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    Una década después de la masacre de San Fernando, en la que el grupo criminal de Los Zetas asesinó a 72 migrantes que viajaban rumbo a Estados Unidos, en Sputnik recopilamos qué sucedió aquel 24 de agosto de 2010 y qué ha pasado desde entonces. 

    En la madrugada del martes 24 de agosto de 2010, 72 migrantes fueron acribillados en un galpón de la ciudad de San Fernando, en Tamaulipas, al norte de México. Entre ellos se encontraba Freddy Lala Pomavilla, un ecuatoriano de 18 años, que se hizo pasar por muerto después de que le dispararan en la quijada. 

    Cuando los sicarios se van, Freddy logra escapar junto a otro hombre de nacionalidad hondureña, pero en el camino se separan. Él continúa su camino solo. Camina cerca de 22 kilómetros, hasta que encuentra un retén de la Marina. Cuando llega, les dice a los marinos que un grupo de hombres armados mató al resto de migrantes con los que venía. 

    Después, regresa con los soldados a la bodega donde están los migrantes muertos, al rancho El Huizache. Al llegar, se encuentran con una de las imágenes más aterradoras de la historia reciente de México: 72 cadáveres apilados contra las paredes de una construcción vacía. 58 hombres y 14 mujeres. Casi todos de Centroamérica, otros más de Suramérica y un ciudadano indio. 

    El holocausto que se veía venir

    En 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) junto a un grupo de organizaciones civiles emitieron un informe sobre la situación de los migrantes a su paso por México para llegar a Estados Unidos. Se trata de una recopilación de testimonios que se titula Bienvenidos al infierno en alusión a uno de los relatos, en el que se cuenta cómo secuestran, extorsionan y amenazan. 

    En el marco de la guerra contra el narcotráfico, emprendida por el expresidente Felipe Calderón en 2006, la violencia se agudizó en el norte del país. Los distintos cárteles de la droga se disputaban el territorio —en especial, Los Zetas y el Cártel de Sinaloa— para acaparar los negocios. 

    Justo un año antes de la masacre de San Fernando, las distintas asociaciones que apoyan a migrantes ya advertían el horror que se venía. Según señalaban, el secuestro de migrantes se había convertido en un negocio para los grupos criminales del país. 

    En el Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes también de 2009, la CNDH exponía que el monto exigido por cada persona secuestrada ascendía a 2.500 dólares. Por lo tanto, la ganancia de los 9.758 casos de secuestro que lograron documentar rondaba los 25 millones de dólares.

    El sacerdote Pedro Pantoja de la Casa del Migrante de Saltillo, quien colaboró en los informes de 2009  y ha acompañado a los familiares de los 72 migrantes, califica los sucesos de San Fernando como una profecía social de lo que iba a pasar. 

    "Este acontecimiento criminal [la masacre de San Fernando] que para nosotros es el holocausto y la profecía social y criminal de que las cosas no iban a parar. Y que de alguna manera, el exterminio, sea por parte del crimen organizado como por la complicidad de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado, ya se avizoraba más fuertemente que el migrante va a ser despedazado, va a ser totalmente desaparecido por asesinato", explica en entrevista con Sputnik. 

    Para el sacerdote Pantoja, la masacre de San Fernando fue "el primer holocausto de esta migración forzada", pues poco después se encontrarían nuevos casos de horror. En abril de 2011, las autoridades informaron sobre el hallazgo de 47 fosas clandestinas con 193 restos de personas. 

    La lista seguiría acumulando muertos sin nombre en la enorme fosa común en la que se había convertido México. En mayo de 2012, aparecieron 49 cuerpos a mitad de una carretera en el municipio de Cadereyta, en el estado de Nuevo León. 

    De acuerdo con los informes de las autoridades, los tres sucesos habrían sido cometidos por el cártel Los Zetas. Además, entre las personas encontradas, había migrantes que, en su mayoría, provenían de Centroamérica. 

    Los 72 migrantes, una década después

    Como señala el padre Pantoja, la masacre de San Fernando sería acaso la primera de la larga lista de crímenes contra migrantes que se vería en la historia reciente de México. En todos estos sucesos, el crimen organizado aparecía como verdugo de quienes pasaban por México en busca del "sueño americano". 

    "Nos bajaron para pedirnos dinero, pero nadie traía. Después nos ofrecieron trabajar para ellos. Dijeron que eran Zetas, que nos pagarían 1.000 dólares por quincena, pero no aceptamos y nos dispararon", contó Freddy Lala en su declaración. 

    Diez años después de las declaraciones del joven ecuatoriano, las organizaciones civiles continúan exigiendo justicia para los 72 migrantes. El padre Pantoja denuncia que, a pesar del tiempo transcurrido, más de 10 cuerpos siguen sin ser identificados. 

    "Hay un número indeterminado de supuestos criminales que han sido encarcelados, pero no se ha señalado realmente quiénes han sido los autores directos de este crimen. No se ha señalado la culpabilidad de estructuras de Gobierno, de autoridades gubernamentales. No ha habido sentencias justas, más bien sentencias nulas es lo que hemos encontrado", acusa. 

    Por su parte, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, considera que el caso de los 72 migrantes sirve como ejemplo de la "negligencia que ha tenido el Estado para atender la gravísima crisis en materia de Derechos Humanos que atraviesa el país". 

    ​"Las personas migrantes siguen enfrentando gravísimas violaciones a sus derechos que van desde la extorsión de las propias autoridades cuando ingresan a territorio mexicano hasta el secuestro, hasta la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la separación de familias en centros de detención migratoria, las deportaciones forzadas, la expulsión de personas en necesidad de protección internacional. Y esto continúa precisamente por la impunidad en un caso como la masacre de los 72", indicó Guevara durante el Encuentro virtual por los +72 migrantes, organizado por la Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho. 

    Ángela Pineda perdió a cinco familiares en el rancho El Huizachal, en San Fernando, Tamaulipas, el 24 de agosto de 2010. Poco después de la noticia, recibió el féretro de su hija Mayra Cifuentes Pineda, junto a los de sus otro cuatro familiares. Sin embargo, ahora espera la exhumación del cuerpo de su hija para comprobar que es ella.

    "Yo no estoy conforme, vea, de que sí han entregado una caja, pero con dudas todavía de si es ella o no es ella. Nosotros le pedimos a Dios que se haga justicia y que se hagan las exhumaciones, así nosotros estamos más, no le digo contenta, pero se nos quita lo que tenemos y con confianza ir a dejarle unas flores", expresó en el encuentro virtual.

    Etiquetas:
    masacre, Centroamérica, México, migrantes
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