado casos de mujeres a quienes los facultativos les han dilatado la atención hasta que se autoinculpen.

    Las mujeres desesperadas se autoinculpan, el personal del centro de Salud llama a la Policía y son procesadas y acusadas de homicidio, cuenta de la Torre.

    Aborto quirúrgico

    El mes pasado, la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador aprobó el Código de la Salud, que entre otros temas contempla el aborto quirúrgico por emergencia.

    El Código considera una emergencia obstétrica a los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno fetal, y prohíbe a los establecimientos prestadores de servicios de salud y a los profesionales de la salud negar la atención de estas emergencias, sin imponer requisito alguno; y establece que el establecimiento no debe tener objeción de conciencia.

    El Código igualmente dispone respetar la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres.

    Una cruzada contra el Código

    El Código aprobado por la legislatura desató una cruzada de los grupos de derecha, incluida la Iglesia Católica, que esperan que sea vetado por el presidente Lenín Moreno.

    Los obispos en Ecuador creen que la normativa promueve el aborto "de manera ambigua o indeterminada" pues "la verdadera emergencia obstétrica se da sólo cuando el aborto se encuentra en curso de manera involuntaria".

    Los obispos también sostienen que el Código contradice el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, al obligarlos a intervenir en casos de emergencia obstétrica por cualquier causa.

    "Las mujeres esperamos que los artículos del Código de Salud que tienen que ver con el aborto quirúrgico queden finalmente libres de trampa, porque si quedan como esperan los grupos de extrema derecha las mujeres enfrentarían el peor de los riesgos: que no les atiendan", dice de la Torre.

    La última palabra en este tema la tendrá el presidente Moreno, que tiene la capacidad de aceptar, vetar o modificar lo aprobado en la Asamblea.

    No se legaliza el aborto

    El legislador Sebastián Palacios, que votó a favor del Código, sostiene que éste no legaliza ni promueve el aborto, sino que garantiza atención de emergencia a una mujer que llega a un hospital con un sangrado, con un aborto, que puede haber sido ocasionado o natural, lo que no debe importar al médico para atender a la mujer.

    Por su parte, Consuelo Bowen, del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), dice a Sputnik que la norma lo único que hace es garantizar que las mujeres sean atendidas prioritariamente cuando llegan con una emergencia obstétrica.

    "Incluso para que nos juzguen debemos estar vivas", dice Bowen. "Es un avance porque está en línea con la Constitución, al proteger los derechos de las mujeres, entre ellos la atención en emergencias, y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos".

    Una gran ganancia para la larga lucha de las mujeres en esta tema hubiera sido reformar las penas establecidas en el Código Penal, pero permanecieron intocadas, por lo que las mujeres dicen que la lucha continuará mientras el aborto sea considerado un delito.

    Sin embargo, el aspecto referente al aborto por emergencia sí es un paso más dentro de la lucha de las mujeres ecuatorianas.

    "Todo el revuelo que se ha armado alrededor del tema por la Conferencia Episcopal y los grupos de extrema derecha es porque quieren incluir en la emergencia obstétrica un texto que diga siempre y cuando se respete el derecho a la vida desde la concepción, entre otras cosas. Esperamos que no se claudique en torno a esto", enfatiza de la Torre.

    Alto índice de muertes

    De acuerdo con estadísticas oficiales, en Ecuador el 15,6% de las muertes maternas se debe a abortos realizados en la clandestinidad.

    El Código Integral Penal vigente sanciona con cárcel el aborto y las únicas dos causales para no tener sanción son que la salud de las mujeres esté en peligro o que el embarazo sea producto de una violación a una mujer con discapacidad.

    Según un informe de la organización Sendas, hace 5 años de los casos de complicaciones postaborto atendidas en el Ministerio de Salud Pública, el 93,4% correspondió a abortos incompletos, y el grupo de entre los 15 y 29 años (dos terceras partes de los casos) resultó el más afectado.

    Las estadísticas sobre el tema no han disminuido, por el contrario siguen en ascenso, dicen las mujeres.

    Y mientras los grupos fundamentalistas inician una campaña de recolección de firmas para pedir que se vete el Código, muchas mujeres seguirán muriendo, pero la lucha por despenalizar el aborto continuará.

    Etiquetas:
    aborto, Ecuador
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