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    En América Latina, la región más violenta del mundo y donde operan las fuerzas policiales más letales del planeta, el debate sobre una reforma policial está resurgiendo. Las Policías latinoamericanas "no cumplen un rol subordinado a la política, y eso hay que cambiarlo", dijo a Sputnik la experta peruana en seguridad Lucía Dammert.

    Jacob Blake, George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor. Los nombres de algunos afroestadounidenses víctimas de la violencia policial en Estados Unidos durante 2020 se han convertido en símbolo de la lucha por una reforma policial antirracista, que se evidencia urgente. 

    En México, Brasil, Argentina, Jamaica, Ecuador y Trinidad y Tobago, entre otros, hubo protestas en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. En algunos casos, las manifestaciones también sirvieron como vehículo para que la ciudadanía planteara sus demandas para poner fin a la violencia de las fuerzas represivas, el racismo sistémico y la impunidad policial.

    En América Latina la reforma se evidencia urgente. Dan cuenta de ello la sospecha de que la Policía de la Provincia de Buenos Aires secuestró y mató a Facundo Astudillo Castro, un argentino de 22 años que desapareció desde hace cuatro meses; las más de 6.000 personas que la policía brasileña mata al año —la que más mata en el mundo—; los 500 globos oculares que reventaron las fuerzas represivas chilenas durante las protestas que se desataron el 18 de octubre de 2019; y los miles de casos de violencia policial, corrupción y violación de derechos humanos. 

    Sin embargo, son difíciles de lograr las transformaciones del ente estatal que tiene el monopolio del uso de la represión y, además, son altamente propensas a ser revocadas ante los cambios políticos. Según Lucía Dammert, doctora en ciencias políticas, experta en seguridad, violencia y crimen organizado, en América Latina la reforma policial es un asunto no prioritario y se enfrenta desde perspectivas puramente coyunturales. 

    ​Los temas policiales no han sido los principales en las discusiones políticas. "Han sido temas no profesionalizados donde el mundo político ha tenido un rol muy principal y donde las decisiones no se han tomado basadas en evidencia ni buenas prácticas, sino en el termómetro ciudadano de ansiedad o en las crisis y escándalos institucionales", dijo Dammert a Sputnik. 

    "Lo que te dice el operador político es 'no, no vamos a reformar, vamos a poner una persona de mano dura para que parezca que efectivamente estamos enfrentando el problema bien'. (...) 'Vamos a poner más cárcel, aumentar más los castigos', y cosas de este estilo que todo el mundo sabe que no sirven para mucho, pero que justamente apelan a la discusión mediática, electoral, ciudadana, donde la gente está pidiendo un tipo de respuesta muy rápida", agregó. Dammert considera que "hay casi un cero reconocimiento" del camino que hay que seguir para tener policías más profesionales.

    Según el análisis Reforma Policial. Agenda (aún) pendiente en América Latina, elaborado por Dammert y publicado en julio de 2020, en América Latina las reformas son anuladas antes de que puedan afianzarse y demostrar resultados. "Los avances con el regreso de la democracia [en la mayoría de los países desde finales de la década de los 70 hasta los 90] han sido limitados", aseguró.

    ¿Qué pasa con la Policía en América Latina? 

    La policía latinoamericana tiene un "rol político evidente", aseguró Dammert. Además, en su análisis la experta menciona que una parte importante del trabajo policial se desarrolla de forma corrupta, usa la violencia de forma indiscriminada, y los niveles de efectividad en la prevención, control e investigación criminal, son bajos —aunque en casos de violencia contra las mujeres o delitos de cuello blanco la situación es de "literal abandono"—. 

    Para modificar esas características de la policía latinoamericana y pensar en una reforma policial, Dammert asegura que "lo primero que tiene que reconocerse es la necesidad de que las policías jueguen un rol subordinado a la política". A su vez, considera que paralelamente se debe "avanzar con una inversión muy sólida en los programas preventivos" para enfrentar el abandono escolar, el consumo problemático de drogas, los problemas de salud mental, entre otros, que hoy "no existen, o son muy débiles". 

    Una vez encarados estos asuntos, propone generar consenso político y apoyo de gobiernos locales y ciudadanos, y lograr un financiamiento sostenible para "empezar las reformas que no tienen que ser desde afuera, sino reformas mucho más conversadas" entre las instituciones. 

    Dammert identifica cinco áreas prioritarias que requieren reformas a corto plazo: 

    • El papel de los civiles en temas policiales 

    En América Latina la profesionalización policial no ha sido encarada debidamente por los civiles que trabajan en la temática. "La relación de la policía con el mundo civil, llamemos investigadores, académicos, es muy muy pequeña", aseguró Dammert.

    ​En su análisis advierte que múltiples países recurren a funcionarios policiales o militares en retiro para ocupar los cargos políticos vinculados con la temática, "lo que sin duda tiene impactos en la perspectiva y propuestas de cambio, así como en la consolidación de espacios de autonomía institucional". Para avanzar con una "democracia firme" Dammert propone consolidar "cuadros técnicos serios que puedan proponer iniciativas de política pública basados en evidencia y con el apoyo político de largo plazo". 

