"Esperamos (…) nuestro sobreseimiento definitivo porque en 120 días de instrucción fiscal jamás se demostró un solo elemento para que se pueda concluir que hubo un intento de derrocamiento del gobierno o un desconocimiento de la Constitución", dijo Pabón, quien está acusada del delito de rebelión durante las protestas de octubre.
Según la funcionaria, la acusación es por haber hecho uso de la libertad de expresión y por pensar diferente.
El código integral penal de Ecuador tipifica la rebelión como delito contra la Constitución política y el gobierno legítimamente constituido, y lo sanciona con penas que van de siete a 10 años de cárcel.
Vladimir Jhayya, presidente de la Corte Provincial de Pichincha y quien lleva adelante el proceso, anticipó que pese a estar facultado por ley para limitar las intervenciones de las partes, permitirá a los acusados ejercer su legítimo derecho a la defensa sin limitación alguna.
El magistrado deberá decidir entre llamar a juicio o declarar sobreseídos a los tres procesados.
Pabón, perteneciente al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue detenida el 14 de octubre dentro de una investigación por los actos de violencia registrados durante una oleada de protestas contra un decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y que posteriormente fue derogado por el presidente Moreno.
En diciembre, un juez dispuso la libertad de la funcionaria y los otros dos procesados, pero con medidas cautelares como el uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país, entre otras.
