El Estado mexicano "no tiene la capacidad" de buscar a 74.000 desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Estado mexicano no tiene la capacidad para buscar y encontrar a más de 74.000 personas "no localizadas" en los últimos 15 años, según registros de la Comisión Nacional de Búsqueda, y el tema de los desaparecidos ha sido borrado de la agenda nacional, indican expertos en derecho humanitario internacional.

"El Estado mexicano no tiene la capacidad para lidiar con un problema tan complejo, el cual, para colmo, ha desaparecido de la agenda política", es una de las conclusiones principales de la mesa de análisis Punto por Punto, organizada por el centro de estudios independiente México Evalúa y la fundación alemana Frederich Naumann.

La "desaparición forzada" de personas, delito cometido por agentes del Estado o particulares en complicidad con fuerzas policiales, judiciales o militares, es uno de los principales problemas en la agenda pública de México, donde en 15 años se han encontrado casi 4.000 fosas clandestinas con cuerpos de víctimas no identificadas aún

Con el lema "Todos tenemos derecho a ser buscados: un clamor para enfrentar la crisis de las desapariciones forzadas", los especialistas señalan que este delito es complejo por las complicaciones en términos de violación de los derechos humanos y potencial comisión de crímenes contra la humanidad, como lo es la desaparición forzada, delito que nunca prescribe.

Sin embargo, señalan que ese crimen generalizado "es combatido por el Estado mexicano con recursos insuficientes y una baja capacidad institucional".

Según cifras oficiales, de 2006 a junio 2020 fueron encontradas 3.978 fosas clandestinas, en las que se han exhumado 6.625 cuerpos.

Una herida abierta

Las decenas de miles de familias de personas de desaparecidas sufren "una herida que reclama sanación a través de la justicia", señala Edna Jaime, directora del centro de análisis México Evalúa.

Según el resumen de los debates, Jaime, autora del libro El acertijo de la legitimidad, denunció que "son muchos, y son padres, madres, hermanas, hermanos e hijos que no han regresado, la única forma de hacer justicia es a través de investigaciones serias, profesionales y que conduzcan a la verdad".

Ese reclamo urgente está lejos de atenderse, a la vista de las deficiencias en operación y resultados del aparato institucional de investigación criminal.

Según el Comité de la Organización de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, la Comisión Nacional de Búsqueda "adolece de falta de autonomía, ausencia de trabajo de campo, falta de medios de prueba científicos y ausencia generalizada de una estrategia integral".

Por su parte, el fiscal de personas desaparecidas del estado de Coahuila (norte), José Ángel Herrera, reconoció el papel preponderante de los colectivos de víctimas, como actores que han logrado poner las desapariciones en la agenda del Estado.

Por su parte, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, describió como problema estructural "la forma incompleta en que las comisiones y los mecanismos de búsqueda están insertados en la sociedad, más allá de la ley que las creó".

Lamentó que las fiscalías suelen tener resistencia a las comisiones; las consideran un auxiliar sin reconocer que "somos órganos iguales que tenemos que trabajar de manera coordinada", planteó la funcionaria federal.

La falta de colaboración entre comisiones y fiscalías fue examinado por Grace Fernández, consejera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos.

Margarita Griesbach, titular de la Oficina para la Defensoría de los Derechos de la Infancia lamentó que los hechos delictivos complejos implican una investigación "fuera del cajón de la carpeta particular".

Propuso abordar el problema con "una mirada amplia, una búsqueda de patrones, algo que choca con la lógica estrecha de las fiscalías especializadas" en desapariciones de personas.

Jaime alertó al cerrar el foro que el primer reto en la atención urgente de la crisis de desaparición de personas es político: "simplemente no está en la agenda de Gobierno".

La "Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas", fue promulgada el 17 de noviembre de 2017.