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    MONTEVIDEO (Sputnik) — Los distintos gobiernos que ha tenido Uruguay desde la restauración democrática no han sido transparentes a la hora de brindar información sobre los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985), afirmaron los familiares de las víctimas.

    "A todos los gobiernos le hemos reclamado conocer la verdad, porque sin verdad no hay justicia (…) criticamos a los gobiernos anteriores por la opacidad en los procedimientos de búsqueda de verdad", dijo el integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos, Nilo Patiño, en una conferencia de prensa.

    El jueves 27 de agosto se dieron a conocer declaraciones del coronel retirado Gilberto Vázquez, realizadas en 2006 ante un Tribunal de Honor castrense, en las que reconoce su participación en torturas y asesinatos cometidos durante el terrorismo de Estado.

    "Nosotros ejecutamos, no asesinamos (…) Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad (…) Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir (...) pero no me arrepiento", declaró Vázquez.

    El militar retirado, condenado en 2009 a 25 años de cárcel, acusado de 28 homicidios especialmente agravados, cumple actualmente una pena de prisión domiciliaria, concedida por la justicia en 2016.

    Declaraciones de familiares

    Otra integrante de Familiares, Elena Zaffaroni, afirmó durante la rueda de prensa que es un "momento importante", porque las actas muestran la "impunidad" con que los mismos militares dicen ante la justicia que no recuerdan lo sucedido.

    "Queremos poner claro frente a la sociedad para que no se piense que lo que hicieron estuvo bien (…) Exigirles a las Fuerzas Armadas que no hay más secretos para que den cuenta a la sociedad lo que ha pasado", agregó.

    Zaffaroni se refirió también a la situación del senador Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército.

    Actualmente, Manini Ríos es indagado por la justicia uruguaya por su actuación cuando era comandante en jefe del Ejército respecto al caso de un tribunal de honor de esa institución formado para juzgar el asesinato y posterior desaparición en 1973 de un integrante de la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Roberto Gomensoro.

    Manini Ríos omitió informar a la justicia de ese hecho, tal como establece el reglamento de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas.

    La próxima semana, el parlamento votará si le quita o no los fueros para que sea juzgado.

    En octubre del año pasado, en plena campaña electoral, el entonces candidato presidencial afirmó que no se ampararía en los fueros legislativos en caso de ser electo para un cargo en el Poder Legislativo.

    El 1 de agosto, el líder del partido Cabildo Abierto, que integra la coalición de Gobierno, propuso reinsertar la llamada "ley de caducidad", que determina que los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura son prescriptibles.

    Etiquetas:
    dictadura, Uruguay, Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985)
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