"Estamos junto al FUT exigiendo que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la demanda contra la Ley Humanitaria que flexibiliza el trabajo de los obreros, la demanda de incumplimiento por el recorte a la educación en 98 millones de dólares y la demanda por el decreto 1053, que recorta los salarios a los servidores públicos", dijo Isabel Vargas, presidenta de la UNE.
Miembros de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) también llegaron hasta la Corte Constitucional para unirse a la manifestación.
José Villavicencio, presidente de dicha organización, insistió en que el gobierno está obligado a pagar los sueldos retrasados y condenó supuestas alegaciones por parte de representantes del Ejecutivo en el sentido de que la demora no habría violentado los derechos de los trabajadores.
En junio, colectivos de trabajadores presentaron una demanda contra dicha ley, con medidas cautelares para que se suspenda su aplicación.
En mayo, presentaron una acción constitucional para impedir el recorte presupuestario a la educación pública ordenado por el gobierno de Lenín Moreno.
Según Villavicencio, durante los últimos cinco meses, a raíz de la emergencia por el COVID-19, se han endurecido las condiciones de vida para los trabajadores, no solo por la pandemia sino por la demora en el pago de remuneraciones, despidos y un menor acceso a la educación, entre otras secuelas.
El 8 de septiembre, las organizaciones de trabajadores de Ecuador anunciarán la fecha de una jornada de movilización nacional en contra del Gobierno.