    • La regulación de la seguridad privada

    El negocio de la seguridad privada "crece de forma exponencial". Dammert identifica dos motivos: la creciente demanda ciudadana y la percepción de que la policía no puede enfrentar las problemáticas.

    Según su análisis, los países latinoamericanos "no sólo cuentan con un pie de fuerza superior en cantidad de guardias dedicados a la seguridad, sino también cuentan con estructuras tecnológicas sofisticadas que carecen de regulaciones", pero que requieren ser atendidas. "Especialmente por su potencial relación con funcionarios policiales en retiro, así como por la competencia que se puede generar en la implementación de políticas", explicó. 

    Además, hay otro tema que requiere de regulación: la portación de armas de fuego. En América Latina vive el 8% de la población mundial, sin embargo, la región registra el 33% de todos los asesinatos. En el mundo, 45% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, en América Latina ese porcentaje asciende a 70%. El llamado triángulo del norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) es el escenario de la mayor violencia armada en el mundo fuera de zonas en conflicto. 

    Desde que en febrero se registraron los primeros casos de COVID-19 en la región, Dammert ha notado que las personas que cometen delitos de oportunidad (los no tan violentos), están teniendo un "acceso mayor" a armas. "El mercado negro de las armas se sigue multiplicando cada vez de forma más sofisticada", advirtió.   

    La experta opinó que lo ideal sería que el acceso al porte de armas sea limitado, pero hay muy pocos países en la región con legislación y fiscalización acorde. "Una limitación sustancial es la venta de municiones", ejemplificó. Dammert también asegura que debería haber un "proceso marcado en la trazabilidad de las municiones y armas que ingresan a los países de forma legal, así como aquellas que se producen, sin eso, es muy difícil" controlar la circulación de armas. 

    • La militarización de las fuerzas policiales (y la policialización de los militares)

    Los desafíos que tienen las policías para enfrentar la criminalidad, así como las dificultades estructurales vinculadas con el control de fronteras, la cobertura territorial e incluso los niveles de corrupción han traído de la mano un proceso de militarización. Según explica Dammert en su análisis, es un proceso que tiene dos caras: por un lado, la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales, incluyendo tareas preventivas y vinculación con la ciudadanía; por otro lado, la transformación operativa, táctica e incluso de misión y funciones policiales, se alejan de la prevención y se acercan a una postura militar. 

    "¿Qué significa esto? Que los policías dejan de ser policías de la calle que están tratando de resolver los problemas de los ciudadanos y pasan a ser una especie de RoboCop con miles de tecnologías, con mucho más puntos de inflexión respecto a detenciones, que capacidades cotidianas de relación", explicó. "Ambos procesos son complejos dado que la respuesta de tipo militar tiende a ser más violenta y se concentra en el control, más que en la prevención del delito y las violencias", agregó.

    La militarización de la policía y la policialización de los militares también implica que se instale la lógica del enemigo interno, que hoy es el narcotráfico, los mercados ilegales. Sin embargo, Dammert advierte que los problemas de violencia estructural continúan sin ser encarados cabalmente. "¿Cuándo vamos a investigar y aseegurar que haya menos impunidad en los temas de violencia contra las mujeres, por ejemplo?", preguntó. 

    • La criminalización de las protestas sociales y la pérdida de legitimidad de la policía

    El aumento del malestar ciudadano y de las crisis en la política en la mayoría de países de la región ha tenido como correlato el aumento de las manifestaciones en el espacio público, y la criminalización de las protestas: "lo que hace el mundo político es rápidamente inscribir la protesta como una amenaza criminal", sostuvo Dammert. "Así van instalando la percepción de que lo que hay no necesariamente es una agenda política, sino una agenda criminal", añadió.

    La criminalización de las protestas, así como la policialización de los problemas políticos, "son dos problemas que erosionan las instituciones policiales, que pierden legitimidad debido a la presencia de violencia en las calles. Paradójicamente, la policía se puede convertir en parte del problema al escalar la violencia" y, también, limitar las capacidades reales de acuerdos políticos.

    "Es fundamental poder reconocer que la policía no está llamada a resolver los temas políticos, y que cuando traes a la policía a resolver los problemas políticos [como las protestas ciudadanas], terminas con los problemas que hemos visto", concluyó.

    • La regulación del uso del reconocimiento facial y otras tecnologías

    La amplificación de la utilización de tecnología que incluye identificación facial, grabación a través de drones o de cámaras corporales requieren ser reguladas para evitar que se violen los derechos humanos. "Por eso es muy importante el gobierno civil de los policías, para que estas cosas no sean mal utilizadas", acotó. 

    Dammert aseguró que para que la reforma policial consolide una verdadera policía democrática, efectiva y profesional, lo principal es que haya voluntad política. "Sin voluntad política sostenida, lamentablemente nada dura por mucho tiempo", resumió.

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    América Latina, reforma, políticas gubernamentales, violencia policial, violencia, carabineros, policía, criminalización
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