"El proyecto aprobado resulta abiertamente inconstitucional pues vulnera el deber del Estado de garantizar el acceso de toda persona al derecho fundamental a una pensión, previsto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú", indicó la Defensoría en un comunicado.
El Congreso aprobó un proyecto de ley que permite que los aportantes al SNP (sistema de carácter público) puedan retirar hasta 4.300 soles (1.228 dólares) de sus fondos.
Asimismo, ha señalado que los aportes al SNP son actualmente insuficientes para dar una pensión a las personas jubiladas, siendo el Estado quien financia el déficit cada año.
Por tanto, se indica que "el retiro masivo de estos fondos es, además, una amenaza a la dimensión social del principio constitucional de equilibrio financiero", algo que debe ser protegido en el contexto de grave crisis que atraviesa el país.
Para que el proyecto de ley entre en vigencia debe ser ratificado por el Ejecutivo dentro de un plazo de 20 días; sin embargo, el presidente, Martín Vizcarra, ha anunciado que no sólo no lo ratificará sino que acudirá al Tribunal Constitucional con una demanda que buscará anularlo.