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    BUENOS AIRES (Sputnik) — El cuerpo había sido hallado el 15 de agosto, pero su identidad se confirmó recién el miércoles 2 de septiembre. "La jueza ratificó que es el cuerpo de Facundo Astudillo Castro", confirmaron a Sputnik los abogados. El esqueleto descarnado estaba en un canal de agua de Villarino Viejo, en la provincia de Buenos Aires (este).

    Cinco meses y medio antes, el 30 de abril, Facundo salió de su casa en la ciudad de Pedro Luro, pese a la oposición de su madre, Cristina Castro, con la intención de visitar a su exnovia, que vive en Bahía Blanca. El joven se dispuso a recorrer a dedo por la Ruta 3 los 122 kilómetros que separan ambas localidades.

    A 30 kilómetros, en Mayor Buratovich, fue retenido a las 10.30 por los agentes Mario Sosa y Jana Curuhinca, quienes fotografiaron su DNI y le labraron un acta por vulnerar la cuarentena. Un tercer policía, Alberto González, dice haberlo interceptado en Teniente Origone, un pueblo 25 kilómetros más adelante, y que tras tomar una foto de su carnet de conducir, pues no tenía documento de identidad, vio cómo se subía a una camioneta.

    "Estamos ante un delito de desaparición forzada de personas", sentencia en diálogo con Sputnik uno de los dos abogados representantes de la familia, Leandro Aparicio. "Para ello debemos acreditar que el último contacto fue con la policía bonaerense de Buenos Aires, y eso está avalado por el testimonio de tres testigos, que afirman que fue interceptado y subido a un móvil policial entre las 15:40 y 16.00 del 30 de abril".

    Esta circunstancia, añade Aparicio, es corroborada por el hallazgo el 3 de agosto de un amuleto que le regaló a Facundo su abuela en la comisaría en Teniente Origone.

    Encubrimiento y falsos testigos

    "A partir de ahí se activa un protocolo de encubrimiento de todas las fuerzas de seguridad que incluye el plantación de pistas falsas y envíos de mensajes con un lenguaje que Facundo no utilizaba a su amigo a las 20.00 para hacer creer que estaba vivo y había llegado con vida", resume el abogado.

    La familia ha tenido que lidiar con declaraciones inducidas de algunos testigos que afirmaban que Facundo tenía tendencias suicidas, "y la colocación de perejiles, con amenazas a los familiares de la exnovia para que digan que Facundo había llegado a Bahía Blanca, por lo que uno de ellos tuvo que pedir protección al sistema de testigos", añade Aparicio.

    "La otra forma de encubrimiento se produce cuando Cristina sintió que su hijo murió", cuenta el abogado. "Fue el 18 de junio, cuando quieren hacer un rastrillaje en Mayor Buratovich y un subcomisario le dice a Cristina que no tiene nada que hacer allí".

    La oficial Xiomara Flores, hermanastra de una de los agentes policiales que retuvieron a Facundo en esa localidad, Jana Curuhinca, alega haber llevado al joven hasta Origone. El 8 de mayo desactiva su servicio de WhatsApp, como también hicieron los policías que retuvieron a Facundo. Otro supuesto testigo, Jorge Galarza, dice haber visto a Facundo en Bahía Blanca. Vuelve a declarar el 6 de julio y sólo entonces revela que es policía.

    En los últimos días también aparece la "testigo H", que declara haber trasladado a un joven hasta las inmediaciones de Bahía Blanca, hasta unas vías de ferrocarril. "Ésa es la única prueba de la que se vale la policía", añade el abogado. "Después aparece el esqueleto de Facundo pelado con una zapatilla intacta 120 días después en un lugar que ya había sido patrullado y donde obviamente fue plantado".

    Historia recurrente

    Un informe de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial constata que dos policías de la Unidad de Prevención de Bahía Blanca se desviaron el 8 de mayo de la zona que debían custodiar y estuvieron durante 50 minutos en el lugar donde tres meses después sería hallado el cuerpo de Facundo.

    "No caben dudas de que Facundo fue desaparecido por la policía bonaerense en un contexto de pandemia en el que no se podía circular, y en el cual la policía detentaba el control sobre las personas", afirma Aparicio.

    Las desapariciones forzadas de personas, que provocaron la muerte de 30.000 personas durante la última dictadura argentina (1976-1983), vuelven a replicarse en democracia. Amnistía Internacional ha documentado más de 30 casos de violencia policial durante la cuarentena. Las fuerzas de seguridad estarían involucradas en el asesinato o desaparición de al menos seis personas.

    Ahora se investiga un suceso más: la muerte el 5 de abril de una mujer de 39 años, Florencia Magalí Morales, en una comisaría de San Luis (oeste).

    Etiquetas:
    violación a los derechos humanos, violencia policial, policía, Buenos Aires, desaparición forzada, cuerpo, cadáver, Argentina
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