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    LA PAZ (Sputnik) — El juez boliviano que anuló la clausura anticipada de la gestión escolar 2020, dispuesta a principios de agosto por el Gobierno transitorio, advirtió este viernes que un eventual desacato a esa decisión judicial podría dar pie a procesos penales contra autoridades.

    "Independientemente de la revisión que haga el Tribunal Constitucional, el fallo emitido es de cumplimiento inmediato y obligatorio; de no cumplirse se generarían responsabilidades penales", dijo el juez Israel Campero a la cadena radial Erbol.

    La Constitución boliviana establece que una sentencia como la de la Sala Constitucional, que preside Campero, debe ser "ejecutada inmediatamente y sin observación" y dispone que los funcionarios que no la acaten serán sometidos a "procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales".

    Campero, cuyo tribunal anuló el pasado miércoles la resolución gubernamental de clausura escolar, dijo que desde esa fecha corren 10 días de plazo para que el Gobierno presente un plan de reanudación de las labores escolares, sin esperar un dictamen del Tribunal Constitucional, que revisará el fallo de oficio.

    Convertido en blanco de un duro ataque de autoridades del Gobierno, que lo acusaron de seguir órdenes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de atentar contra la salud por eventuales contagios masivos de estudiantes, el juez negó la denuncia oficial de que su fallo implicaría el retorno a clases presenciales.

    "Totalmente falso, jamás se dispuso el retorno a las aulas, sería una irresponsabilidad que un tribunal de garantías atente contra la salud y la vida de nuestros niños", afirmó Campero.

    Añadió que la sentencia dispuso solo que el Gobierno nacional "provea una política que garantice el ejercicio de este derecho" a la educación.

    La sentencia fue resultado de una demanda de Acción Popular, recurso muy parecido al amparo, interpuesta por una diputada del MAS pidiendo la anulación de la resolución del Ministerio de Educación que clausuró el año escolar y promovió al grado superior a todos los alumnos de primaria y secundaria.

    Justificada oficialmente con el objeto de prevenir contagios de COVID-19 y por la dificultad de masificar clases virtuales, la clausura fue ampliamente criticada, incluso por la Iglesia católica, dueña de decenas de colegios, y por la Organización de las Naciones Unidas.

    Dos días después de la emisión del fallo, el Gobierno todavía no ha declarado oficialmente que va a acatar la medida, convertida ya en su mayor revés de parte de un poder judicial al cual ha acudido con decenas de denuncias contra sus opositores.

    El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, calificó a la resolución judicial como un ataque político del MAS contra el Gobierno y anunció que presentaría un recurso extraordinario de revisión del fallo.

    Las clases habían comenzado regularmente en febrero y estaban programadas hasta noviembre, pero resultaron semiparalizadas desde marzo a causa de la pandemia, con gran diferencia entre los establecimientos públicos, de mínima actividad, y los privados que desarrollaron sistemas de educación virtual.

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    Jeanine Áñez, América Latina, Gobierno de Bolivia, coronavirus en América Latina, pandemia de coronavirus, educación, escuela, vuelta a clases, Bolivia
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