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    La Fiscalía General de la República de México presentó una acusación formal contra la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga.

    Para los fiscales encargados del caso, la exfuncionaria del Gobierno mexicano presuntamente fue omisa ante los desvíos por más de 5.073 millones de pesos (más de 231 millones de dólares) que se realizaron en ambas entidades, por lo que pidió una pena de 21 años de prisión en su contra.

    Además de la pena carcelaria, se solicitará al juez que, como parte de esta condena, se imponga una inhabilitación del servicio público contra Robles durante el mismo tiempo que esté presa, así como una multa cercana a los 2,5 millones de pesos (aproximadamente 114.000 dólares).

    El abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, informó que la suma de los años de prisión contra la exfuncionaria se debe a que las autoridades pretenden imponer a su cliente una pena con agravantes.

    "En el caso de los delitos de los que se le acusan es la pena máxima, como si se tratara de la persona más peligrosa, con antecedentes penales, con una reiteración de comportamiento que lleve a la pena máxima", aseveró en entrevista para Grupo Fórmula.

    La acusación contra la extitular de Sedesol y Sedatu fue presentada físicamente el 25 de agosto ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur. Con esto, la defensa de Robles podrá conocer los detalles de esta imputación para que, posteriormente, se cite a una audiencia intermedia.

    Robles Berlanga fue parte del gabinete del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), donde sirvió como secretaria de Desarrollo Social desde diciembre de 2012 hasta agosto de 2015, cuando pasó a encabezar la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

    En septiembre de 2017, una investigación periodística señaló que, durante su gestión en Sedesol, Rosario Robles, con la complicidad de varias universidades locales, tejió una red de empresas fantasma a través de las cuales se desviaron hasta 2.000 millones de pesos, originalmente destinados a la implementación de diversos programas sociales.

    En agosto de 2019 fue puesta en prisión preventiva y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública. Un mes más tarde, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años por falsear información en su declaración patrimonial.

    Etiquetas:
    corrupción, Rosario Robles, México
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